El juez del caso de los bloqueos a Lácteos Vidal rechazó el desafuero sindical y ordenó reincorporar exempleados

El juez que lleva la causa de Lácteos Vidal resolvió rechazar el pedido de desafuero sindical contra tres dirigentes gremiales y ratificó, en paralelo, decisiones que favorecen la reincorporación de trabajadores en el marco del conflicto por los bloqueos en la planta de Moctezuma en 2022, cerca de Carlos Casares. Se trata de Ignacio Ramonet, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N°69, de la ciudad de Buenos Aires, quien desde el inicio del expediente adoptó medidas cautelares, impuso astreintes y sostuvo la protección del derecho de huelga como eje central del caso.

En su última sentencia interlocutoria, Ramonet rechazó la acción de exclusión de tutela sindical promovida por la empresa láctea contra Franco Yedro, Cristian Martín y Abel D’Amico, al considerar que no se logró probar su participación directa en los hechos denunciados durante los bloqueos de julio y agosto de 2022. “Rechazar la acción de tutela sindical”, especificó. La resolución se apoya principalmente en la prueba testimonial, que el magistrado calificó como imprecisa y basada en comentarios.

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El fallo reconoce, sin embargo, que el bloqueo de una planta puede constituir un acto ilegal cuando afecta derechos constitucionales como el trabajo, la propiedad o la libre circulación. Pero aclara que esa caracterización no alcanza por sí sola para justificar el desafuero si no se acredita la responsabilidad concreta de los delegados involucrados.

El abogado que patrocina la empresa láctea, Eduardo D’Arriba, cuestionó el fallo y habló de una sentencia “deplorable” y “contradictoria”. Según planteó, “la participación de los dirigentes gremiales está acreditada no solo con testigos sino también en la causa penal”, donde —según su interpretación— se dieron por “probados los hechos” aunque no fueran considerados delito.

El letrado también criticó la orden de reincorporación de D’Amico, uno de los trabajadores que ya había acordado su desvinculación con la empresa y llegado a un acuerdo. “Es tan burdo lo que hizo, que ordena reincorporar a Martín y a D’Amico. Y D’Amico es uno de los 20 con los que ya acordó la empresa. D’Amico no es más empleado de la empresa, fue indemnizado. No me podés ordenar reincorporar a D’Amico. Es lo mismo que resucitar muertos. Vuelve a cometer otro error grosero“, puntualizó.

Otro de los puntos cuestionados es el manejo de las astreintes que dispuso el juez contra la firma. D’Arriba recordó que el juez elevó las multas diarias de 10.000 a 50.000 pesos sin que esa decisión estuviera firme y que, aun así, avanzó con su liquidación en distintos expedientes, lo que —según afirmó— refleja inconsistencias procesales. “En el expediente principal ordena que los actores hagan la liquidación de las astreintes de 10 y a 50. Son una serie de cosas que es como que están queriendo que lo saquen del medio, no sé. Es muy burdo lo que está haciendo y me extraña mucho en una persona que está candidateada internamente para seguir en la Cámara como camarista. Ya es indefendible lo que hizo”, puntualizó. Recordó que Yedro y Martín, siguen cobrando sueldo desde que empezó el conflicto.

Vale recordar que en la causa iniciada por los trabajadores el mismo juez sostuvo que el conflicto se encuadró dentro de una “medida de fuerza legítima” y consideró que la empresa incurrió en conductas contrarias al orden público laboral. Entre ellas, mencionó despidos, modificaciones unilaterales de condiciones de trabajo y contratación de personal durante la huelga, lo que derivó en órdenes de reinstalación y sanciones económicas contra la firma.

Desde 2022, Ramonet había dictado una medida cautelar que obligaba a Lácteos Vidal a abstenerse de innovar en los contratos de trabajo de los huelguistas y a reinstalar a los empleados en caso de despido, bajo apercibimiento de multas diarias. También cuestionó reiteradamente el incumplimiento de esas órdenes por parte de la empresa, al que calificó como una actitud “recalcitrante”.

“Quedaban personas sin acordar que hicieron juicio por despido. Ahí tenés otra incongruencia del juzgado y de ellos: están pretendiendo cobrar las astreintes porque no se los reincorporó, más allá de la fecha en que se empezaron las acciones por despido. Si iniciás una acción por despido, no hay reincorporación posible. Son todas contradicciones, querer cobrar e imponer astreintes a una persona cuando ya habían hecho la conciliación obligatoria”, subrayó.

El juez, no obstante, dejó asentado en la resolución 2405 del 30 de abril pasado que la medida de fuerza pudo haber sido desproporcionada. En una de las audiencias, incluso comparó la situación con “matar un mosquito con una bomba atómica”, aludiendo a la intensidad del conflicto frente a los reclamos planteados.

El caso también expone tensiones en torno al alcance del derecho de huelga. Mientras el fallo laboral prioriza su protección, el expediente reconoce la existencia de episodios de violencia y afectación a la actividad productiva, aunque sin atribuirlos de manera concluyente a los dirigentes demandados.

“No hay nada definitivo, ahora vamos a la Cámara Nacional del Trabajo. Hasta ahora se daba una situación: como eran juicios sumarísimos, no eran apelables las resoluciones. Lo más importante que conseguimos ahora es que, después de tres años, el juez resolviera algo para permitirnos salir de su jurisdicción. Porque mientras estaba él, no avanzábamos ni para atrás ni para adelante ni para ningún lado”, sentenció. El rechazo del desafuero habilita la revisión judicial en una instancia superior, según aclaró.

Por último, D’Arriba anticipó que continúan los juicios por despido de los trabajadores que no llegaron a acuerdos, luego de que la empresa conciliara con 19 de los 26 cesanteados. Hay juicios por despido iniciados en 2025 en los que el juzgado ya fijó audiencias de testigos para el 31 de mayo de 2027. Esta causa podría extenderse hasta 2028 o 2029.