El Gobierno modificó las condiciones del Programa Acompañar, un plan dirigido a las víctimas de violencia de género que busca a través de una prestación económica promover la salida de las mujeres de ambientes hostiles.

Las destinatarias del Acompañar recibían un monto equivalente a un salario mínimo, vital y móvil por un período de seis meses para solventar los gastos esenciales que le permitieran “un proyecto de vida autónomo”: generalmente, irse de esa casa donde están sufriendo violencia. Ahora ese lapso quedó reducido a tres meses. Además, con los cambios, hoy será necesario presentar la denuncia policial o judicial, según el decreto 755/2024, publicado ayer en el Boletín Oficial, un día antes de la presentación del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en la Comisión de Mujeres y Diversidad en Diputados. Ante la consulta de LA NACION, desde la cartera contestaron: “El programa está en estudio”.

Según el informe estadístico del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género de 2023, el 95,7% de las mujeres y personas LGBTIQ+ que buscaron ayuda por motivos de violencia declaró que sus ingresos no eran suficientes para cubrir sus gastos. A su vez, siete de cada 10 tiene a cargo un hijo y cuatro de cada 10 habitan en viviendas que no son propias.

La Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género quedó bajo la órbita del Ministerio de Justicia luego de que renunció Claudia Barcia, que advirtió que el Gobierno disolvería la dependencia. En esa misma línea se expresó hoy Cúneo Libarona que se expresó a favor del cierre del área. Además, enfatizó que “se acabó el género” para el Estado, que “la diversidad de identidades sexuales son inventos subjetivos” y que el objetivo de su gestión es preservar la familia, como “núcleo central y pilar fundamental de la unión, donde se promueven los valores patrióticos”.

La Subsecretaría reemplazó, tras la asunción de Javier Milei, al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creado durante la administración de Alberto Fernández. Con el nuevo organigrama del Estado fue otra de las tantas áreas que quedó bajo la orbita del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello y finalmente pasó al de Justicia.

Cuestionamientos

“Se requerirá acreditar la situación de riesgo por violencia por motivos de género mediante un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la ciudad Autónoma de Buenos Aires”, indicaba la norma con la que se creó el programa Acompañar en 2020. A la que ahora se añadió: “Asimismo, se requerirá acreditar la realización de la denuncia judicial o policial de violencia por motivos de género”.

Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), marcó los riesgos de solicitar una denuncia policial como requisito. “Una vez que la mujer hace la denuncia, el victimario se acerca enseguida. Siempre la excusa es para dar explicaciones y en general la violencia ahí es mayor. El gran problema que tenemos nosotros es que nunca tuvimos un buen seguimiento y acompañamiento de las mujeres. Promovimos mucho la denuncia, pero no promovimos tanto que las mujeres se preparen para la denuncia. Una vez que hacés la denuncia, entrás en la trama judicial y es muy complicado. Muchas veces las mujeres no pueden seguir ese ritmo y presentarse. Se tienen que trasladar con los chicos y tienen muchos inconvenientes para poder seguirla”

“Antes [la acreditación de la situación de riesgo por violencia por motivos de género] podía hacerse en un hospital y la mujer no se veía obligada a hacer la denuncia. Si antes no la acompañaban suficientemente, ahora que se han acabado todos los sistemas, menos. Se pusieron exigencias, pero en realidad no se le brinda nada más que la promesa de esos tres meses, porque no hay ninguna oficina, nada que se haya creado para asistir a la mujer. Les pedimos una serie de requisitos sin ninguna asesoría jurídica”, explicó.

“Exigir la denuncia sin brindar espacios y estrategias de contención es poner a la víctima en riesgo antes que ayudarla”, sintetizó un comunicado difundido por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). “En caso de que quisiera denunciar, ¿con qué recursos cuenta para hacerlo? Hay tan solo 11 abogados/as en todo el país integrando el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género cuya tarea es brindar patrocinio gratuito a víctimas de violencia. ¿Qué sucede entonces con las miles de mujeres que, si deciden denunciar, no pueden luego pagar un/a abogado/a que las acompañe en el proceso? Uno de las características más valoradas del Acompañar era que entendía que antes de la denuncia es necesario poder ponerse a salvo y tener las necesidades básicas cubiertas”, detallaron.

A su vez, recordaron que según datos de la Encuesta de Prevalencia de Violencia Contra las Mujeres, solo dos de cada 10 mujeres que sufren violencia de una pareja o expareja deciden denunciar. “Obligar a denunciar vulnera los derechos de las víctimas. El requisito de la denuncia no es solo un paso formal que se agrega, es obligarla a una disyuntiva: ‘denuncio o no consigo apoyo’”, señalaron.

El nuevo decreto no precisa el acompañamiento que recibirán las víctimas que antes estaba instrumentado a través de unidades de acompañamiento del programa y a través de convenios con las provincias y los municipios. Ante la consulta sobre este punto, el Ministerio de Justicia no respondió.

“No está mal el requisito de la denuncia porque antes no era demasiado claro cómo la mujer accedía al Programa Acompañar”, consideró Fabiana Tuñez, especialista en políticas públicas en violencia de género, extitular del Instituto Nacional de las Mujeres (2015-2019) y una de las fundadoras de la Casa del Encuentro.

Pero alertó: “El problema es que está todo tan desguazado que no sabés quién va a ser el organismo rector. Al fragmentar la política de género no va a haber manera de generar una estadística. Independientemente del juicio de valor del ministerio sí o no; no está claro cuál va a ser el organismo rector. Alguien se tiene que hacer cargo de implementar el programa, de llevar un registro. De hecho el programa Acompañar no se ha pagado en todo este año. Las políticas públicas se pueden mejorar siempre, pero ahora es la nada misma. Hoy las mujeres van a pedir ayuda y no pueden pedir ayuda”.

El programa quedará bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Justicia, según contestaron a LA NACIÓN aunque apuntaron que se encuentra “en estudio”: “Se detectaron numerosas irregularidades en el plan Acompañar, porque desde el ex-Ministerio de la Mujer se entregaban los subsidios de manera discrecional y se utilizaban para hacer política. Por lo tanto, desde el Ministerio de Justicia estamos realizando una auditoría para revisar lo que se entregaba y ordenarlo”.

En tanto, Bianco recordó que las ONG venían advirtiendo desde el año pasado que los seis meses de acompañamiento económico eran insuficientes y pedían que se extendiera la ayuda. ”Tienen que ubicar una casa donde vivir y cómo mantenerse la mayoría de las mujeres. Se debería acompañar con apoyos desde los municipios, las provincias con posibilidades de tener un incentivo”. Ahora, según la nueva normativa publicada que entró en vigor ayer, solo se abonará durante tres meses.

“Se sigue con el recorte sin entender cuál es la lógica de una mujer en situación de violencia”, resumió Tuñez.