Sabotaje bajo el umbral de la guerra: la estrategia rusa que erosiona la confianza europea

En abril de 2024, una mujer ucraniana residente en Vilna, capital de Lituania, se vio envuelta en una intrincada operación policial tras recibir un misterioso encargo de un conocido de su ciudad natal, Kharkiv. El episodio, relatado por The New Yorker, sirve de ejemplo de las nuevas formas de sabotaje y desestabilización que, según fuentes de inteligencia europeas, enfrenta el continente en el contexto de la guerra en Ucrania.

La mujer, identificada como Anna, fue contactada por un hombre llamado Daniil Gromov, quien le pidió recoger un paquete en la estación de tren. Lo que en un principio parecía un favor inocente acabó por destapar una red de agentes improvisados, reclutados para misiones puntuales de sabotaje o espionaje, en muchos casos sin saber a quién sirven realmente.

Las investigaciones revelaron que el paquete contenía dispositivos para detonar explosivos, lo que puso en marcha una operación encubierta con la colaboración de la policía antiterrorista lituana. Anna, bajo estricta vigilancia, entregó el paquete a un destinatario desconocido. La detención de este joven, un refugiado ucraniano, permitió a las autoridades europeas rastrear una cadena de contactos y métodos que, según expertos citados por The New Yorker, muestran el alcance de las operaciones de la inteligencia militar rusa en territorio de la Unión Europea.

Según funcionarios y analistas europeos, estas campañas de sabotaje constituyen un desafío específico para los sistemas legales y de seguridad occidentales. Las acciones suelen estar diseñadas para mantenerse “por debajo del umbral de la guerra”, evitando ataques directos contra infraestructuras críticas pero generando una sensación de vulnerabilidad y tensión social.

Un alto funcionario de seguridad alemán, consultado por la revista, resumió así la lógica de estos actos: “Es una demostración de fuerza, una forma de quitarse la máscara y decir: ‘Entonces, Alemania, ¿qué vas a hacer al respecto?’”.

El objetivo último, según los expertos entrevistados, no siempre es infligir daños materiales severos, sino sembrar la incertidumbre y erosionar la confianza de la sociedad en la capacidad del Estado para protegerse de agresiones externas. En este nuevo escenario, incidentes en apariencia aleatorios —como incendios, actos de vandalismo o pequeños sabotajes— forman parte de una estrategia más amplia de presión y desgaste impulsada, según las investigaciones citadas, por la agencia de inteligencia militar rusa GRU

Anna, una ucraniana de poco más de treinta años, había huido de Kharkiv tras la invasión rusa y vivía en Vilna con su familia. Un día de abril de 2024, recibió una llamada inesperada de Daniil Gromov, un viejo conocido que le solicitó un favor: recoger un paquete para un amigo suyo en la ciudad.

A través de Telegram, un usuario identificado como Warrior2Alpha le proporcionó el comprobante digital para abrir una taquilla en la estación de tren. Anna recogió una bolsa azul de IKEA que contenía objetos diversos: un coche teledirigido en su caja, bolsas de cables, varios teléfonos móviles, cargadores y dos vibradores negros.

Pocos días después, Warrior2Alpha le pidió fotos del contenido. Anna las envió y recibió nuevas instrucciones: devolver la bolsa a otra taquilla de la estación. Aunque intentó cumplir con lo solicitado, la inquietud crecía en ella tras ver en el perfil de Warrior imágenes de armas y una bandera rusa.

Preocupada por estar colaborando, quizás sin saberlo, con intereses rusos, Anna consultó a su hermana en Ucrania, quien la puso en contacto con un amigo ligado a la policía. El consejo fue claro: eliminar las fotos enviadas y avisar a las autoridades de Lituania.

La respuesta policial no tardó. Agentes de la unidad antiterrorista lituana acudieron al domicilio de Anna. Tras analizar el contenido, determinaron que los dispositivos eran detonadores capaces de provocar incendios o explosiones. Con su colaboración, organizaron una entrega vigilada: la bolsa sería devuelta a la taquilla, pero con un rastreador GPS y objetos simulados.

Bajo la supervisión policial, Anna siguió comunicándose con Warrior y dejó la bolsa en la estación. Pronto, un joven recogió el paquete y abordó un autobús rumbo a Riga, la capital de Letonia. Los agentes siguieron su trayecto y, cerca de la ciudad de Panevėžys, asaltaron el vehículo: detuvieron a un muchacho de diecisiete años que, tras ser interrogado, confesó haber cometido un acto de incendio y estar en camino a realizar otro.

La identidad del joven era Daniil Bardadim, un refugiado ucraniano procedente del sur del país. El operativo permitió desbaratar al menos una cadena de sabotaje y abrió una investigación transnacional sobre el reclutamiento y uso de jóvenes migrantes en operaciones de sabotaje atribuidas a la inteligencia militar rusa, según la reconstrucción de The New Yorker.

Daniil Bardadim creció en Kherson, una ciudad portuaria ucraniana que, tras la invasión rusa, sufrió ocupación militar, el cierre de escuelas y servicios, y frecuentes ataques con artillería desde el otro lado del río Dniéper. En ese entorno, siendo aún adolescente, trabajó brevemente en una gasolinera.

En noviembre de 2023, tras la reconquista de Kherson por el ejército ucraniano y ante la persistencia de los bombardeos, Bardadim y su familia se trasladaron a Haivoron, cerca de la frontera con Moldavia. Allí logró terminar la secundaria, pero la guerra y la falta de oportunidades lo mantenían inquieto y sin recursos económicos.

Con apenas tres mil grivnas (unos setenta y cinco dólares), Bardadim planeó huir de Ucrania antes de cumplir dieciocho años y quedar sujeto al reclutamiento militar obligatorio. Junto a un amigo de Kherson, identificado como Oleksandr, cruzó la frontera hacia Polonia en marzo de 2024. Un conocido les consiguió empleos descargando sofás en una fábrica de muebles en Kluczbork, donde ganaban unos cincuenta dólares por jornada.

Tras un mes en Polonia, ambos recibieron la invitación de Serhiy Chaliy, un hombre de treinta y un años del mismo vecindario de Kherson y antiguo propietario de la gasolinera donde ambos habían trabajado. Chaliy, con antecedentes de negocios ilegales y vínculos con las fuerzas rusas durante la ocupación, se había trasladado a Varsovia temiendo represalias tras la liberación de Kherson.

Chaliy los alojó en un hostal en las afueras de Varsovia, cubriendo gastos menores y anotando las sumas prestadas. Describía sus encargos como “trabajos de mecánica”, pero pronto le asignó a Bardadim una tarea: viajar a Rumanía, recoger un BMW y conducirlo de regreso a la capital polaca, sin explicar el motivo de su imposibilidad de entrar en ese país. Según versiones recogidas por The New Yorker, Chaliy estaba buscado por robo de automóviles en Rumanía y tenía conexiones con redes criminales y de contrabando de vehículos hacia Crimea y Rusia.

Durante su estancia en el hostal, Bardadim y Oleksandr fueron vistos como jóvenes tranquilos y corteses, aunque con serias dificultades económicas y ausencias frecuentes. La administradora, Valentina, relató que desaparecieron de repente tras recibir noticias de su detención. “Si los reclutaron para algo, fue por dinero”, concluyó.

A finales de 2022, las agencias de inteligencia y seguridad europeas detectaron un fenómeno emergente: la aparición de ofertas en grupos de Telegram prometiendo trabajos sencillos y pagos en criptomonedas, dirigidas principalmente a rusohablantes, incluidos ucranianos y bielorrusos.

Las autoridades polacas bautizaron a quienes aceptaban estas tareas como “agentes de un solo uso”: individuos reclutados para acciones puntuales, muchas veces sin conocimiento del verdadero propósito ni del origen de las órdenes. En la primavera de 2023, la policía de Lublin desarticuló una red compuesta por más de una docena de estos agentes, entre ellos ucranianos, bielorrusos y un ruso, cuyo primer encargo fue colocar carteles y pegatinas con mensajes como “Polonia ≠ Ucrania” y “OTAN vete a casa”.

El objetivo de estas acciones, según las autoridades polacas, era fomentar dudas y animadversión hacia los refugiados ucranianos y el apoyo estatal a Ucrania. En Francia, otros agentes de un solo uso, provenientes de Moldavia, Bulgaria o Serbia, pintaron estrellas de David, profanaron un monumento del Holocausto y depositaron cabezas de cerdo en mezquitas. En junio de 2024, tres hombres —de Bulgaria, Alemania y Ucrania— fueron arrestados tras colocar ataúdes con banderas francesas cerca de la Torre Eiffel, en un intento de avivar la tensión social.

Las tareas encomendadas evolucionaban con frecuencia. Algunos reclutados pasaron de simples actos de vandalismo a instalar cámaras de vigilancia en rutas ferroviarias estratégicas para la ayuda a Ucrania, fotografiar bases militares o infiltrarse en infraestructuras críticas. Un caso en Estonia involucró a un hombre que, tras buscar marihuana en Telegram, terminó pintando grafitis en el exterior de un centro de ciberseguridad de la OTAN y posteriormente facilitando imágenes de una base aérea a su contacto digital.

El fenómeno también se extendió a la ciberdelincuencia. En los Países Bajos, dos adolescentes fueron arrestados por interceptar datos de redes gubernamentales usando una aplicación de espionaje digital, bajo instrucción de un grupo asociado a hackers rusos. Recibieron unos cientos de dólares en criptomonedas y lograron recopilar información potencial sobre la infraestructura digital sensible.

Las operaciones de sabotaje no se limitaron al vandalismo. En Reino Unido, seis hombres británicos fueron condenados por incendiar un almacén de ayuda humanitaria para Ucrania y planear el secuestro de un conocido opositor ruso. En Polonia, miembros de una célula fueron captados por la policía tras volar una vía férrea clave para el transporte de suministros militares, utilizando explosivos C-4.

En Alemania, las fuerzas de seguridad frustraron dos complots de asesinato: uno dirigido contra un exsoldado ucraniano en Fráncfort y otro contra el director de la empresa armamentista Rheinmetall, proveedor crucial para el ejército ucraniano. Las advertencias llegaron incluso desde la inteligencia estadounidense, lo que llevó a aumentar la protección del ejecutivo y, según fuentes europeas, frustró el atentado.

Durante el verano de 2024, el método se sofisticó: agentes de un solo uso en ciudades como Ámsterdam, Vilna y Varsovia enviaron paquetes con productos inocuos y, en ocasiones, dispositivos incendiarios o rastreadores GPS a destinos de Europa, Estados Unidos y Canadá. Uno de estos envíos provocó un incendio en una planta de DHL en Birmingham; otro estalló en un avión de carga en Leipzig, evitándose una tragedia mayor por un retraso fortuito en el vuelo.

En la mayoría de los casos, las fiscalías europeas atribuyeron la organización de estas operaciones al GRU, la agencia de inteligencia militar rusa, que utiliza estos actos como muestra de fuerza y herramienta de presión psicológica en el continente.

La estructura de las redes de sabotaje rusas en Europa, reconstruida por investigadores y funcionarios consultados por The New Yorker, revela una organización piramidal y descentralizada, diseñada para dificultar el rastreo directo de las órdenes hasta la cúpula del GRU.

El Departamento de Tareas Especiales, una rama del GRU, coordina operaciones a través de múltiples intermediarios. Las instrucciones viajan por al menos tres niveles de separación antes de llegar a los ejecutores: los agentes de un solo uso. En la base, estos actores suelen ser reclutados entre migrantes vulnerables o integrantes de círculos criminales, a menudo sin saber el alcance real de sus acciones.

El caso de Daniil Bardadim ilustra este funcionamiento. Su contacto directo era Serhiy Chaliy, un ucraniano con antecedentes en el tráfico de vehículos y vínculos con el crimen organizado. Chaliy, a su vez, respondía a órdenes de “Uncle Sasha”, identificado como Oleksandr Varivoda, residente en Krasnodar, Rusia, y con un historial de delitos cometidos durante la ocupación de Kherson. Varivoda presumía conexiones tanto con oficiales rusos como con figuras del hampa conocidas como vory v zakone.

Según funcionarios europeos, la colaboración entre servicios de inteligencia y redes criminales es estratégica: los criminales son accesibles, manipulables y buscan protección frente a la justicia. El sistema asigna tareas específicas a cada eslabón —reclutamiento, logística, pagos, preparación de explosivos o falsificación de documentos—, evitando que los distintos niveles conozcan el plan completo.

Este modus operandi se asemeja, según un oficial de inteligencia europeo, a las tácticas utilizadas por ISIS: instrucciones remotas, anonimato y una cadena de mando fragmentada que dificulta la atribución y reduce los riesgos para la estructura central.

La creatividad en el reclutamiento y la dispersión de responsabilidades responde a las restricciones impuestas tras la invasión de Ucrania. Europa expulsó a cientos de diplomáticos rusos con cobertura de inteligencia y limitó la movilidad de pasaportes oficiales, obligando al GRU a innovar y recurrir a intermediarios no oficiales.

El resultado es una red capaz de provocar daños, generar incertidumbre y movilizar recursos policiales y judiciales de múltiples países, todo ello sin exponer directamente a los cuadros formales de la inteligencia rusa.

El perfil de los agentes de un solo uso responde a patrones de vulnerabilidad social, precariedad económica y escasa integración en los países de acogida. Según Irena Lipowicz, jurista polaca citada por The New Yorker, los reclutadores buscan “personas solitarias, marginadas, sin experiencia y poco avisadas”, una descripción que encaja con muchos jóvenes migrantes ucranianos.

Muchos refugiados carecen de residencia estable, ingresos regulares o dominio del idioma. Esta situación facilita la captación, ya que las ofertas en canales digitales prometen pagos rápidos por tareas simples, sin exigir lealtades ideológicas. De hecho, según la policía polaca, solo dos de los sesenta y dos detenidos en investigaciones recientes mostraban afinidad prorrusa: la inmensa mayoría actuó por necesidad o desconocimiento.

Desde 2022, cerca de siete millones de personas han huido de Ucrania, con una tercera parte asentada en Polonia y Alemania. Al menos doscientos cincuenta mil habrían atravesado Rusia o Bielorrusia antes de llegar a Europa, pasando por puntos de filtración susceptibles de servir para la selección o coacción de candidatos a ser reclutados.

Esta realidad ha impactado en la percepción pública. El apoyo a los refugiados ucranianos en Polonia cayó del 90% en 2022 a menos del 50% en la actualidad, acompañado por un creciente malestar respecto a las ayudas estatales.

El uso de migrantes para el sabotaje sirve, además, a la narrativa propagandística rusa: cada arresto alimenta la sospecha y la desconfianza, reforzando la idea de que la hospitalidad europea conlleva riesgos internos.

En la práctica, estos agentes actúan sin plena conciencia del trasfondo de sus encargos. Como explicó un oficial polaco: “No es una película de espías. Nadie dice: ‘Estoy con el GRU’. Pero basta pensar: ¿quién te pide poner carteles anti-Ucrania o fotografiar vías férreas estratégicas?”.

Las autoridades europeas enfrentan un dilema persistente ante la amenaza de sabotaje ruso: cuanto más intensifican la vigilancia y la respuesta, mayor es la sensación de inseguridad y desconfianza que se instala en la sociedad. Así lo reconocen altos funcionarios entrevistados por The New Yorker, quienes advierten que la reacción estatal, si se vuelve rutinaria y pública, puede amplificar el efecto buscado por Moscú.

Los operativos hasta ahora se han mantenido “por debajo del umbral de guerra”, evitando ataques a infraestructuras militares o críticas para no desencadenar una respuesta militar directa de la OTAN. Esta estrategia permite a Rusia mantener la negación plausible, mientras deja pistas sutiles que alimentan la especulación y el temor en las capitales europeas.

La escala de las operaciones preocupa a los expertos. Un funcionario alemán advirtió: “Hoy está en un nivel bajo. Pero no hay nada que impida escalar y usar estos métodos para ataques mucho más letales.” El mismo modelo que sirve para incendiar centros comerciales o enviar paquetes incendiarios puede emplearse para atentados con víctimas masivas si se decide “subir el dial”.

Las investigaciones recientes han demostrado que, aunque muchos incidentes se atribuyen a Rusia, no todos los hechos sospechosos responden a sabotaje: el temor constante puede llevar incluso a expertos a ver la mano de Moscú en accidentes que luego resultan ser fortuitos, como incendios causados por olas de calor.

En este escenario, la amenaza no muestra señales de desaparecer, incluso si la guerra en Ucrania llegase a su fin. Para la inteligencia rusa, Europa seguirá siendo considerada un territorio estratégico donde influir, desestabilizar y poner a prueba la capacidad de respuesta occidental.