Entre 2010 y 2022, la proporción de hogares en la Argentina expuestos a un riesgo elevado de sufrir hambre e inseguridad alimentaria severa pasó del 7,9% al 9,5%, lo que representa un aumento de 1,55 puntos porcentuales. Así surge de una investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA (ODSA).

Al considerar el crecimiento poblacional, la cantidad de hogares en esta situación crítica saltó de 961.562 a más de 1.513.000, sumando 550.000 en solo doce años. Agustín Salvia, director del OSDA y coordinador del estudio, advirtió a LA NACION que cerca de uno de cada diez hogares argentinos experimenta privaciones severas para acceder a los alimentos básicos, según el indicador de indigencia reportado por el Indec, una cifra que coincide de forma directa con los niveles de indigencia informados en el estudio.

El informe articula los datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) con los censos nacionales de 2010 y 2022 para georreferenciar el riesgo alimentario en provincias, departamentos y municipios. Sin embargo, Salvia enfatiza que el valor principal de la investigación reside en comprender las causas profundas del fenómeno.

En ese sentido, explica el sociólogo, el factor detrás del incremento de la inseguridad alimentaria responde a un deterioro estructural. “Las provincias con mayores índices muestran una pobreza estructural y crónica. Esta situación se debe, fundamentalmente, a que la vida económica de las familias se desarrolla en contextos de alta informalidad, precariedad laboral y actividades de muy baja productividad”, afirmó.

Esta situación ocurre a pesar de una expansión histórica de ayuda social. Durante las últimas dos décadas, los programas de asistencia directa y transferencias de ingresos crecieron hasta cubrir al 38,1% de los hogares en 2025 en relación al 24,4% en 2010 y hasta el 48% de financiamiento de la canasta básica alimentaria de una familia tipo, un aumento del 18% desde 2010. Si bien esta contención estatal amortiguó la indigencia en regiones como el noreste y el noroeste (donde provincias como Formosa, Santiago del Estero y Misiones mostraron leves descensos en sus tasas de riesgo de inseguridad alimentaria), Salvia aclara que la ayuda evita que la situación empeore, pero no resuelve el problema de fondo.

Deterioro laboral

La investigación muestra que, si bien el norte argentino continúa concentrando los promedios regionales más elevados en 2022 (liderados por el NEA con 15,8% y el NOA con 14,2%), el mayor deterioro desde 2010 ocurrió en provincias con mayor desarrollo económico y perfil productivo.

Mendoza casi duplicó la población en riesgo severo al pasar de 34.880 a 61.464 hogares (un incremento del 76%), Santa Fe registró una suba del 63% (de 72.603 a 118.345) y el conurbano bonaerense alcanzó a 338.445 hogares afectados: “Para explicar esta evolución, hay que considerar el proceso de deterioro de las actividades comerciales y de la construcción”.

Al analizar las causas de este deterioro en áreas integradas, Salvia señala el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y protección del mercado interno, iniciado entre 2014 y 2015. A ello se sumaron la crisis de 2018, el impacto de la pandemia, la alta inflación y los ajustes recientes. La caída de la industria, el comercio y la construcción expulsó a miles de trabajadores formales hacia la informalidad, las changas y la “uberización” laboral: “Cuando un trabajador industrial no puede reconvertirse laboralmente para trabajar en la minería, por ejemplo, en San Juan o en Vaca Muerta, ni insertarse en sectores como la industria eléctrica o el sistema bancario, queda expuesto a una situación de mayor vulnerabilidad”.

Además, aclara que no es una sorpresa el aumento de la inseguridad alimentaria y la experiencia del hambre. “Destacaría cómo la asistencia pública en provincias con tasas históricamente altas logró mejorar la situación, pero no resolverla. En cambio, jurisdicciones con tasas muy bajas, como Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires, experimentaron un deterioro importante entre poblaciones que no son marginales”, explicó Salvia.

Esta dinámica generó un fenómeno paradójico: “Actualmente hay una menor brecha, lo que significa que la desigualdad entre las provincias disminuyó entre el año 2010 y el día de hoy. Esta reducción ocurrió porque las provincias que estaban en peor situación mejoraron, mientras que las que estaban mejor empeoraron; específicamente, en cuanto al riesgo alimentario”. Aun así, Salvia aclara que esto no obedeció a una mejora estructural del norte, sino al rápido empeoramiento de las jurisdicciones más prósperas, como CABA y Tierra del Fuego.

En cuanto al impacto en la salud, Salvia explica que en la Argentina la inseguridad alimentaria no suele derivar en desnutrición aguda o mortalidad infantil masiva, gracias a la red de contención sanitaria. En su lugar, el problema se manifiesta como una severa malnutrición estructural: “Obesidad, problemas alimentarios y un desarrollo más débil de las capacidades neuronales, fisiológicas y físicas, cognitivo y neuronal con efectos observables especialmente entre niños y adolescentes”. Este factor representa, según el especialista, la consecuencia más grave del deterioro alimentario.

El rol del Estado

Respecto al rol del Estado, Salvia sostiene que la ayuda social es indispensable. “Sin los programas sociales, la situación sería mucho más grave: esa población podría duplicarse y superar los 3.000.000 de hogares en situación de inseguridad alimentaria severa”, apunta. Sin embargo, advierte que la verdadera fórmula para resolver este problema no es seguir aumentando los planes, ya que las transferencias públicas no generan valor genuino, sino que hay que generar actividades económicas, migración e inversiones.

A la par del deterioro urbano, el informe revela una persistencia inflexible de la marginación territorial: 17 de los 20 departamentos más críticos en 2010 volvieron a ser los de mayor riesgo en 2022, encabezados por Ramón Lista (Formosa), Rivadavia (Salta) y Bermejo (Chaco). En estos espacios rurales e indígenas, la vulnerabilidad se asocia a la falta de agua potable, energía y aislamiento, siendo comunidades autosuficientes.

Salvia resalta además que la falta de conectividad a internet actúa como un predictor directo del riesgo alimentario: “No tener acceso a internet representa una barrera para cualquier proceso de inclusión social. Todavía hay poblaciones y hogares que no cuentan con ella, y esos hogares se encuentran entre los que presentan mayores niveles de vulnerabilidad y riesgo de inseguridad alimentaria”.

Al proyectar la situación hacia el presente, Salvia señala que, tras el pico inflacionario de 2024 y una breve estabilización en 2025, puede señalar una tendencia que continúa: “A partir de lo que ocurrió desde 2022 hasta la actualidad, es esperable que la inseguridad alimentaria haya crecido en los cordones urbanos de las ciudades, asociada al desempleo”. Aunque la asistencia pública mantiene un piso de protección en las áreas rurales más pobres, el fenómeno continúa expandiéndose en los cordones industriales, confirmando que la estabilización macroeconómica resulta insuficiente si no reactiva la producción y el mercado de trabajo.

En las regiones con menor inseguridad alimentaria hay mayor desarrollo, más empleo formal y una mayor presencia de instituciones que favorecen la inclusión. En los territorios más pobres, en cambio, predominan el aislamiento, el trabajo informal y precario, las changas y las actividades rurales de baja productividad y también más distancia a las instituciones estatales, a la salud, a la educación y a la comunicación. “Esta situación está vinculada con las condiciones económico-productivas de cada región, provincia y zona”, concluye.