El jefe de Gabinete declaró ganancias no impositivas entre 2014 y 2018 atribuidas a operaciones con bitcoin, una jugada que, según especialistas, podría blindarlo frente a una eventual acusación penal durante su gestión pública. La estrategia tiene un costo: deberá afrontar el pago de Bienes Personales y sus multas, cercano al 14% de los 500.000 dólares declarados. Resignando esa porción, Adorni evitaría el delito más grave, que prevé prisión de hasta seis años e inhabilitación perpetua, siempre que la Justicia avale el origen de esos fondos previo a su llegada a la función pública. Para zafar, la Justicia tiene que creerle. Leer más Navegación de entradasFemicidio de Agostina: las pericias médicas darán luz sobre el móvil del crimen y qué pasó antes y después El empate eterno
