El zafarrancho en que ha terminado la larga relación entre el expresidente Alberto Fernández y su partenaire, Fabiola Yañez, ha pasado a costarle ahora al Estado argentino 36.000 dólares mensuales. Es la suma correspondiente al mantenimiento en Madrid de los dos custodios de la Policía Federal Argentina encargados de la seguridad de la ex primera dama.
¿Ex primera dama? Los datos que han ido aflorando en las últimas semanas sobre la relación tumultuosa de dos personas hoy distanciadas física y emocionalmente abre un serio interrogante sobre el cometido que cumplía en el escenario oficial Fabiola Yañez. Con 36.000 dólares mensuales, o cerca de 30 millones de pesos al cambio oficial, podrían atenderse servicios hospitalarios y de alimentación de numerosa gente carenciada.
A poco de asumir, Javier Milei firmó un decreto modificatorio de varios anteriores que dispone que la Casa Militar evaluará la razonabilidad, extensión y gastos de los requerimientos que se efectúen, pudiendo sugerir la celebración de convenios con otros países para el mejor cumplimiento de la custodia, especialmente cuando se trate de viajes prolongados o residencia en el exterior de los exmandatarios y de sus familiares directos.
Fabiola Yañez contaba desde su instalación en España, aún antes de que Fernández fuera allí por unos meses, con un agente de custodia de la Policía Federal. Como no era de su confianza, sino que provenía del servicio que se turnaba para seguir los movimientos del entonces presidente, el juez Julián Ercolini solicitó el recambio y reforzamiento de la protección de Yañez luego de que esta denunciara a Fernández por violencia de género. Esto ha duplicado los gastos. Bien examinados, significan menos de lo que cuesta al país el ridículo, por decir lo menos, en que lo han puesto Fernández y Yañez, pero siguen siendo tan onerosos como injustificados. De hecho, muchos cuestionan el presupuesto asignado para la custodia en el exterior de quien bien podría vivir en el país, protegida por mucho menos..
Con intuición digna de mención, porque nada había trascendido sino ahora sobre las trifulcas que se repartían entre los dos principales habitantes de la residencia de Olivos desde diciembre de 2019, algunos diputados de la oposición habían presentado en 2021 un proyecto de especificación de las actividades propias del cónyuge o conviviente del jefe del Estado. Entre los firmantes de la iniciativa figuraron Leonor Martínez Villada, Paula Oliveto, Mariana Zuvic y Jorge Enríquez.
Estos habían especificado que la o el acompañante del presidente tenía prohibido encabezar cualquier tipo de acto oficial, inaugurar obras, administrar recursos públicos, tener personal a su cargo y realizar anuncios. Y que no era en ningún caso un funcionario público. Acaso hayan tomado en cuenta que, de buenas a primeras, Fabiola había sido anunciada como presidenta honoraria de la Fundación Banco Nación y titular, junto con el entonces presidente, de Viveysueña, una marca similar a la de una ONG, con domicilio declarado en Villate 1000, o sea la residencia de Olivos, y registrada en el Instituto de la Propiedad Industrial. Si bien tenía por objeto declarado la “organización de eventos culturales y artísticos”, se dedicaba también a distribuir alimentos y útiles escolares pagados con dineros públicos, siempre identificados con un logo señalado con un corazón multicolor. Nada se sabe en qué terminó todo eso.
Salvo el caso de Carlos Menem, que hizo echar de Olivos a su mujer, Zulema Yoma, por el jefe de la Casa Militar, la historia argentina de lo que por razones protocolares se conoce como “primeras damas” ha tomado en general, por fortuna, un derrotero diferente de los escándalos, ya en estado judicial, que dominan sus últimas secuencias.
Desde Juana del Pino, la esposa de Bernardino Rivadavia, el álbum argentino de primeras damas contiene figuras destacadas por su discreción o elegancia natural. Por mencionar algunas de las más recientes no puede olvidarse a Sara Herrera de Aramburu, a Elena Faggionato de Frondizi, a Ileana Bell de Lanusse, a María Lorenza Barreneche de Alfonsín, o a Inés Pertiné de De la Rúa. Ha habido en ese plano figuras de especial gravitación social o política, como Encarnación Ezcurra de Rosas, la mujer del gobernador bonaerense que llevaba también los asuntos exteriores del país; Regina Paccini de Alvear, María Eva Duarte de Perón e, incluso, Hilda González de Duhalde. Se hace difícil en este sentido, y para ser precisos, en qué papel colocar a Cristina Fernández de Kirchner, pues en la irreprimible propensión a dar la nota de su descomunal ego, renunció especialmente a ser primera dama y optó por la curiosa denominación de “primera ciudadana”.
Domingo F. Sarmiento gobernó cuando estaba separado de su mujer. Hipólito Yrigoyen murió soltero, aunque dejó varios hijos. El presidente Julio Argentino Roca enviudó, como Juan Domingo Perón, cuando transitaba el segundo mandato. María Luisa Iribarne de Ortiz murió en 1940, dos años antes que su esposo, Roberto. Cuando pudieron, esos gobernantes se hicieron acompañar en ceremonias públicas por hijas. Fue lo que ocurrió con Zulemita, hija de Carlos Menem. Al lado de Joaquín Balaguer, el cinco veces presidente dominicano, soltero y ciego, solía ir la hermana. Sucede lo mismo entre Javier y Karina Milei.
A la inversa, cuando quien gobierna es una mujer, las normas de protocolo y ceremonial suelen prever la figura adjunta de primer caballero, pudiendo también quedar vacante como ocurrió con Michelle Bachelet. Sucedió en el Reino Unido, en tiempos en que Margaret Thatcher fue primera ministra. Podría suceder en los Estados Unidos, si Kamala Harris vence en las elecciones de noviembre a Donald Trump.
Con todo, la cuestión de fondo será siempre la del grado de decoro, de dignidad respecto de si una representación se ciñe o no a la circunspección que impone, en todo tiempo y país, la función de acompañar a quien inviste la más alta magistratura de una nación organizada jurídicamente. Como es fácil de conjeturar, el acompañante nunca podrá hacer mucho si el jefe de Estado no pasa de ser una maldición para el orgullo y los intereses permanentes de un país.