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Luisana Lopilato, en medio de una situación inesperada: el problema que volvió a su vida después de años

Luisana Lopilato, en medio de una situación inesperada: el problema que volvió a su vida después de años

Luisana Lopilato recibió una noticia inesperada que volvió a poner su nombre en el centro de la escena, aunque esta vez lejos de sus proyectos artísticos. La actriz sufrió un duro revés judicial en Uruguay, donde llevaba adelante un reclamo millonario contra una empresa de seguridad por el uso de su imagen durante su infancia. Después de 13 años de litigio, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno resolvió rechazar los principales planteos de la demanda y estableció una compensación muy inferior a la que pretendía cobrar.

La historia se remonta a 1996, cuando Luisana era apenas una nena y protagonizó una publicidad para Punta Systems, una compañía de seguridad de Maldonado. En el comercial aparecía conversando con su osito de peluche y contando que se iba al cine mientras su casa quedaba protegida por el sistema de alarmas. El aviso tuvo una importante repercusión y la imagen de la pequeña actriz comenzó a utilizarse también en camionetas y carteles de la empresa.

El conflicto comenzó cuando la familia de la actriz cuestionó que su imagen continuara siendo utilizada durante años sin una autorización que contemplara esa explotación comercial. En 2006, su papá, Eduardo Lopilato, acudió a la Justicia uruguaya para reclamar una indemnización por el uso de la fotografía y la publicidad. Aunque la compañía retiró el material después de la presentación, la disputa legal continuó y terminó convirtiéndose en un expediente que atravesó distintas instancias.

La situación tomó otra dimensión cuando, en 2009, la multinacional española Prosegur adquirió Punta Systems. A partir de esa operación, el reclamo también alcanzó a la compañía internacional y la cifra pretendida superó los dos millones de dólares. Sin embargo, después de más de una década de discusiones judiciales, el fallo terminó muy lejos de las expectativas económicas de la parte demandante. La resolución reconoció solamente una compensación de 4.000 dólares, más intereses legales.

QUÉ PASÓ CON LA DEMANDA MILLONARIA DE LUISANA LOPILATO

En su resolución, los magistrados rechazaron los principales reclamos contra Prosegur al considerar que correspondía aplicar la prescripción extintiva. Entre los argumentos tuvieron en cuenta que la multinacional había comprado Punta Systems en 2009, cuando la publicidad cuestionada ya había dejado de emitirse. Por ese motivo, determinaron que no debía responder por la indemnización vinculada con el uso de la imagen de la actriz.

En cuanto a Nautiland S.A., la razón social de Punta Systems, el tribunal también desestimó la mayor parte de las pretensiones económicas. Sin embargo, estableció que la empresa deberá pagarle a Luisana 4.000 dólares en concepto de lucro cesante, es decir, por el caché artístico correspondiente a su participación en aquella publicidad. A esa cifra deberán sumarse los intereses legales desde la presentación de la demanda hasta que se concrete el pago.

El reclamo original había comenzado con una cifra mucho menor, pero fue creciendo a medida que avanzó el expediente y se incorporó a Prosegur en la disputa. La familia sostenía que la imagen de la actriz había sido utilizada durante años más allá de lo autorizado y buscaba obtener una reparación económica acorde con esa explotación. Del otro lado, las empresas cuestionaron los montos reclamados y defendieron que debía tomarse como referencia el valor habitual de una publicidad protagonizada por una niña en aquella época.

De esta manera, después de 13 años de batalla judicial, Luisana Lopilato recibió un fallo muy diferente al que esperaba. Aunque la Justicia reconoció que correspondía una compensación por el uso prolongado de su imagen, descartó los principales reclamos millonarios y dejó establecida una suma de apenas 4.000 dólares más intereses. Un desenlace inesperado para una historia que comenzó con una publicidad de su infancia y terminó convirtiéndose en un largo conflicto judicial en Uruguay.

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