La administración de Donald Trump retiró esta semana las dos apelaciones con las que buscaba revertir sendos fallos judiciales que invalidaron su plan para reformar el Programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público (PSLF, por sus siglas en inglés). El mecanismo federal cancela la deuda estudiantil de trabajadores del sector público y organizaciones sin fines de lucro en Estados Unidos.
La decisión, comunicada el miércoles 21 de octubre de 2026, pone fin a un litigio que afectaba a más de un millón de beneficiarios del programa, según informó Associated Press.
El Departamento de Justicia formalizó la retirada mediante acuerdos conjuntos de una sola oración en los que cada parte asumió sus propios gastos procesales. Las autoridades federales no ofrecieron una explicación pública sobre los motivos del desistimiento. Con esta decisión, las sentencias que anularon la norma propuesta por el Departamento de Educación quedan firmes y el PSLF se mantiene bajo las reglas aprobadas por el Congreso.
Qué decidió la administración Trump sobre la condonación de préstamos estudiantiles
El gobierno abandonó los recursos que había presentado el 27 de agosto de 2026 ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, en el caso tramitado en Massachusetts, y ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, en el litigio radicado en Washington. Ambas apelaciones impugnaban fallos federales del 30 de junio de 2026 que habían declarado ilegal la reforma del PSLF.
Dan Zibel, abogado del grupo Student Defense, celebró la resolución. “Esta es una victoria significativa para millones de estadounidenses que han dedicado sus carreras al servicio público”, afirmó en un comunicado citado por Associated Press.
Qué es el programa PSLF y quiénes pueden acceder
El PSLF fue creado en 2007, durante la presidencia de George W. Bush, para atraer y retener trabajadores cualificados en el sector público. El programa cancela el saldo pendiente de los préstamos federales estudiantiles de quienes completan 120 pagos mensuales, equivalentes a 10 años de participación, mientras trabajan en empleos elegibles.
Entre los beneficiarios potenciales se encuentran empleados de organismos gubernamentales federales, estatales y locales, escuelas públicas, departamentos de bomberos y policía, hospitales públicos y organizaciones sin fines de lucro. Según datos de Education Data Initiative citados por CBS News, cerca de 720.000 préstamos federales fueron cancelados a través del programa entre 2018 y mediados de 2025.
Qué cambios proponía la reforma bloqueada por la Justicia
La administración Trump propuso en agosto de 2025 una nueva norma que otorgaba a la secretaria de Educación, Linda McMahon, la facultad de excluir del programa a empleadores que, a su criterio, tuvieran un “propósito ilegal sustancial”. La regla fue finalizada en octubre de ese año.
La definición de “propósito ilegal sustancial” abarcaba actividades como la violación de leyes migratorias, el apoyo al terrorismo, el tráfico de personas y lo que la norma describía como “castración o mutilación quirúrgica y química de niños”, en referencia a la atención médica de afirmación de género para menores.
También incluía la participación en iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, y en protestas que, según el texto, buscaran “obstruir o influir en la política del gobierno federal”.
En la práctica, la reforma podía afectar a trabajadores de escuelas, hospitales públicos, grupos de asistencia legal para inmigrantes y organizaciones que prestan servicios a jóvenes transgénero, entre otros sectores.
Qué resolvieron los jueces federales sobre el programa PSLF
El 30 de junio de 2026, un día antes de que la norma entrara en vigor, el juez federal Myong Joun, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Massachusetts, anuló la reforma. En su fallo, determinó que las modificaciones excedían la autoridad del Departamento de Educación, resultaban “arbitrarias y caprichosas” y amenazaban con vulnerar las protecciones de libertad de expresión consagradas en la Primera Enmienda de la Constitución.
La sentencia respondió a demandas presentadas por más de 20 estados, organizaciones sin fines de lucro y ciudades como Albuquerque, Boston y Chicago, según informó Associated Press. Entre los demandantes figuraban Public Citizen Litigation Group y Student Defense, en representación del Centro de Derechos Humanos Robert y Ethel Kennedy y el Consejo Estadounidense de Inmigración, de acuerdo con CBS News.
Ese mismo día, el juez Amir Ali, del Tribunal de Distrito en Washington, emitió una decisión similar en un caso separado impulsado por organizaciones sin fines de lucro.
Ambos tribunales optaron por anular la norma en lugar de suspenderla de forma temporal, lo que mantuvo en vigor las reglas de elegibilidad previas.
Qué consecuencias tiene la decisión para empleados públicos y organizaciones sin fines de lucro
La retirada de las apelaciones elimina la posibilidad de que un tribunal superior revierta los fallos y deja el PSLF tal como fue concebido por el Congreso. Diane Yentel, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro, afirmó que la resolución brinda certeza a los trabajadores del sector.
“Este resultado les da a los empleados de organizaciones sin fines de lucro la seguridad de que el alivio de deuda que ganaron con años de servicio público estará disponible para ellos”, declaró en un comunicado recogido por CBS News.
Para los trabajadores que cumplen los requisitos, el programa sigue operativo bajo sus condiciones originales: quienes se desempeñen en un empleo elegible y completen 120 pagos mensuales cualificados pueden solicitar la cancelación del saldo restante de sus préstamos federales estudiantiles, sin las restricciones que la administración Trump intentó imponer.
