Durante una nueva audiencia se revelaron intercambios de mensajes que involucran a Sandra Ortiz y Olmedo López, en los cuales Ortiz solicitó la adición de un contrato en el Atlántico por un valor de once mil millones de pesos a favor del senador Iván Name.
Esta información fue presentada por la delegada de la Fiscalía, quien expuso los detalles de los chats durante el proceso judicial.
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La audiencia, que se centró en la investigación de presuntas irregularidades en contratos, arrojó luz sobre las comunicaciones entre Ortiz y López. Según los registros presentados, Ortiz habría pedido a López que gestionara la inclusión de un contrato específico, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y legalidad de dichas acciones.
El contrato en cuestión, que involucra una elevada suma de dinero, ha puesto en el centro de atención al senador Iván Name, quien se menciona como beneficiario en los mensajes. La Fiscalía continúa investigando el alcance de estas comunicaciones y su posible impacto en la adjudicación de contratos en la región del Atlántico.
Las pruebas contra Ortiz
El 12 de octubre de 2023, la Fiscalía General de Colombia presentó pruebas documentales y testimoniales que revelan la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al senador Iván Name. Según la investigación, el dinero fue entregado en una maleta en el edificio Basel I, ubicado cerca del centro comercial Unicentro en el norte de Bogotá. Este monto, según la Fiscalía, fue utilizado para financiar la campaña al Concejo de Bogotá de María Clara Name, hija del senador de la Alianza Verde.
La investigación señala que el proceso de entrega del dinero fue coordinado por Sneyder Pinilla, subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones. Ortiz habría autorizado el uso de sus camionetas blindadas para el traslado del efectivo. Según declaraciones de Pinilla y Olmedo López, el dinero fue entregado a Ortiz en las residencias Tequendama, donde ella vivía en ese momento.
La Fiscalía también destacó que el 12 de octubre se realizó la primera entrega de una maleta con 1.500 millones de pesos. Esta operación fue confirmada por el escolta de Ortiz, quien aseguró que las camionetas blindadas se desplazaron hacia el apartamento del senador Name. “Todo listo para el tinto, en lenguaje cifrado, que todo estaba listo para la entrega”, señaló la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema.
La entidad solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario debido a la gravedad de los delitos imputados. Ortiz es señalada de actuar como intermediaria en la adjudicación de contratos de la Ungrd para favorecer al senador de la Alianza Verde, Iván Name.
La Fiscalía presentó como evidencia conversaciones entre Olmedo López y Sandra Ortiz, donde se utilizó un lenguaje cifrado para coordinar la entrega del dinero.
Para sustentar las acusaciones, la Fiscalía analizó los datos de los GPS de las camionetas del esquema de seguridad de Ortiz y los informes de las celdas de los celulares de Sneyder Pinilla y Ortiz, que confirmaron su presencia en el lugar de la entrega. Según la fiscal del caso, los 3.000 millones de pesos recaudados estaban destinados a financiar la campaña al Concejo de Bogotá de María Clara Name, hija del senador.
En uno de los interrogatorios, Olmedo López afirmó que “todo era para la hija de Name”, destacando la importancia de asegurar su elección como concejal. A pesar de las acusaciones, Sandra Ortiz se ha declarado inocente y ha manifestado su disposición a enfrentar las pruebas presentadas en su contra. El pasado viernes, a su salida del complejo judicial de Paloquemao, reiteró su intención de colaborar con la justicia.
La revelación de estos movimientos financieros y logísticos ha puesto a Sandra Ortiz en una situación complicada, ya que las pruebas presentadas por la Fiscalía sugieren su participación activa en la entrega del dinero. Este caso ha generado un gran interés público y podría tener implicaciones significativas para los involucrados y para el panorama político del país. El miércoles 11 de diciembre, a las 9 de la mañana continuará la diligencia luego de que la defensa argumentara que había material probatorio por revisar.