Oklahoma y Texas ejecutaron a dos condenados a muerte el 12 de noviembre de 2026, en procedimientos independientes que pusieron fin a procesos judiciales relacionados con asesinatos cometidos en 2001 y 2003. Las sentencias se cumplieron en dos centros penitenciarios estatales, después de que las defensas agotaran sus últimos recursos para intentar detenerlas.
Las autoridades confirmaron que ambos hombres murieron mediante inyección letal.
La ejecución de Pavatt en Oklahoma
James Dwight Pavatt fue ejecutado en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma, ubicada en McAlester. Según informó el Departamento de Correcciones estatal a través de Oklahoma Voice, medio digital de periodismo sin fines de lucro de Oklahoma, el condenado fue declarado muerto a las 10:12 del 12 de noviembre, después de recibir una inyección letal. El procedimiento no presentó complicaciones.
Pavatt había sido condenado por participar en el asesinato de Rob Andrew, un ejecutivo publicitario de Oklahoma City de 39 años y padre de dos hijos. El homicidio ocurrió en 2001, cuando la víctima fue baleada en el garaje de su vivienda mientras se encontraba en medio de un proceso de divorcio con Brenda Andrew.
De acuerdo con la Fiscalía General de Oklahoma, Pavatt había iniciado una relación extramatrimonial con Brenda Andrew ese mismo año. Los fiscales argumentaron que ambos conspiraron para asesinar a Rob para cobrar una póliza de seguro de vida por USD 800.000 contratada a nombre de la víctima. El jurado aceptó la teoría de la acusación y Pavatt recibió una condena a muerte.
La investigación también estableció que las líneas de freno del automóvil de Andrew habían sido cortadas semanas antes del homicidio. Según Associated Press, la víctima había denunciado el incidente ante las autoridades y manifestó que temía que alguien intentara matarlo.
Después del asesinato, Pavatt y Brenda Andrew huyeron a México con los dos hijos de ella. Según Associated Press, ambos fueron detenidos aproximadamente tres meses después, cuando intentaban regresar a Estados Unidos.
El fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, se pronunció tras la ejecución y afirmó que se había hecho justicia por Rob Andrew. En el comunicado publicado por su oficina el 12 de noviembre, también expresó su deseo de que la familia de la víctima pudiera encontrar tranquilidad después de 25 años de duelo.
Brenda Andrew, condenada a muerte por el mismo homicidio
Brenda Andrew fue procesada por separado por el asesinato de su esposo y también recibió una sentencia capital. Su relación con Pavatt y la póliza de seguro de vida constituyeron elementos centrales de la acusación presentada durante el juicio.
Según informó Oklahoma Voice, Brenda y Pavatt fueron condenados a muerte por el mismo homicidio, aunque sus procesos judiciales se desarrollaron de manera independiente. La mujer continúa impugnando su condena y permanece en el corredor de la muerte de Oklahoma.
Antes de su ejecución, Pavatt compareció ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional estatal para solicitar clemencia. De acuerdo con la cobertura de Oklahoma Voice sobre la audiencia realizada en octubre, el condenado mantuvo su postura de inocencia y sostuvo que se había enamorado de Brenda, pero que no había participado en el asesinato.
La junta rechazó recomendar una conmutación de la pena. Su decisión permitió que continuara vigente la fecha de ejecución establecida por las autoridades penitenciarias.
La ejecución de Rubio en Texas
En Texas, John Allen Rubio, de 46 años, fue ejecutado en la prisión estatal de Huntsville. El Departamento de Justicia Criminal confirmó que recibió una inyección letal y fue declarado muerto a las 18:47, hora local, del 12 de noviembre.
Rubio había sido condenado por el asesinato de tres menores ocurrido en marzo de 2003 en Brownsville, en el condado de Cameron. Las víctimas fueron Mary Jane Rubio, de dos meses; John Esteban Rubio, de un año; y Julissa Angela Quezada, de tres años.
Según la ficha penitenciaria publicada por el Departamento de Justicia Criminal de Texas, Rubio y su pareja, Angela Camacho, atacaron a los tres niños con armas blancas y posteriormente decapitaron a las víctimas. Mary Jane y John Esteban eran hijos biológicos de Rubio, mientras que Julissa era hija de Camacho.
El caso conmocionó a Brownsville por la edad de los menores y las circunstancias de los homicidios. De acuerdo con los registros judiciales citados por The Texas Tribune, medio digital de periodismo sin fines de lucro de Texas, Rubio manifestó ante las autoridades que creía que los niños estaban poseídos.
Camacho también fue procesada por su participación en los asesinatos y recibió tres condenas a cadena perpetua, según informó The Texas Tribune. La mujer permanece en prisión.
La ejecución fue la octava realizada por Texas durante 2026, según el calendario y los registros del Departamento de Justicia Criminal estatal.
Anulación de la primera condena y nuevo juicio en 2010
El proceso judicial contra Rubio tuvo una modificación importante después de su primera condena. En 2003, un jurado lo declaró culpable de asesinato capital y recibió una sentencia de muerte. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Texas anuló el fallo en 2007.
Según The Texas Tribune, la decisión estuvo relacionada con declaraciones extrajudiciales de Angela Camacho que los fiscales habían utilizado durante el juicio. El tribunal determinó que esas manifestaciones no debían haberse presentado de esa manera, debido a las garantías constitucionales vinculadas con el derecho a no declarar contra uno mismo.
Después de la anulación, Rubio volvió a enfrentar un juicio. En 2010, otro jurado lo declaró culpable de asesinato capital y determinó que debía recibir nuevamente la pena de muerte. Durante ese segundo proceso, el acusado se declaró no culpable por razones de demencia, mientras su defensa presentó argumentos relacionados con su estado mental.
El 5 de noviembre de 2026, un tribunal rechazó el último recurso de Rubio sobre su condena. Según informó The Texas Tribune, sus abogados cuestionaron el testimonio de un especialista en psiquiatría presentado por la fiscalía y sostuvieron que había proporcionado información incorrecta sobre los antecedentes de salud mental del condenado.
Con esa negativa, la sentencia de 2010 quedó firme y la apelación penal se agotó.
La demanda sobre el pentobarbital y el rechazo de clemencia
Además de los recursos relacionados con su condena, Rubio participó en una demanda contra las autoridades penitenciarias de Texas por el uso de pentobarbital, el fármaco empleado en las inyecciones letales del estado.
Según informó The Texas Tribune, el planteamiento fue presentado junto con otros condenados a muerte y cuestionó el uso de medicamentos cuya fecha de utilización había vencido o que, según los demandantes, habían sido elaborados bajo condiciones que no ofrecían garantías suficientes.
El 11 de noviembre, la Corte Suprema de Texas rechazó una petición de mandamiento judicial y una solicitud de suspensión relacionadas con esa controversia. La resolución, identificada como In re John Rubio and Reinaldo Dennes, señaló que los demandantes buscaban impedir que el Departamento de Justicia Criminal utilizara el medicamento en sus ejecuciones.
De acuerdo con el documento judicial publicado por la Corte Suprema de Texas, la demanda también cuestionaba las condiciones de preparación del fármaco en instalaciones externas. La resolución no revisó la culpabilidad de Rubio por los asesinatos ni anuló su condena, sino que respondió a una controversia sobre el procedimiento de ejecución.
Por otra parte, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas rechazó recomendar clemencia para Rubio el 10 de noviembre, según los registros oficiales del organismo. Con esa decisión y la negativa de los tribunales a detener el procedimiento, la sentencia permaneció vigente.
Dos ejecuciones independientes en la misma jornada
Las ejecuciones de Pavatt y Rubio se realizaron con pocas horas de diferencia, pero respondieron a procesos penales independientes. Oklahoma cumplió la sentencia contra el condenado por el asesinato de Rob Andrew, mientras que Texas ejecutó a Rubio por la muerte de tres menores en Brownsville.
En ambos expedientes, los acusados agotaron distintas vías judiciales para intentar detener las sentencias. Según los comunicados de las autoridades estatales y los registros de los tribunales, las solicitudes de clemencia y los recursos presentados no consiguieron modificar las condenas.
La coincidencia del 12 de noviembre no respondió a una decisión conjunta entre Oklahoma y Texas. Cada estado llevó adelante el procedimiento conforme a sus propias disposiciones judiciales y penitenciarias.
