
El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien enfrenta una solicitud del Ministerio Público de 35 años de prisión por el delito de lavado de activos con agravante de organización criminal como parte de la investigación del caso Odebrecht, reapareció públicamente este lunes al conceder una entrevista al diario Perú21.
En dicha entrevista, el exmandatario expresó sentirse arruinado por el proceso judicial que atraviesa, abordó las próximas elecciones generales de 2026 y comentó sobre sus opositores políticos, Martín Vizcarra y Keiko Fujimori.
“Yo creo que se va a venir una era de derecha, pero derecha un poquito cavernaria (…) Lo peor que está pasando en el Perú es que la elección de 2026 va a ser con más de 40 candidatos presidenciales. La hoja de votación va a ser una sábana que en realidad son dos. ¿Qué va a decir la gente? Van a decir que hay trampa”, señaló.
Para el expresidente, esta situación solo podría resolverse mediante una “primera ronda” que reduzca la cantidad de postulantes. De lo contrario, advirtió que se repetiría el escenario de 2021, cuando Pedro Castillo alcanzó la segunda vuelta con una votación baja, producto de la dispersión del voto. “Hay radicales que están dando vueltas”, afirmó.
Respecto a Fujimori, lideresa de Fuerza Popular y posible candidata para las próximas elecciones, Kuczynski reconoció que tiene derecho a postularse, pero indicó que debería esperar. “Yo me presenté a los setenta y pico de años. Keiko tiene 46, algo así. Tiene 30 años más para presentarse”, agregó, con tono irónico.
En cuanto a Vizcarra, PPK no escatimó críticas y lo acusó de mentir y de haberse reunido con la oposición. “Mintió, mintió y mintió. Yo sabía que se reunía con la oposición (…) Vizcarra me traicionó y se fue a Canadá con la clara idea de parecer muy distante… (Creo que acabará) en cana-dá”, expresó.
Vizcarra, exvicepresidente de PPK, se encuentra actualmente bajo juicio oral, acusado de solicitar sobornos durante la licitación de dos importantes obras públicas cuando fue gobernador de la región de Moquegua, entre 2011 y 2014.
Los casos involucrados son el proyecto de irrigación ‘Lomas de Ilo’ y el concurso público para la ampliación del hospital de Moquegua, por los cuales se sostiene que Vizcarra recibió aproximadamente 2,3 millones de soles en sobornos.
La Fiscalía ha solicitado una pena de seis años de prisión por el caso ‘Lomas de Ilo’ y nueve años adicionales por la licitación del nosocomio, además de una inhabilitación de nueve años para ejercer cargos públicos.
“Me han destrozado la vida”
En cuanto a sus propias dificultades legales, Kuczynski explicó cómo el proceso judicial ha afectado su vida personal y financiera. Indicó que su casa en Cieneguilla, adquirida a través de una hipoteca, fue completamente destruida.
“No queda nada. Empezaron diciendo que la había pagado Odebrecht, pero nunca hubo evidencia de eso. Ahora la acusación es general de que yo soy ‘un agente del capitalismo’. A mí me han destrozado mi vida. Mis ahorros, todos, desaparecieron. Nada, salvo esta casa”, comentó.
Asimismo, mencionó la confiscación de sus bienes, incluida la reducción de su pensión presidencial. Explicó que, debido a los embargos judiciales, se le ha recortado la pensión, que originalmente ascendía a S/15,000, reduciéndola a S/5,000. En sus palabras, esta acción es “totalmente ilegal”.
El Primer Despacho del Equipo Especial Lava Jato, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, sostiene que el grupo organizado por Kuczynski recibió más de 12 millones de dólares de Odebrecht y otras empresas en consultorías y asesorías encubiertas relacionadas con las obras Olmos, IIRSA y Rutas de Lima, entre otras operaciones vinculadas al caso de corrupción Lava Jato.
La acusación incluye a cuatro personas naturales y cuatro personas jurídicas, para quienes se han solicitado penas que van de 11 a 35 años de prisión.