La discusión en torno a los cambios proyectados en el Centro Cívico derivó en un recurso judicial para dejarlo tal como está. El Instituto Rocaniano llevó a la Justicia Federal su reclamo y aseguró que la decisión del intendente Gennuso viola leyes nacionales y la Constitución.
Fueron los integrantes del Instituto Nacional Rocaniano, con la firma de José Martiniano Duarte, Emilia Giordana, el orfebre Juan Carlos Pallarols y el abogado roquense Nicolás Suárez Colman, quienes acudieron al Juzgado Federal de la ciudad de General Roca para evitar la maniobra del municipio local. De hecho, en caso de que se acepte el amparo, entrará en vigencia una medida de no innovar sobre el monumento histórico hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Suárez Colman dijo que para elaborar la presentación solicitaron el proyecto al Municipio, pero que no les fue enviado con la excusa de un permiso del organismo nacional que intervino. Es así que llegaron al escrito que elaboraron Gennuso y la subsecretaria de Cultura, Marisa de Aguiar, a través de una fuente periodística y así pudieron avanzar con la acción judicial para evitar que se vulneren “derechos fundamentales”.
En el escrito, los denunciantes apelan al artículo 41 de la Constitución Nacional y la preservación del patrimonio cultural, entendido como un derecho humano de “tercera generación”. Es por eso que mencionó que la ley que creó a la comisión que intervino en el caso del Centro Cívico solo prevé el cuidado de los monumentos y no su modificación respecto a su estado original.
“Los monumentos históricos son inmodificables”, afirmó respecto al rol de los organismos estatales al momento de autorizar una obra de mantenimiento o conservación sin que provoquen un daño irreversible.
Suárez Colman entendió que tanto la comisión como la comuna hicieron un mal uso de las facultades que confiere la ley de protección de sitios históricos. También se refirió a normativa (ley 16.556) que transfirió el conjunto arquitectónico del Estado Nacional al municipio local y que en uno de sus artículos refiere a la preservación “a perpetuidad” de todo lo que se encuentra dentro del predio sin que altere “su concepción, materialización y aspecto original”
“Siempre se parte de la discusión mentirosa”, opinó respecto al proyecto de Gennuso y apuntó a la presunta ilegalidad en la que estaría incurriendo el jefe comunal. También advirtió que la violación de aquella ley podría revertir la cesión del Centro Cívico y devolverlo a el Estado Nacional.
El abogado, miembro del Instituto Rocaniano, aseguró que la finalidad de las leyes en torno a los monumentos es proteger a los mismos y “no que alguien decida si lo puede modificar o no”. Es por eso que los argumentos del intendente, vinculados a una cuestión social, no convencieron a Suárez Colman, quien opinó que los cambios propuestos “no pacifican nada, corre un monumento y pone una de las Madres de Plaza de Mayo”.
En el marco del debate, explicó que si hubiera existido una estatua de Eva Perón no podrían solicitar que la corra del lugar por el solo hecho de no estar de acuerdo con esa personalidad histórica. Es por eso que insistió en la “naturaleza protectora” que tiene la ley de monumentos que, afirmó, lejos está de una “administración discrecional”.
El escrito judicial al que accedió este medio menciona entre los fundamentos que la idea de Gennuso forma parte de un “revisionismo histórico” que busca reinterpretar o reescribir eventos del pasado para adecuarlos a la perspectiva actual, y que los monumentos históricos son los que forjaron la identidad y la “memoria colectiva” de la comunidad. “Derribarlos puede causar una pérdida de sentido de pertenencia e identidad cultural”, advirtieron los denunciantes.
En el amparo se sostiene que la municipalidad y el gobierno nacional “han vulnerado derechos y obligaciones nacidas de la ley 12.665 y 25.168, violando con ello derechos constitucionales” y menciona la relevancia “arquitectónica, simbólica e histórica” que adquirió el Centro Cívico en 1987, luego de la Secretaría de Cultura de la Nación declarara al conjunto arquitectónico monumento histórico nacional junto al edificio de la Intendencia de Parques Nacionales.
La polémica
Entre las múltiples opiniones que surgieron durante los últimos días, Suárez Colman defendió la figura de Julio A. Roca y su plan de “consolidación del territorio nacional”. Entre los aspectos que destacó, mencionó que durante el gobierno del expresidente se promulgó la ley 1.420 “que garantizó la educación obligatoria, gratuita y laica, transformándonos en el país con mayor alfabetización de América Latina”, y mencionó la infraestructura de ferrocarriles para llegar a cada rincón del país.
“Cuestionar a un presidente como Julio A. Roca es básicamente atentar contra la identidad de una nación y degradar la obra que significó el despegue definitivo de esta”, analizó y dijo que la gravedad del anuncio municipal es que demuestra que “la ley en la Argentina se ha transformado, en manos del populismo, en letra muerta”.
“Sólo esperamos, esta vez, que la justicia haga su trabajo e impida que maten la ley a pisotones. No sólo por la memoria de Julio Argentino Roca, sino porque es una lección para el presente y el futuro de la Nación. Nadie, nunca, debe estar por encima de la ley”, concluyó en una reflexión publicada días atrás.
