Un juez frena la norma que recortaba la visa de estudiantes y periodistas en Estados Unidos

Un juez federal de Estados Unidos bloqueó el lunes 14 de septiembre una nueva norma de la administración Trump que recortaba de forma drástica los plazos de permanencia para estudiantes extranjeros y periodistas internacionales. La decisión llegó un día antes de que las restricciones entraran en vigor.

El juez del Distrito de Massachusetts F. Dennis Saylor IV dictó la medida cautelar a favor de una coalición de sindicatos y organizaciones de educación superior, según informaron AFP y Reuters. El magistrado —designado por el expresidente republicano George W. Bush— no se pronunció sobre el fondo del litigio, pero ordenó suspender de inmediato la implementación de las reglas y fijó una audiencia de seguimiento para el 2 de octubre.

El sistema de visas vigente desde hace casi cinco décadas generó beneficios científicos y económicos de escala

En un extenso memorando adjunto a su fallo, Saylor cuestionó de raíz la lógica que motivó la norma. Señaló que el sistema en vigor durante casi cinco décadas —que permitía a los estudiantes extranjeros permanecer en el país por el tiempo que durase su programa académico, sin un tope fijo— había posibilitado que decenas de millones de personas llegaran al país y contribuyeran con “investigación innovadora en ciencia, medicina y tecnología, crecimiento económico sustancial y una amplia gama de beneficios, a menudo a gran escala”, según sus propias palabras recogidas por AFP.

El magistrado advirtió que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no intentó mejorar ese esquema, sino reemplazarlo por uno que “restringirá sustancialmente el número total de estudiantes extranjeros, investigadores, profesores y periodistas” en el país. En el año académico 2023-24, Estados Unidos recibió más de 1,1 millón de estudiantes internacionales —más que cualquier otra nación del mundo—, de acuerdo con datos oficiales.

Las nuevas reglas limitaban a cuatro años la permanencia de estudiantes y a 240 días la de periodistas extranjeros

Bajo el esquema que el DHS buscaba implementar a partir del martes, las visas F para estudiantes internacionales y las visas J para participantes en programas de intercambio cultural habrían quedado restringidas a un máximo de cuatro años. Hasta ahora, ambas categorías permitían permanecer durante toda la duración del programa, sin vencimiento fijo. Actualmente, alrededor de 1,6 millones de personas son titulares de visas F y otras 500.000 cuentan con visas J, según Reuters.

El impacto habría sido especialmente severo para estudiantes de doctorado, cuyas carreras superan con frecuencia ese límite. Además, la norma también habría impedido a los estudiantes extranjeros obtener un segundo título del mismo nivel, cambiar de área de estudios o transferirse a otra universidad, según informó The New York Times.

Para los periodistas extranjeros con visa I, el recorte era aún más pronunciado: el nuevo límite se fijaba en 240 días —equivalente a unos ocho meses—, cuando antes podían permanecer hasta cinco años. Los comunicadores provenientes de China enfrentaban una restricción adicional: solo 90 días, con posibilidad de renovaciones de igual duración.

Sin apelación posible: Saylor alertó sobre el poder discrecional absoluto del DHS para cortar carreras académicas

Uno de los aspectos que más gravitó en la decisión judicial fue la ausencia total de mecanismos de apelación. Saylor advirtió que, bajo las nuevas reglas, las denegaciones de extensión de visa por parte del DHS serían “completamente discrecionales e inapelables”, según sus declaraciones recogidas por la agencia.

“Un funcionario del DHS —basado en criterios limitados y vagos, y sin posibilidad de apelación— tendría el poder de interrumpir las actividades académicas, de investigación o docentes de cualquier ciudadano no estadounidense, sin razón o por cualquier razón”, sostuvo el magistrado.

La misma lógica aplicaba a los periodistas: quienes solicitaran una renovación de visa tampoco contarían con recurso ni instancia de revisión ante una negativa. Saylor fue explícito al señalar que “las posibilidades de abuso son amplias”, con el riesgo concreto de que las acreditaciones de comunicadores críticos del gobierno no fueran renovadas.

Universidades como el MIT y Harvard habrían enfrentado pérdidas de cientos de millones de dólares

El fallo también contempló el daño económico directo sobre las instituciones académicas. Saylor señaló que universidades de investigación de primer nivel, como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard —que concentran altos porcentajes de estudiantes extranjeros, especialmente en posgrado—, habrían sufrido caídas en la matrícula y costos por cientos de millones de dólares si la norma hubiera entrado en vigor, según Reuters.

“El daño al sistema de educación superior y a la economía de Estados Unidos sería probablemente catastrófico”, escribió el juez en su resolución.

Miriam Feldblum, directora ejecutiva de la Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration —uno de los grupos demandantes—, celebró el fallo: “Mientras el caso continúa, esta medida preserva el sistema de larga data que permite a nuestros colegios y universidades —y a nuestro país— atraer, educar y retener talento global”, afirmó en declaraciones recogidas por Reuters.

Una coalición de universidades, sindicatos docentes y gremios periodísticos llevó el caso a la justicia

La demanda que derivó en la medida cautelar fue presentada por una coalición integrada por sindicatos que representan a universidades, docentes y periodistas, junto con organizaciones de defensa de la educación superior. El bloque impugnó las restricciones por considerarlas incompatibles con el marco legal vigente y con los derechos de sus representados.

Saylor suspendió la implementación sin pronunciarse sobre el fondo de esa demanda. La audiencia del 2 de octubre será la próxima instancia en que el tribunal abordará el litigio de manera sustantiva.

El DHS invocó la seguridad nacional, pero el juez calificó ese argumento de casi absurdo

Al proponer las nuevas reglas, el DHS justificó la medida en razones de seguridad nacional y en la necesidad de prevenir fraudes en el sistema de visas. Sin embargo, Saylor rechazó ese fundamento con dureza: lo calificó de “rayano en lo absurdo” y sostuvo que estaba “basado casi en su totalidad en un puñado de anécdotas”. El juez también señaló que la agencia no cumplió con sus obligaciones legales de considerar alternativas menos restrictivas ni de atender las objeciones recibidas durante el proceso de elaboración de la norma, según Reuters.

Tras el fallo, el DHS respondió a través de su asesor general, James Percival, quien criticó la resolución y aseguró que la medida obliga a la agencia a “permitir el abuso rampante de nuestro sistema migratorio”. “Vení con una visa de estudiante, tomá una materia por semestre y quedate aquí por décadas”, dijo en declaraciones recogidas por la agencia. El DHS no respondió a consultas sobre si apelará el fallo.

La audiencia del 2 de octubre determinará si la suspensión se extiende o si el caso avanza hacia una resolución definitiva sobre el fondo del litigio.