El ministro de Economía, Luis Caputo, festejó el martes. “Undécimo proyecto RIGI presentado: exportación de litio de Río Tinto”, posteó ese día por la noche. No es la primera vez que el Gobierno se entusiasma cuando una compañía solicita adherir al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
Entre octubre y febrero, ya se presentaron once proyectos que totalizan inversiones por u$s 11.600 millones. Lo curioso es que solo uno fue aprobado. Es un parque fotovoltaico de YPF Luz en Mendoza.
Entre los especialistas y funcionarios comienzan a preguntarse a qué debe la demora en la aprobación de los proyectos. Las respuestas no son contundentes.
Quienes defienden las decisiones del Gobierno dicen que cada caso se estudia en particular, para asegurarse que traiga un beneficio importante para el país.
Pero también están los que sospechan que el Gobierno pudo estar ofreciendo en el RIGI algo que aún no tiene: certezas cambiarias. Un punto que no tendrá resuelto hasta llegar a un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En Economía deslizan a las empresas que el acuerdo con el organismo multilateral está al caer. Y que, una vez destrabado ese nudo, podrán ir administrando el ritmo de los RIGI pendientes.
Una vez que un proyecto RIGI es aprobado, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) genera un CUIT especial para la firma que tiene luz verde. Así se le confieren “incentivos tributarios y aduaneros”, según explicó el Gobierno.
“Además, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilitará los incentivos cambiarios previstos”, expresó el Poder Ejecutivo cuando habilitó el primer -y hasta ahora único- proyecto con RIGI.
El tema de los incentivos cambiarios atrae a las empresas de energía y minería. Tienen en juego miles de millones de dólares, pero temen quedar víctimas del “cepo”. Ya les pasó entre 2011 y 2015, o entre 2019-2023, pero también ahora. La imposibilidad de girar utilidades o dividendos a sus casas matrices es una complicación y una piedra en el camino de los inversores extranjeros.
“Venimos preguntando con interlocutores en Economía y nos dicen que esperemos al acuerdo con el FMI”, comentan en un consorcio que pidió RIGI. Allí se mueven como si tuvieran garantizados que obtendrán los beneficios, pero todavía no salió el sello de aprobación del ministerio de Economía.
Las mercaderías y servicios que se pueden importar también están comprendidos en el RIGI, pero ese no estaría siendo el inconveniente.
“Es una herramienta de largo plazo para proyectos nuevos o ampliaciones de proyectos preexistentes que representen inversiones significativas para la economía nacional que de otro modo no se desarrollarían”, describe el Gobierno al proceso. “Contempla el otorgamiento de incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema de protección de derechos adquiridos”, agregan.
Los dos mayores proyectos que solicitaron el RIGI están relacionados con energía. Uno es el oleoducto Vaca Muerta Sur. Allí, un consorcio encabezado por YPF -junto a Vista, PAE, Pampa, Chevron, Pluspetrol y Shell- planea desembolsar u$s 3000 millones entre Neuquén, Río Negro y Buenos Aires para ampliar su capacidad de transporte.
El segundo proyecto más fuerte hasta ahora es el de un buque de licuefacción de Southern Energy, donde se destacan PAE y Golar. YPF y otras petroleras también son de la partida, en una inversión de u$s 2900 millones.
En lista de espera
Hay cinco proyectos de minería, que aportarían u$s 5000 millones. Están en Salta, Catamarca y San Juan.
Transportadora de Gas del Sur (TGS) logró que el Gobierno declare de “interés público” un incremento que está haciendo de su capacidad de transporte, en el que aportaría u$s 500 millones.
Sidersa presentó un plan de inversiones atado al RIGI de u$s 300 millones para una planta en San Nicolás.