Tras su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que excluye a los hijos de inmigrantes ilegales y residentes no permanentes del derecho a la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, el presidente no era el único republicano que tenía en la mira esta garantía avalada por la Enmienda 14 de la Constitución de EE.UU. También Ron DeSantis, gobernador de Florida, en 2023.

“Debemos tener la ley más estricta del país en materia de inmigración. No podemos ser débiles”, declaró el gobernador en su cuenta de X tras la rebelión de su propio partido en el Congreso de Florida. En esa misma publicación, realizó una lista con sus propuestas para lograr dicho objetivo, aunque no incluyó un viejo anhelo suyo.

En su campaña por la nominación republicana para ser candidato a presidente de Estados Unidos en las elecciones de 2024, DeSantis comentó que eliminaría el derecho a la ciudadanía por nacimiento, dentro un amplio paquete de medidas en política migratoria. Finalmente, Trump fue elegido candidato, primer mandatario de EE.UU. y encargado de llevar a cabo esa propuesta mediante una orden ejecutiva.

Andrés Echevarría, abogado especializado en derecho migratorio y socio del estudio jurídico internacional Vivanco & Vivanco, explicó a LA NACION que la lucha judicial de este decreto probablemente termine con una decisión de la Corte Suprema de Justicia. De eso dependerá el margen de acción que tendrán estados republicanos como Florida, que son más propensos intentar una legislación similar y estarán expectantes a los resultados federales.

La ciudadanía por nacimiento y la reacción al decreto de Donald Trump

De acuerdo con Echevarría, en EE.UU. aplica la ciudadanía por nacimiento. “Es una provisión constitucional. Es decir, un derecho que está en la Constitución y dice claramente que las personas que nacen en Estados Unidos, son ciudadanos americanos”, explicó en referencia a lo que se lee en la Enmienda 14 de la Carta Magna norteamericana.

El decreto que firmó Trump entrará en vigor desde el 19 de febrero, según el Departamento de Justicia. Sin embargo, provocó una reacción inmediata en todo el país desde que se conoció la noticia, con al menos cinco demandas presentadas por 22 estados y varios grupos de defensa de los derechos de los migrantes, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Tres días después, en Seattle, John C. Coughenour, juez federal del distrito, bloqueó temporalmente la orden ejecutiva hasta el próximo jueves. No sin antes calificarla como “abiertamente inconstitucional”, según consignó AP. “Lo que dice Trump es que hay un abuso de este precepto constitucional que desvirtuó el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, argumentó Echevarría.

Proceso judicial: ¿qué pasará con el decreto de Trump a nivel federal?

Según lo explica Echevarría, una orden ejecutiva “es ley desde el momento en que se firma”, y tiene vigor desde la fecha que se marca. En este caso, recién desde el 19 de febrero. “A partir de ese día, la persona que nace en Estados Unidos, pero que no es hijo de ciudadanos americanos o de un residente permanente, no va a poder obtener automáticamente la ciudadanía”, anticipó.

Para el abogado, lo primero que va a suceder es el pedido de una suspensión preventiva. En este caso, el juez federal Coughenour ya emitió una resolución judicial. El 6 de febrero volverá a escuchar argumentos a favor y en contra de dictar una orden preliminar, que podría bloquear el decreto presidencial a largo plazo.

No obstante, el especialista recordó que es posible argumentar que “como todavía no está en vigor la ley, no hay ninguna persona, haya nacido o vaya a nacer, que se encuentre afectada hasta el 19 de febrero”. Sin embargo, la batalla judicial será más complicada que eso, y probablemente termine en el máximo establecimiento judicial de Estados Unidos.

“Ahora, la Administración Trump tendrá que acudir a la Cámara de Apelaciones, donde otro juez va a fallar. Ya sea para un lado o para el otro, después se apelará en la Corte Suprema. Va a llegar ahí y la Corte va a tener que decidir. Si la declara inconstitucional, no hay más discusión”, detalló el especialista.

¿Puede Florida eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento?

“En Estados Unidos cada estado tiene su ley. El gobierno federal se reserva algunas áreas de derecho federal sobre las cuales va a legislar, pero son muy poquitas, como los impuestos, las normas de inmigración y las normas penales”, explicó Echevarría.

Es decir, los estados puedan legislar como quieran sobre diversos aspectos relacionados con la inmigración, pero tienen sus limitaciones. “Siempre deben respetar los límites establecidos por la Constitución federal y la Corte Suprema. Si un estado intentara eliminar la ciudadanía por nacimiento a nivel local, esa ley sería susceptible de ser declarada inconstitucional”, detalló el especialista en derecho migratorio.

Como la Enmienda 14 protege el derecho a la ciudadanía por nacimiento, hoy Florida no podría pasar una medida para eliminarlo, incluso si fuera aprobada por la Legislatura del estado. La única posibilidad de que eso cambie dependerá de lo que dictamine el máximo ente de Justicia de EE.UU. o de una reforma constitucional por parte del Congreso de Estados Unidos.

Un posible escenario futuro: reclamos contra Florida

Para más claridad, Echevarría planteó un posible escenario futuro en el que la Corte Suprema dictamina el decreto de Trump como inconstitucional. Luego, nace en Florida una persona que es hija de no ciudadanos y cuando van a buscar su pasaporte, no se lo dan porque las autoridades dicen que el estado suscribe al decreto del presidente.

“Esa persona va a ir con un juez y va a empezar un reclamo contra la administración porque hay una afectación de su derecho a la ciudadanía por nacimiento. Ese juez va a fallar. Ya sea de un lado o del otro, se va a apelar y va a llegar un juez federal. Y si hay un fallo de la Corte Suprema que dice que este decreto es inconstitucional, ahí se termina la discusión”.

De acuerdo con Echevarría, en cada caso de este estilo sucedería lo mismo. “En un momento todo el mundo ya sabe que no puede ganar esa batalla y no se va a discutir más. Entonces, ahí va a quedar establecido el precedente y cuál es la ley”, detalló el especialista.