Manila, 6 feb (EFE).- El juicio político contra la vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, contra quien se aprobó este miércoles una moción de destitución, tendrá que esperar hasta que el Senado vuelva a reunirse el próximo junio, dijo este jueves el presidente de la Cámara Alta de Filipinas, Francis Escudero.
“Si hay alguna acción o evento relacionado con esto, sucederá el 2 de junio, cuando se reanude el Senado después de las elecciones (de mitad de mandato de mayo), y esa será la decisión de la mayoría en el Senado”, dijo Escudero en una rueda de prensa.
La Cámara de Representantes de Filipinas aprobó ayer una moción para destituir a la hija del exmandatario Rodrigo Duterte, entre acusaciones de corrupción y uso indebido de fondos reservados de inteligencia.
Entre otros cargos, la mandataria fue acusada de utilizar de forma indebida 254 millones de pesos (unos 4,3 millones de dólares) procedentes de fondos confidenciales del Departamento de Educación, del que Duterte era titular hasta su dimisión el pasado junio.
La petición subrayó también las polémicas declaraciones de la vicepresidenta el pasado diciembre, cuando afirmó haber dado órdenes de matar al presidente si ella misma era asesinada. Ante la controversia generada, Duterte dijo luego que sus palabras no llegan a ser una amenaza de muerte al ser condicionales.
Estas supuestas amenazas de muerte fueron el punto álgido de la ruptura entre la vicepresidenta y el hijo del dictador fallecido Ferdinand Marcos, después de que ambos lideraran una exitosa campaña a la Presidencia en 2022.
De prosperar el juicio político, Duterte se vería expulsada del puesto de vicepresidenta y quedaría inhabilitada para ocupar un cargo público, lo que le impediría presentarse como candidata a la Presidencia del país en 2028.
El Senado aplazó ayer su sesión y no reanudará sus actividades hasta después de las elecciones del próximo 12 de mayo, en las que se votarán doce escaños en la cámara alta del Congreso y la totalidad de la Cámara de Representantes.
Estos comicios a medio mandato, en los que también están en liza unos 18.000 puestos de las administraciones locales, son vistos como un referéndum a la gestión del presidente, Ferdinand Marcos Jr, aunque también servirán como una prueba a la popularidad de la familia Duterte.
La decisión del Senado de no iniciar el juicio político inmediatamente, sin embargo, suscitó críticas por parte de los representantes que impulsaron el proceso para destituir a la vicepresidenta. La congresista France Castro afirmó hoy a los medios de comunicación que el retraso “perjudicará” a los filipinos.EFE
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