Nueva York avanza con proyectos para regular bicicletas ilegales y scooters tras el aumento de muertes en choques
Nueva York avanza con proyectos para regular bicicletas ilegales y scooters tras el aumento de muertes en choques

Nueva York debate 17 proyectos de ley para reforzar el control sobre bicicletas y scooters eléctricos tras una serie de choques fatales que volvió a poner bajo presión la regulación de estos vehículos en la ciudad.

La discusión tomó impulso después de varias muertes registradas este año y de un aumento en los siniestros con estos dispositivos. Según informó The New York Times, el Concejo Municipal de Nueva York prevé tratar en otoño un paquete de iniciativas que apunta a ventas, licencias comerciales, fiscalización, seguros y sanciones para conductores que escapen de la escena de un choque.

Esta ofensiva incluye medidas ya presentadas y otras aún en evaluación. Entre ellas figuran la prohibición de ciertos modelos más veloces que hoy siguen permitidos, mayores exigencias para empresas de reparto, más controles sobre ciclomotores sin registrar y un posible programa de canje para retirar de circulación vehículos ilegales.

La propuesta busca responder a una pregunta que atraviesa el debate local: cómo reducir los choques sin frenar el uso de una movilidad que ya forma parte de la vida diaria de la ciudad.

El Concejo Municipal de Nueva York abrirá el 30 de septiembre una audiencia sobre restricciones, controles, seguros y sanciones para e-bikes y e-scooters (AP Photo)

Qué reglas analiza el Concejo y a quiénes alcanzan

El paquete legislativo reúne iniciativas sobre distintos frentes. The New York Times detalló que una parte de los proyectos apunta a impedir la venta de e-bikes que superen los límites considerados seguros, exigir a las plataformas de reparto registros comerciales, obligarlas a compartir más datos sobre los viajes de sus repartidores y endurecer las consecuencias para quienes huyan tras un siniestro.

También se estudian nuevas pólizas para aplicaciones de entrega, más presión sobre usuarios de aparatos que pueden superar con amplitud el límite legal de 24 kilómetros por hora (15 millas por hora) para bicicletas eléctricas y scooters, y la creación de una mesa de trabajo sobre diseño urbano. Otra posibilidad es exigir a la Policía de Nueva York estadísticas más precisas sobre los operativos de control y las infracciones.

La presidenta del Concejo, Julie Menin, sostuvo que la ciudad ya dispone de normas que no se aplican de forma suficiente y defendió la necesidad de revisar nuevas herramientas legislativas.

De acuerdo con el diario neoyorquino, el cuerpo convocó una audiencia para el 30 de septiembre, con presencia prevista de funcionarios de transporte, seguridad pública y protección al consumidor.

La discusión política enfrenta pedidos de más seguridad con críticas a registros y controles que podrían afectar a repartidores y derivar en fiscalización desigual (REUTERS)

Cuáles son los vehículos legales y cuáles quedan fuera

La normativa vigente en la ciudad permite distintos tipos de bicicletas eléctricas y scooters. Entre ellos están las bicicletas de asistencia al pedaleo, los modelos con acelerador y los scooters de pie de menos de 45 kilogramos (100 libras) con velocidad máxima de 32 kilómetros por hora (20 millas por hora).

El límite de circulación para e-bikes y e-scooters en las calles es de 24 kilómetros por hora (15 millas por hora). Los usuarios deben tener al menos 16 años, respetar las normas viales, evitar las aceras y usar ciclovía cuando exista. El uso de casco es recomendado, aunque no obligatorio en todos los casos. The New York Times recordó que la ciudad también ofrece reglas y materiales específicos para repartidores.

Quedan prohibidos muchos aparatos que circulan de forma cotidiana. Se incluyen bicicletas eléctricas con motores de más de 750 vatios o capaces de superar los 40 kilómetros por hora (25 millas por hora).

En otra categoría aparecen los ciclomotores rápidos, a menudo comercializados como bicicletas o scooters eléctricos, que requieren licencia y registro ante el Departamento de Vehículos Motorizados.

La normativa de Nueva York permite e-bikes y scooters eléctricos con límites de velocidad, edad mínima de 16 años y obligación de usar ciclovía cuando exista (AP Photo)

El foco está puesto en los dispositivos de alta velocidad

La presión política creció por varios choques mortales vinculados con vehículos ilegales o de prestaciones muy superiores a las permitidas. La semana pasada murió un adolescente de 17 años que conducía una bicicleta eléctrica Deepower QS7, un modelo que puede alcanzar 48 kilómetros por hora (30 millas por hora), tras impactar con un SUV en Manhattan.

Ese caso se sumó a otros registrados en 2026. En mayo murieron dos hombres tras chocar en una ciclovía del puente Queensboro; uno de ellos usaba un scooter Teverun Blade que puede llegar a 85 kilómetros por hora (53 millas por hora). Otro hombre fallecido en Brooklyn conducía un scooter Cleytro con una velocidad de hasta 89 kilómetros por hora (55 millas por hora).

Frente a esos antecedentes, parte del debate gira menos sobre las bicicletas eléctricas convencionales y más sobre la presencia de máquinas de alta potencia que ya están fuera del marco legal.

Ben Furnas, director ejecutivo de Transportation Alternatives, respaldó la idea de prohibir una categoría de e-bikes capaces de exceder velocidades seguras y cuestionó los incentivos que, a su juicio, empujan a repartidores a infringir reglas de tránsito.

El debate se concentra en vehículos de alta velocidad tras choques fatales recientes con modelos como Deepower QS7, Teverun Blade y Cleytro (Captura de video)

Qué muestran los datos de choques y muertes

Las cifras oficiales exhiben un alza en los incidentes con estos vehículos, aunque el panorama general del tránsito en la ciudad sigue por debajo de años previos en materia de mortalidad. Hasta la tercera semana de julio hubo 560 colisiones con e-bikes y 795 con scooters eléctricos de pie, un aumento del 28% frente al mismo período del año pasado, según datos policiales.

El Departamento de Transporte de Nueva York informó que al menos 20 usuarios de e-bikes y e-scooters murieron en lo que va del año, frente a 13 en igual tramo de 2025. En el detalle, se contaron 11 muertes de usuarios de bicicletas eléctricas y 9 de usuarios de scooters de pie hasta fines de julio.

Aun así, la misma dependencia señaló que la ciudad se encamina a cerrar 2026 con una de sus tasas anuales más bajas de muertes por siniestros viales. Una parte importante de los choques graves con bicicletas y scooters eléctricos ocurrió cuando los usuarios fueron impactados por automovilistas, lo que sumó al debate el peso del diseño de calles y la convivencia con vehículos más pesados.

Los datos oficiales registraron 560 colisiones con e-bikes y 795 con scooters eléctricos hasta julio, un 28% más que en el mismo período del año pasado (REUTERS/Andrew Kelly)

La disputa política enfrenta seguridad, control y sesgo en la fiscalización

No todas las organizaciones coinciden sobre el camino a seguir. Menin dejó afuera, por ahora, una versión local de la llamada Ley de Priscilla, un proyecto estatal que exigiría registrar todas las bicicletas y scooters eléctricos y colocarles matrícula.

Janet Schroeder, directora de la NYC E-Vehicle Safety Alliance, calificó esa omisión como un error y afirmó que las placas desalentarían conductas irresponsables.

Las objeciones llegan desde sectores ciclistas y grupos de defensa de repartidores. Alex Duncan, referente de una comunidad centrada en micromovilidad, advirtió que cualquier requisito que complique el uso de una bicicleta eléctrica limitada a 24 kilómetros por hora (15 millas por hora) puede afectar a usuarios que cumplen la ley. Su planteo apunta a restringir la venta de vehículos de mayor velocidad, no a sumar barreras para modelos permitidos.

El efecto sobre los cerca de 80.000 trabajadores de reparto también ocupa un lugar central. Gabriel Montero, vocero del Worker’s Justice Project, indicó en The New York Times que su organización apoya medidas para mejorar la seguridad, aunque rechaza esquemas de registro individual para trabajadores porque podrían aumentar el contacto con la policía y derivar en controles desiguales sobre comunidades migrantes, afroamericanas y latinas.