El anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, sobre los avances en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la batería de medidas para desincentivar la compra de dólares tuvieron peores repercusiones en el mercado que en el sistema político.
En una jornada marcada por la suba de la cotización paralela de la divisa norteamericana hasta los 552 pesos, diputados y senadores oficialistas y opositores coincidieron en una tesitura que alivia por estas horas al candidato presidencial del oficialismo.
En las dos grandes coaliciones electorales, respondieron por la negativa ante la consulta de un medio sobre la posibilidad de que una reformulación del acuerdo con el organismo multilateral de crédito deba discutirse necesariamente en el Congreso antes de aprobarse.
En uno de los despachos más influyentes de la Cámara Alta, alegaron que no hacía falta el trámite parlamentario porque “técnicamente son actualizaciones”.
Lo mismo dejaron trascender en el entorno de la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau. “Lo único que hay ahora es una revisión de metas, por lo que no es necesario que pase por ninguna de las dos cámaras”, precisaron.
Entre los legisladores que militan la candidatura presidencial de Juan Grabois, por otra parte, eligieron el silencio. Ante la pregunta por el acuerdo en sí, respondieron: “vamos a esperar que se sepa más porque hay que leer la letra chica y todavía no está ni la letra grande”.
La situación se presenta tan abismal que ofrece una derivación paradójica: quizá la oposición tampoco reclame que la rediscusión del entendimiento con el Fondo pase por el Congreso.
Por caso, el diputado macrista Luciano Laspina, uno de los asesores en materia económica de la candidata presidencial Patricia Bullrich, dijo que no hay que recurrir al recinto porque los anuncios redundan en la instrumentación “de las delegaciones que tienen para aplicar el impuesto PAIS a las transacciones en dólares en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC)”, y enfatizó que las medidas constituyen una “devaluación encubierta”, “un parche para estirar la agonía de un modelo terminado” y “con impacto inflacionario a corto plazo”.
Asimismo, un legislador que orbita bajo el ala de Horacio Rodríguez Larreta prefirió la prudencia. “No sé las condiciones de lo que firmaron y no sé si lo firmaron”, contestó.
Fuentes que siguieron de cerca la negociación a lo largo del gobierno del Frente de Todos observan, sin embargo, que la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública que se aprobó el año pasado establecía en su artículo 2º que “todo programa con el FMI, así como cualquier ampliación en los montos de ese programa, requiere una ley del Congreso”.
En ese sentido, abundaron: “no es que cualquier cambio en el programa implica volver a pasar por el Congreso, sino que cualquier cambio que implique ampliar el monto de financiamiento o postergar sus vencimientos” obligaría a ese trance. “Dicho de otro modo, cualquier cambio que implique que Argentina tenga más endeudamiento en términos de monto o de plazo”, concluyeron.