Un juez de Los Ángeles anticipó que rechazará levantar una orden contra TikTok: los USD 100 millones que dependen de su decisión

Un juez federal de Los Ángeles rechazó provisionalmente la solicitud de levantar una orden de supervisión que pesa sobre TikTok desde 2019.

La decisión pone en riesgo los últimos USD 100 millones de un acuerdo de USD 400 millones que la plataforma y su empresa matriz, ByteDance, alcanzaron en agosto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por violaciones a la privacidad infantil.

El juez de distrito George H. Wu, del Tribunal de Distrito del Distrito Central de California, emitió el 18 de septiembre de 2026 una resolución tentativa de 16 páginas.

En ese documento anticipa que denegará, sin perjuicio, el pedido conjunto del gobierno y de TikTok US de cancelar el decreto de consentimiento firmado en 2019 contra la predecesora de la plataforma, Musical.ly. En la audiencia definitiva de este 21 de septiembre se llegará a una determinación formal.

El acuerdo de USD 400 millones y la condición que el juez rechaza

El Departamento de Justicia (DOJ) anunció en agosto de 2026 un acuerdo extrajudicial de USD 400 millones con TikTok US para cerrar dos acciones civiles por incumplimiento de la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA, por sus siglas en inglés).

Según la estructura del acuerdo, USD 300 millones son pagaderos de forma inmediata, mientras que los 100 millones restantes están condicionados a que el tribunal cancele el decreto de consentimiento de 2019.

Ese decreto es precisamente lo que Wu se niega, por ahora, a levantar. Sin la terminación del decreto, la segunda cuota del acuerdo no se activa. El magistrado señaló que, sin mayor información, el tribunal “no puede determinar que [la solicitud] constituye un remedio duradero o que la terminación está adecuadamente adaptada al cambio de circunstancias alegado”.

El origen del decreto: Musical.ly y las denuncias de padres en 2019

El decreto de 2019 nació de una demanda presentada el 27 de febrero de ese año por el gobierno federal, en nombre de la Comisión Federal de Comercio (FTC), contra Musical.ly y Musical.ly, Inc.

La aplicación, que permitía a sus usuarios grabar y compartir videos cortos con música, tenía una proporción significativa de menores de 13 años entre su base de usuarios, y el gobierno sostuvo que la empresa recibió miles de quejas de padres que desconocían que sus hijos habían creado cuentas.

Las infracciones señaladas en aquel momento fueron cuatro:

• Ausencia de avisos de privacidad para menores y sus tutores.
• Recolección de información personal sin consentimiento parental.
• Negativa a eliminar datos de niños a pedido de los padres.
• Retención de esa información más allá de lo necesario.

El acuerdo de aquel entonces incluyó una multa de USD 5,7 millones y el decreto de consentimiento, firmado por el juez Otis D. Wright II el 27 de marzo de 2019, que impone obligaciones de notificación, mantenimiento de registros y supervisión gubernamental que se extienden hasta 2029. Aquella sanción corresponde al caso de 2019 y es independiente del acuerdo anunciado en agosto de 2026.

ByteDance adquirió los activos de Musical.ly en diciembre de 2017 y en agosto de 2018 la aplicación se fusionó con TikTok. Musical.ly pasó a llamarse TikTok Ltd. en abril de 2019 y Musical.ly, Inc. se convirtió en TikTok Inc. en mayo de ese año. El decreto, sin embargo, vincula a los sucesores y cesionarios de las entidades originales.

El DOJ demandó nuevamente en 2024 y detectó reincidencia

En agosto de 2024, el gobierno federal presentó una segunda acción contra ByteDance, TikTok Ltd., TikTok Inc. y cuatro entidades relacionadas, esta vez por conductas que se habrían iniciado al menos desde marzo de 2019.

La demanda acusó a las compañías de permitir que menores de 13 años eludieran el sistema de verificación de edad de la plataforma y de recolectar información de niños a través del “Modo Niños” de TikTok.

La segunda acción también señaló que las empresas incumplieron el propio decreto de 2019 al no mantener los registros exigidos sobre cuentas de menores y las medidas correctivas adoptadas.

Según el DOJ, esa falla en la documentación dificultó medir el alcance real de las infracciones, aunque la prueba disponible indicó que millones de niños habían utilizado TikTok. Esta segunda demanda se cerró en agosto de 2026 mediante una estipulación conjunta.

La reestructura de propiedad como argumento central

El contexto corporativo de TikTok cambió de forma profunda entre 2024 y 2026. El Congreso aprobó en 2024 la Ley de Protección de los Estadounidenses de Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros, que fijó al 19 de enero de 2025 la fecha límite para que ByteDance vendiera la operación estadounidense o la cerrara.

La Corte Suprema ratificó ese plazo en enero de 2025. Tras una serie de órdenes ejecutivas que aplazaron la ejecución, el presidente Donald Trump aprobó en septiembre de 2025 un plan de desinversión bajo la Orden Ejecutiva 14352. En enero de 2026, TikTok US anunció que la transacción había concluido, con ByteDance reteniendo el 19,9% de la nueva empresa conjunta.

El DOJ argumentó ante el juez Wu que esos cambios —de propiedad, gestión, funciones de cumplimiento y prácticas de privacidad— justificaban cancelar el decreto.

TikTok US también presentó una declaración de su empleada Camerin Hunt que describió un sistema de verificación de edad actualizado: todos los nuevos usuarios deben ingresar su fecha de nacimiento, y en 2023 y 2024 la plataforma ejecutó la iniciativa “Age Gate 100”, que obligó a usuarios sin fecha de nacimiento registrada a pasar por el proceso de verificación y bloqueó a quienes declararon tener menos de 13 años.

Por qué Wu no aceptó los argumentos del gobierno

Wu rechazó el criterio deferencial que el DOJ propuso aplicar para evaluar la solicitud. El gobierno citó la decisión del Noveno Circuito en SEC v. Randolph (1984) para argumentar que los tribunales deben aprobar este tipo de pedidos salvo que sean “injustos, inadecuados o irrazonables”.

Mientras que Wu respondió que esa doctrina aplica a la aprobación inicial de un decreto, no a su modificación. Una vez dictado, un decreto de consentimiento equivale a una sentencia firme y solo puede reabrirse en la medida en que la equidad lo exija.

Sobre la reestructura de propiedad, el magistrado señaló que COPPA se aplica independientemente de si el operador es de capital extranjero o nacional y que el propio decreto de 2019 ya preveía la posibilidad de cambios corporativos.

Sobre las mejoras en la plataforma, el tribunal observó que la propia demanda de 2024 alegó que niños eludían sistemáticamente esas mismas barreras de edad. “Que TikTok haya desarrollado ciertas herramientas para cumplir con COPPA no garantiza que el cumplimiento vaya a lograrse efectivamente”, concluyó la resolución tentativa.