El reclutamiento forzado de menores en Colombia, lejos de ser un fenómeno del pasado vinculado a los momentos más violentos del conflicto armado, continuó afectando a cientos de niños, niñas y adolescentes, particularmente en comunidades indígenas. A pesar de los avances en los procesos de paz y los esfuerzos institucionales, los grupos armados ilegales heredaron y perpetuaron esta práctica, que sigue arrebatando la infancia de muchos.

El 12 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Manos Rojas, fecha en la que se recuerda la firma del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual prohíbe el uso de menores en conflictos armados. En este contexto, diversas organizaciones sociales presentaron un informe sobre la situación en Colombia, evidenciando que el país sigue sin garantizar la protección efectiva de la niñez ante este flagelo. Según los datos recopilados, solo en 2024, el número de reclutamientos aumentó en un 20% en comparación con 2023, lo que reflejó una tendencia preocupante.

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Un balance reciente de la Defensoría del Pueblo mostró que 2024 fue particularmente alarmante en cuanto a este crimen de guerra. De acuerdo con el informe, al cierre del año se contabilizaron 409 menores de edad reclutados por distintos grupos ilegales, quienes utilizaron métodos que iban desde el adoctrinamiento hasta la coerción violenta. Estos niños y adolescentes, una vez captados, fueron incorporados a las filas de estas organizaciones y expuestos a enfrentamientos armados, convirtiéndose en víctimas de una guerra que no les pertenece.

Uno de los casos más recientes que puso en evidencia la magnitud de esta problemática ocurrió en el Catatumbo, donde más de 120 disidentes se entregaron a las autoridades en medio de la presión del Ejército y del ELN. Entre ellos, el 20% eran menores de edad, quienes fueron rescatados y sometidos a un proceso de restablecimiento de derechos. Esta región, históricamente afectada por la violencia, reflejó lo que ocurre en otras partes del país, donde el reclutamiento infantil persiste a pesar de las normativas internacionales que lo prohíben.

Las cifras más recientes indican que las disidencias de las Farc fueron las principales responsables de estos crímenes, con 162 casos documentados. A esta organización le siguió el autodenominado Estado Mayor Central, con 135. Otros 84 casos no fueron atribuidos a un grupo específico, mientras que el ELN estuvo vinculado a nueve reclutamientos. Además, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo sumaron siete casos cada uno, y cinco fueron atribuidos a estructuras del crimen organizado.

Según la Defensoría del Pueblo, el 61% de las víctimas fueron niños y el 39%, niñas. Las comunidades indígenas fueron las más afectadas debido a la falta de protección y a su constante exposición a la violencia en sus territorios. Ante este panorama, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) advirtió sobre la necesidad urgente de reforzar la protección infantil en estas comunidades. Entre 2022 y 2024, al menos 606 menores indígenas fueron reclutados a la fuerza en medio de la disputa territorial entre disidencias, el ELN y el Clan del Golfo.

Así mismo, el reclutamiento forzado de menores en el conflicto armado colombiano quedó expuesto en una de las decisiones más trascendentales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Como parte del macrocaso 07, que investigó la vinculación de niños, niñas y adolescentes a las filas guerrilleras, el tribunal de justicia transicional imputó a los antiguos miembros del secretariado de las Farc, estableciendo que esta práctica no fue un hecho aislado, sino una estrategia sistemática dentro de la organización insurgente.

La JEP determinó que, entre 1971 y 2016, al menos 18.677 menores, en su mayoría entre los 14 y 17 años, fueron reclutados de manera forzada y trasladados a los campamentos guerrilleros. Allí, además de ser adoctrinados y obligados a participar en acciones militares, fueron sometidos a vejámenes que incluyeron torturas, juicios sin garantías, homicidios y diversos tipos de violencia sexual, reproductiva y por prejuicio.