La sanción de la ley para habilitar el aborto en diciembre de 2020 no eliminó las peleas en el Congreso entre sus promotores y detractores: en la última sesión de Diputados, los grupos Provida evitaron que se otorgue jerarquía constitucional a una convención para erradicar la violencia contra la mujer, porque descubrieron que su órgano de aplicación avala el derecho a interrumpir el embarazo y la educación sexual integral.
La presión la lideraron diputados opositores que mantienen activo el grupo de whatsapp de los celestes, como se denominan a quienes se oponen al aborto legal.
Antes de la sesión recibieron llamados de los obispados locales y una incisiva cadena de mails de iglesias evangélicas. Fueron los protagonistas de los grupos Provida, que en 2018 lograron impedir que se sancionara la ley para legalizar el aborto y no pudieron evitarla en 2020.
Este miércoles se salieron con la suya y evitaron que se le otorgue jerarquía constitucional a la convención de Belem Do pará, que tiene como objetivo Prevenir, Sancionar y erradicar la violencia contra le mujer.
No es una convención nueva: se firmó en 1994 en Brasil entre los países de América y el Congreso argentino lo ratificó 1996. Pero al darle jerarquía constitucional, sus postulados se colocan por encima de la legislación y pueden ser utilizados para definir fallos judiciales.
De hecho, uno de los argumentos de los celestes para rechazar el aborto fue que la convención sobre los derechos del niño ratificada por Argentina reivindica la existencia de la vida desde la concepción.
Se necesitaban dos tercios del recinto, 172 votos, imposibles de alcanzar si los celestes volvían a coordinarse. Los chats los activaron Paula Omodeo, Dina Rezinovsky y Federico Angelini, de Juntos por el Cambio; y Alejandro “Topo” Rodríguez, del interbloque federal.
Los celestes oficialistas se sumaron al debate, pero varios no creían que se reivindicaba el aborto en la Convención, pidieron aprobarla igual, pero quedaron en minoría. Entre ellos Eduardo Valdés, quien había promovido su aprobación desde la Comisión de Relaciones Exteriores.
Los celestes oficialistas releyeron una y mil veces el texto de la convención y no encontraron mención al aborto.
Los obispos y los grupos evangélicos llamaron a los diputados celestes para que no le den jerarquía constitucional a la Convención de Belém do Pará, porque su órgano de aplicación se expresó a favor del aborto y de la educación sexual integral.
Pero los opositores pusieron el foco en el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, el Mesecvi, un comité de expertas con la misión de aplicarla que funciona bajo la órbita de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Si bien sus pronunciamientos no son vinculantes, vemos que cuando la Corte Interamericana hace una interpretación del alcance del tratado se toman en cuenta”, sostuvo la tucumana Omodeo, quien tiene un monobloque, CREO, identificada con Ricardo López Murphy.
Y varios comunicados del Mesecvi son para reivindicar el derecho al aborto. Un dato: aún figura como autoridad competente de Argentina Elizabeth Gómez Alcorta, quien como ministra de la Mujer se cargó al hombro la pelea por el aborto.
Los grupos Provida rastrearon varios pronunciamientos del Mesecvi que van contra sus principios. En enero de 2021 el comité se expresó su preocupación por la reforma constitucional aprobada por el Congreso de Honduras que considera “prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida del que esta por nacer”.
“Implica una violación al principio general de no retroactividad y de progresividad de los derechos humanos y que conlleva una vulneración a los estándares internacionales en la materia y al derecho a la salud reproductiva de las mujeres, adolescentes y niñas”, expresó.
En junio, el Mesecvi se metió con otro tema que altera a los Provida como es la educación sexual. Repudió una ley de Perú que le asigna a las familias de los chicos la “capacidad de influir en el proceso de elaboración de los materiales educativos”, según sus “convicciones morales y religiosas”.
Si bien sus pronunciamientos no son vinculantes, vemos que cuando la Corte Interamericana hace una interpretación del alcance del tratado se toman en cuenta. Además, sería ceder soberanía.
Para las expertas, esta ley “podría suponer un grave riesgo para los avances en la incorporación del enfoque de género y la educación sexual integral”.
Se trata de otra pelea que los verdes dan en el Congreso, por ahora sin éxito: en 2018 se dictaminó una ley de educación sexual integral en Diputados, denominada ESI, pero nunca llegó al recinto por presión de los diputados. Nunca más se trató.
Omodeo cree que estos antecedentes eran suficientes para que Belém Do Pará no tenga jerarquía constitucional. “Sería ceder soberanía sobre temas que tenemos que discutir nosotros”.
La ley había sido promovida también por la oficialista Mónica Macha, quien preside la comisión de Mujeres y Diversidad, y cuando supo que no estaban los votos pidió retirarla de la sesión.
“Dado que no hay número suficiente, le pido que solicite el asentimiento del cuerpo para postergar su tratamiento”, pidió en la sesión. Nadie se opuso.