Fuerte debate en el foro sobre fútbol, corrupción y justicia en el Interamerican Institute for Democracy sobre el AFA gate

El foro sobre fútbol, corrupción y justicia que organizó este miércoles 1 de julio de 2026 el Interamerican Institute for Democracy en Miami expuso una tensión doble: mientras el embajador de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Estados Unidos y América del Norte, Tomás N. Regalado, reclamó respeto por la presunción de inocencia y rechazó que un “foro” reemplace a los tribunales, periodistas, investigadores y exfuncionarios sostuvieron que la discusión pública avanzó más que la propia Justicia y describieron un entramado de dinero, sociedades en Florida y presuntas maniobras para acallar denuncias.

El dato más concreto de esa disputa lo aportó el periodista Nicolás Pizzi, que afirmó que el presunto desvío detectado ya no es de USD 42 millones sino de USD 57 millones, a partir de transferencias y documentos bancarios vinculados a sociedades creadas en Miami. Según dijo, en los últimos cuatro meses la investigación sumó otras seis firmas a las cuatro que ya habían sido identificadas en febrero.

La respuesta institucional de la AFA llegó de la mano de Regalado, quien abrió su intervención con una defensa de la selección argentina en pleno Mundial 2026 y luego fijó la posición del organismo sobre las causas en trámite. “Existen investigaciones judiciales en curso en el país, pero es importante ser preciso acerca de qué es una investigación y qué no lo es. Las medidas de investigación por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad”, dijo al inicio del encuentro.

Regalado sostuvo que “el ámbito apropiado para resolver esas cuestiones es un tribunal de Justicia en la Argentina, no un foro y no una conferencia de prensa”, y advirtió sobre eventuales efectos judiciales de lo que se dijera en el hotel de Miami. También remarcó que los clubes argentinos “son asociaciones civiles cuyos dueños son los socios” y que esa estructura “siempre” será defendida.

La cifra que ordenó el debate fue el presunto envío de USD 57 millones a sociedades de Miami

Pizzi, que presentó la investigación realizada junto a Ignacio Grimaldi y Ricardo Bravo, dijo que el trabajo comenzó en diciembre y que desde febrero acumuló nueva evidencia. “Habíamos detectado cuatro sociedades LLC constituidas acá en Miami que habían recibido 42 millones de dólares de la empresa Trenta”, señaló.

La novedad, según su exposición, es que el circuito se amplió. “A lo largo de estos cuatro meses detectamos otras seis sociedades más, casi todas creadas en la misma dirección, con ciudadanos argentinos que fueron contratados para venir a Miami, firmar los papeles, crear las sociedades y permitir ese envío millonario. Al día de hoy el desvío que nosotros identificamos pasó de 42 millones hoy a 57.000.000 de dólares”, afirmó.

El periodista agregó que la investigación también localizó pagos mensuales de USD 20.000 a una persona vinculada al entorno de la selección y sostuvo que, aunque “se borraron muchas pruebas” y “se perdió mucho tiempo”, las transferencias hechas en Estados Unidos “no se van a poder borrar de ninguna manera”. En ese punto, ligó el futuro del caso a la actuación judicial fuera de Argentina: “Hay tres fiscales en este momento en este país investigando todo esto”.

Pizzi también describió una reacción adversa contra quienes difundieron el caso. Dijo que autoridades de la AFA denunciaron a cinco periodistas en Argentina y que existe una orden judicial que les impide acercarse a menos de 500 metros, una medida que atribuyó a una “contraofensiva” para “silenciar a los periodistas” hasta llegar al Mundial “y lograr que no hablemos”.

El abogado llevado por Regalado rechazó parte de las denuncias y cuestionó la validez de pruebas

Tras el planteo inicial del embajador, tomó la palabra el abogado penalista argentino Mariano Lizardo, presentado por Regalado en el foro. Su intervención apuntó a desmentir afirmaciones de los expositores y a reivindicar decisiones judiciales ya adoptadas en Argentina.

“Actualmente es una de las abogadas que se encuentra trabajando en la cámara de resolución de disputa, por lo tanto la información que se acaba de decir recién es falsa”, sostuvo sobre una mención previa a una funcionaria. También afirmó que “cuando se habla de pendrive, esa información ha sido obtenida ilegalmente”, y que por eso “no puede ser incorporada” bajo la “teoría del árbol venenoso”.

Lizardo defendió además la mudanza del domicilio de la AFA a la provincia de Buenos Aires al señalar que una cámara de apelaciones ya convalidó que “el domicilio de la AFA no queda en Capital Federal sino que ha sido trasladado por un acta constitutiva en una asamblea tomada como legal”. Y dejó una acusación política sobre el foro: “Se ha traído de la ciudad de Miami lo que no se puede hacer en la República Argentina”.

Tomás N. Regalado habló en representación de la AFA y pidió que las investigaciones no se confundan con culpabilidad. Nicolás Pizzi respondió con una cifra: dijo que la pesquisa periodística detectó USD 57 millones enviados a sociedades de Miami. La consecuencia central del cruce es que el caso quedó partido entre dos planos: la defensa del debido proceso y la denuncia de un esquema que, según los expositores, incluye dinero, protección judicial y presión sobre periodistas.

La “mansión” de Pilar y 120 vehículos aparecieron como núcleo patrimonial de la sospecha

Otro de los focos de la jornada fue la propiedad de 10 hectáreas ubicada en Pilar que los expositores vincularon al caso. Matías Yofe dijo que la investigación sobre ese predio surgió a partir de un mensaje publicado por Carlos Tévez, en el que se hablaba de dinero enterrado y lavado con autos de colección.

Yofe sostuvo que la titularidad formal de la mansión estaba en cabeza de “dos posibles testaferros”, una jubilada que cobraba 450.000 pesos argentinos y su hijo monotributista clase G, y que ninguno tenía capacidad económica para adquirir un inmueble valuado en más de USD 20 millones. Añadió que bajo la firma Real Central SRL pasaron 120 vehículos, entre ellos autos de alta gama valuados en $450.000 y $500.000, y que 59 fueron hallados dentro del predio.

El investigador detalló que todos esos vehículos tenían tarjetas azules emitidas a nombre de Pablo Toviggino, de sus hijos o de su empresa HP. También afirmó que los gastos de la mansión “se pagan por medio de una tarjeta corporativa de AFA” que estaba a nombre de Luciano Nicolás Pantano.

La denuncia incluyó además un señalamiento sobre el derrotero judicial. Yofe dijo que el juez Marcelo Gilinsky había impulsado avances “importantes” en la causa, pero que cuando debían declarar Pantano y Conde el expediente pasó al juez Adrián González Chaves y desde entonces, en más de seis meses, solo se adoptaron dos medidas.

Las denuncias por hostigamiento se concentraron en allanamientos, cautelares y causas penales

El tramo más duro del foro estuvo en las acusaciones de persecución contra periodistas y denunciantes. Yofe relató que el 2 de enero sufrió un allanamiento en su casa cuando él estaba fuera de su domicilio, con su esposa y su hija de cuatro meses solas en la vivienda.

“Rompieron la DDI en un allanamiento sin orden alguna, amenazando a mi mujer con meterla presa y amenazando con quitarnos la custodia de mi hija menor”, afirmó. Luego dijo que la acusación había partido del chofer del exministro Jorge Onofri y que más tarde Claudio “Chiqui” Tapia se presentó en la misma causa para sostener que también había sido extorsionado por él.

Luis Gasulla amplió ese punto y lo definió como un problema de calidad democrática. Dijo que en Argentina “investigar un presunto hecho de corrupción” está permitido por el sistema democrático, pero advirtió que hoy están “puestas en duda” la independencia judicial y la capacidad del sistema para investigar a dirigentes poderosos del fútbol.

En la misma línea, Pizzi dijo que el objetivo de las denuncias era “empezar a silenciar a los periodistas y al resto de las personas que están investigando este tema”. Según su exposición, el juez tiene apelaciones pendientes desde hace tres semanas sin elevarlas a la cámara.

El contrato de amistosos abrió otro frente: exclusividad hasta 2030 y una LLC creada en Estados Unidos

Guillermo Tofoni situó el origen de otra parte del conflicto en los amistosos internacionales de la selección. Recordó que tras el Mundial de Rusia 2018 Argentina “no conseguía rivales en ninguna parte del mundo” y describió estadios semivacíos y pérdidas económicas en partidos organizados durante esa etapa.

Según su relato, en diciembre de 2019 firmó un contrato de exclusividad que fue ratificado el 4 de mayo de 2021 y tenía vigencia desde 2022 hasta el 30 de diciembre de 2030. Afirmó que ese acuerdo lo colocaba como agente oficial con licencia FIFA para el desarrollo de los amistosos internacionales.

Tofoni dijo que en enero de 2023, poco después del título en Qatar, la AFA firmó un acuerdo con una LLC creada en Estados Unidos “que tenía aproximadamente un mes y medio de haber sido creada” y “no había hecho ni siquiera un solo partido”. A partir de esa decisión, explicó, envió una nota a la sede de Viamonte para recordar la existencia del contrato vigente.

La reacción que describió fue el punto de quiebre de su exposición. “Había dos opciones: o yo había falsificado documentación oficial de la AFA y había falsificado la firma de Claudio Tapia y la firma del tesorero, o no”, planteó. Y añadió que, si la documentación era falsa, el paso lógico hubiera sido una denuncia penal por falsificación y una presentación ante FIFA para retirarle la licencia.

Federici ubicó el caso en una falla institucional y advirtió sobre la pérdida de autonomía de los controles

El ex presidente de la Unidad de Información Financiera Mariano Federici evitó hacer acusaciones personales y planteó una lectura más amplia. “La corrupción no es solamente un problema moral, es ante todo un problema institucional, un problema económico, un problema de desarrollo y sobre todo un problema de confianza”, dijo.

Federici señaló que el fútbol argentino concentra recursos, influencia política y prestigio simbólico, y que el problema aparece cuando esa relación con el poder deja de ser institucional y pasa a organizarse “alrededor de favores, influencias y conveniencias recíprocas”. A su juicio, la forma más dañina de corrupción es la que “consigue condicionar a las instituciones llamadas a controlarla”.

Uno de sus datos más concretos fue la situación de la UIF. Sostuvo que el organismo, que presidió en Argentina, atraviesa su tercera conducción en la actual gestión y que “hoy no se puede presentar” en causas penales como las discutidas en el foro porque perdió su facultad de querellar.

También alertó sobre el efecto económico del deterioro institucional. Dijo que los países no atraen inversiones solo porque bajan la inflación o equilibran sus cuentas, sino porque generan confianza en que las reglas serán respetadas, los contratos cumplidos y el poder político no interferirá sobre los organismos de control.

El organizador cerró con una invitación a Tapia y un llamado a responder “dónde está su dinero”

El cierre estuvo a cargo de Carlos Sánchez Berzaín, quien defendió el foro como un ejercicio de libertad de expresión y libertad de prensa bajo el amparo del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Afirmó que el instituto que preside es una entidad privada sin fines de lucro de Estados Unidos dedicada a promover la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas.

Sánchez Berzaín conectó el caso con la Convención de Palermo sobre delincuencia organizada transnacional y sostuvo que una estructura de ese tipo puede configurarse cuando existen operaciones en más de un Estado o cuando un hecho cometido en uno tiene efectos sustanciales en otro. En ese marco, aludió a “fondos argentinos en empresas en Estados Unidos” como una de las sospechas presentes en la discusión.

En el tramo final citó un relevamiento difundido el 17 de junio de 2026 por El Cronista que, según dijo, registró más del 80% de desaprobación y 94% de desconfianza hacia la Justicia argentina. Con ese telón de fondo, invitó públicamente al presidente de la AFA: “Invitando a la Asociación del Fútbol Argentino con la presencia del señor Tapia a que venga a decir todo lo que tiene que decir”, y reclamó que el pueblo argentino sepa “dónde está su dinero”.

El IID, con sede en Miami, es un think tank privado sin fines de lucro dedicado a la promoción de la libertad, los derechos humanos y la institucionalidad democrática en todo el continente americano.

El IID es un centro de pensamiento, integrado por académicos, profesionales y figuras públicas de distintas nacionalidades, dedicado a promover la libertad, la democracia y los derechos humanos mediante investigaciones, coloquios y actividades orientadas al debate plural. Su misión es consolidar espacios de reflexión que fortalezcan la resistencia democrática frente a escenarios de retroceso autoritario.