El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, urgió este lunes al régimen de Nicolás Maduro a adoptar medidas concretas para garantizar los derechos de civiles de los opositores detenidos por motivos políticos o por participar en manifestaciones pacíficas, incluidos los niños. El funcionario criticó la falta de avances tangibles en la implementación de compromisos asumidos por el gobierno venezolano, subrayando que la protección de derechos humanos debe ser una prioridad inmediata.
“Después de las elecciones de este año, insistí en mis comunicaciones con Venezuela y en declaraciones públicas sobre la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, que deben ser liberados si están detenidos por motivos políticos o cualquiera que estuviera protestando pacíficamente”, afirmó Khan. Añadió que Venezuela también tiene la obligación de facilitar el acceso de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). “Esto se me había prometido previamente por escrito, pero aún no se ha materializado”, precisó.
En sus declaraciones, Khan enfatizó que las investigaciones independientes de la CPI siguen activas y que la falta de acción por parte de Venezuela pone en riesgo la posibilidad de avanzar en el principio de complementariedad. “No he visto la implementación concreta de leyes y prácticas en Venezuela que había esperado. La pelota está en el lado de Venezuela. La ruta de la complementariedad se está agotando”, advirtió.
El fiscal recordó que durante su visita a Caracas en abril pasado insistió a las autoridades venezolanas sobre la necesidad de un “progreso real” en las investigaciones internas y en la cooperación con su oficina. Sin embargo, expresó frustración ante la falta de avances significativos: “Ha habido un compromiso continuo. Ha habido discusiones continuas sobre la complementariedad, pero la complementariedad no puede ser una historia interminable”.
Khan también destacó la importancia de garantizar justicia para las víctimas, poniendo en perspectiva los derechos de los venezolanos con los de otros países investigados por la CPI, como Libia y Bangladés. “Todas las vidas importan por igual. Los venezolanos tienen el mismo derecho a la justicia que las familias que conocí en Libia o en Bangladés en las últimas dos semanas. Esto es tan básico como se puede, pero vale la pena subrayar ese imperativo en términos de las decisiones que mi oficina está adoptando”, concluyó.
Miles de opositores venezolanos protagonizaron este domingo una protesta mundial por la libertad de los “presos políticos”, la mayoría detenidos durante las protestas que estallaron tras la cuestionada reelección del dictador Nicolás Maduro.
La manifestación fue convocada por la líder opositora María Corina Machado, en la clandestinidad y ausente en la concentración. Pedía a la Corte Penal Internacional (CPI) -que ya investiga al país por crímenes de lesa humanidad- que presione para lograr la excarcelación de poco más de 1.900 detenidos, incluidos 42 menores de edad, según la ONG Foro Penal.
“Hoy, domingo 1 de diciembre, ya tenemos una primera tarea que cumplir: los venezolanos vamos a elevar nuestro clamor unánime ante la Corte Penal Internacional, donde ya hemos aportado suficientes pruebas para que se haga la justicia”, dijo en un audio que publicó en la red social X.
En ese sentido, la líder opositora pidió que, en “cada ciudad del mundo en la que haya un venezolano”, se envíe un mensaje “muy claro” a ese tribunal de La Haya, con el fin -explicó- de defender a las “víctimas inocentes” y “compatriotas valientes que lo han dado todo en esta lucha”.
“Mis queridos venezolanos, en este tiempo de preparación, reflexionemos sobre todo lo anterior, porque en nuestra determinación radica el carácter invencible de nuestra lucha. No podrán impedir que hagamos valer el mandato popular que emitimos el 28 de julio”, agregó.
Maduro fue declarado reelecto tras los comicios del 28 de julio para un tercer período consecutivo de seis años por la autoridad electoral, acusada de servirle. La oposición encabezada por Machado lo acusa de robar la elección, que, asegura, ganó su candidato Edmundo González Urrutia.
Pese a la condena de las democracias en todo el mundo y al reclamo de los organismos internacionales, Maduro no ha sido capaz de presentar las actas de totalización que demuestren su supuesto triunfo, como sí lo hizo la oposición que difundió más del 80% de las actas que confirman su denuncia.