La ciudad de Miami analiza elevar las multas por talar o podar árboles sin autorización, una modificación que podría endurecer las consecuencias económicas para propietarios y contratistas que incumplan las normas de protección del arbolado urbano. La revisión está en manos de un comité asesor, que deberá elevar recomendaciones a la Comisión Municipal.
La normativa vigente contempla una multa de USD 500 por árbol en propiedades con exención fiscal por vivienda principal y de USD 1.000 por ejemplar en el resto de los inmuebles, informó CBS News. Sin embargo, el grupo creado para revisar la ordenanza todavía no definió cuáles serían los nuevos montos ni si habrá cambios concretos en el sistema de sanciones.
El debate incluye un punto central: determinar si una poda realizada sin permiso debe recibir la misma penalidad que la eliminación completa de un árbol. Algunos integrantes del comité consideran que ambas conductas requieren un tratamiento diferenciado, debido al impacto distinto que pueden tener sobre la vegetación y el entorno urbano.
Deena Bell Llewelyn, integrante del órgano asesor, planteó durante una reunión del 2 de noviembre que la poda no autorizada no debería castigarse con el mismo rigor que la tala, recogió el medio. La discusión también abarca el tipo de infracción y la responsabilidad de quienes participan en el trabajo.
El comité estudia diferencias entre infractores y tipos de propiedad
Los miembros del comité municipal evalúan si la ordenanza debe distinguir entre una primera falta y los casos de reincidencia. También analizan si la multa debe recaer sobre el dueño de la propiedad, el contratista contratado para ejecutar la tarea o ambos.
De acuerdo con la información publicada por CBS News, algunos participantes pidieron que las reglas contemplen las diferencias entre inmuebles comerciales y residencias principales. Esa definición podría incidir en la forma en que se aplican los permisos y en los montos que deben pagar quienes incumplan la regulación.
La propuesta para revisar las sanciones surgió en 2024 a partir de una iniciativa del comisionado Miguel Ángel Gabela. Posteriormente, el comisionado Damián Pardo convocó una reunión pública en enero de 2025 para discutir el alcance de las normas que regulan la poda y la tala dentro de la ciudad.
Gabela defendió entonces la necesidad de simplificar el proceso de solicitud de permisos para la poda. El comisionado sostuvo que algunos vecinos de su distrito no contaban con recursos suficientes o desconocían los requisitos administrativos para completar el trámite, tal como informó el medio.
Frente a ese planteamiento, organizaciones ambientalistas como Sierra Club, Urban Paradise Guild y Tropical Audubon Society advirtieron que una flexibilización excesiva podría facilitar la eliminación de árboles. En cambio, Melissa Tapanes Llahues, representante de la Asociación de Constructores del Sur de Florida, respaldó la revisión al señalar que las diferencias entre las reglas de la ciudad y las del condado provocaban demoras y gastos adicionales.
La reposición de árboles sigue siendo una obligación vigente
Más allá de la multa, la regulación actual exige que quien retire un árbol sin autorización plante ejemplares de reemplazo. Cuando esa plantación no resulte viable dentro del terreno afectado, el propietario puede realizar un aporte al fondo municipal destinado al arbolado, precisó CBS News.
La infracción también puede tener consecuencias sobre futuros proyectos de obra. La ciudad puede impedir la emisión de un permiso de construcción relacionado con esos trabajos hasta que se cancelen las multas y se cumplan las obligaciones de reposición establecidas por el código municipal.
El comité asesor fue creado el 14 de mayo a propuesta del comisionado Rolando Escalona, con el respaldo de Pardo y Gabela. Entre los asuntos que estudia figura la posibilidad de flexibilizar determinadas reglas de construcción para proteger árboles maduros y revisar cómo se calcula la compensación por su retiro.
En ese análisis, los integrantes consideran variables como la altura del árbol y el tamaño de su copa, elementos que podrían influir en las exigencias de reemplazo o en los aportes económicos requeridos. La Comisión Municipal deberá decidir si adopta modificaciones una vez que reciba las recomendaciones del comité y los comentarios enviados por residentes a través del portal de participación pública.
