La motosierra fue la gran protagonista del primer año del Gobierno. En los despachos oficiales le ponen un número al ajuste: 33.000 desvinculaciones de empleados públicos, cuya baja del Estado generó un ahorro proyectado de $36.000 millones. Sin embargo, avisan, ahora comienza la segunda etapa a la que denominan “deep motosierra”.

Los primeros pasos de este nuevo capítulo convivirá con el lanzamiento del “examen de idoneidad” para los empleados públicos, tal como lo definieron fuentes oficiales. Esa es la prueba, impulsada por la cartera que conduce Federico Sturzenegger, con la que el Gobierno buscará asegurar conocimientos básicos adquiridos para formar parte de la planta del Estado. En estos días, se publicarán en el Boletín Oficial distintas normativas que definirán que la prueba será presencial y anónima, y afectará a 40.000 empleados de planta transitoria y contratados. La fecha de inicio: la semana próxima.

Los empleados deberán obtener un turno. El sistema que disponga el Gobierno les asignará un código con el que serán identificados para preservar el anonimato de quien rinda el examen. Y luego del multiple choice, el postulante sabrá si aprobó o reprobó.

El examen, dicen en el Gobierno, no busca dejar sin empleo a ninguna persona, pero si alguien no lo tiene aprobado y/o falla tres veces, no podrá trabajar en el Estado. Contendrá entre 20 y 24 preguntas que testearán el razonamiento, lógica matemática, comprensión de textos y normativa pública. Se establecieron tres modelos distintos: uno para profesionales, otro para administrativos y otro para servicios generales, tales como jardineros, por ejemplo.

El Gobierno pretende que todos los empleados hayan tomado el examen en los próximos 45 días. Esto, sumado a la condición de presencialidad requerida por el Gobierno en épocas festivas y de vacaciones, puede resultar un problema, pero las fuentes oficiales al tanto de la confección de la prueba aseguraron que nadie se quedará sin trabajo sin haber tenido la posibilidad de rendirlo. En la previa al lanzamiento del test de idoneidad, la nota de aprobación continúa sin definición y se espera que el Ejecutivo lo aclare, tras reuniones con los gremios, en las publicaciones en el Boletín Oficial.

Chau a los organismos duplicados

En paralelo, en los despachos oficiales contaron que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, en conjunto con las otras áreas de la Administración Pública nacional y entes descentralizados, buscarán qué organismos están duplicados y, en consecuencia, cuáles pueden ser eliminados, simplificados o fusionados.

Los criterios que utiliza el Gobierno para detectar las áreas plausibles de “deep motosierra” son la utilidad, eficiencia y justificación. Explicaron que, si se trata de un organismo del Estado nacional que cumple funciones correspondientes a las provincias o municipios, o que esa misma tarea pertenece al sector privado, entonces el recorte avanzaría por allí.

La semana próxima se observará el primer movimiento. Fuentes oficiales confirmaron que el Gobierno eliminará la Comisión Nacional de Microcrédito (Conami), dependiente del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

En los despachos oficiales explicaron que la Conami gastaba más en salarios para sus empleados que en los créditos que otorgaba. Esta comisión había sido creada en 2006 y en los últimos años trabajó bajo la órbita de la Secretaría de Economía Social, que durante la gestión del Frente de Todos estuvo comandada por el dirigente social Emilio Pérsico.

A su vez, en el Ministerio de Economía también detectaron áreas plausibles de “deep motosierra”. Una de ellas es el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (Coprec), de la Secretaría de Comercio. Este organismo se encarga de recibir denuncias del consumidor, algo que ya realizan otras áreas. Mismo ejemplo utilizan en Transporte y los entes que realizan los mismos controles.

Para ponerlo en números, el Ejecutivo contabilizó que eliminó 250 estructuras organizativas del Estado. En esta segunda etapa proyecta que ese número supere las 300.

De esta manera, el Gobierno ya trazó un nuevo horizonte para su motosierra, con la que buscará simplificar al Estado y eliminar lo que sobre. Expusieron el caso Correo Argentino, que según datos oficiales, desvinculó a más de 4000 empleados, y de acuerdo con lo esgrimido por funcionarios públicos, el servicio continuó igual.

A propósito de lo que pueda llegar a ocurrir con los empleados de las áreas simplificadas, la Ley Bases otorgó al Gobierno la herramienta de “pase a disponibilidad”. Esto significa que aquella persona cuyo puesto fue eliminado tendrá un tiempo de hasta 12 meses para encontrar otro trabajo, dentro o fuera del Estado, en el que recibirá el mismo sueldo. Cumplido ese plazo, será desvinculada con la indemnización correspondiente.