Los 1800 colectivos que inician y terminan su recorrido en la ciudad de Buenos Aires tendrán un mismo ploteado color azul, acompañado por el tradicional fileteado porteño, salvo en su frente, en el que conservarán la tonalidad que caracteriza a cada línea. Contarán con cámaras de seguridad en el interior y brindarán la posibilidad de abonar el pasaje a través de distintas plataformas de pago.
Los cambios, que comenzarán a verse en los próximos meses, responden a una decisión del gobierno porteño de avanzar en la potestad que recibió de la Nación sobre las 31 líneas de colectivos que prestan el servicio público de transporte automotor de pasajeros que opera exclusivamente dentro de la Capital.
“Es una gran oportunidad poder tener una mirada integral del sistema de movilidad en la ciudad y es una impronta relevante de nuestra gestión para los tres años que restan”, dijo el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, quien encabezará mañana la presentación oficial de las unidades junto al ministro de Infraestructura, Pablo Bereciartúa.
El propósito de la administración de Macri es que el distrito porteño tenga una flota de colectivos, que ronda las 1800 unidades, que sea “eficiente, segura y moderna”. Y marque una distinción respecto del resto del servicio de transporte de pasajeros con el objetivo, a futuro, de evaluar un sistema de tarifa flexible.
Lo que sí va a ocurrir en los próximos 180 días serán modificaciones en las unidades vinculadas a la seguridad, la tecnología, la eficiencia de usos de recursos y la sustentabilidad, señalaron desde la sede de gobierno en la calle Uspallata.
Para ello, impulsaron un paquete de medidas, que ya fue informado a los grupos empresarios que nuclean a las 31 líneas, para que comiencen a aplicarse gradualmente, pero de manera obligatoria.
La primera reforma busca “otorgar una nueva identidad” a los colectivos porteños y, tal como sucede en muchas ciudades del mundo, dispondrán de una estética propia que será el color azul en casi toda su superficie, a excepción del frente, junto al fileteado característico de la Ciudad y que es patrimonio artístico y cultural de la Humanidad.
Además, los colectivos deberán tener cámaras de seguridad en el interior, las que, a la vez, estarán conectadas con el Centro de Monitoreo. Se aumentarán, en tanto, los controles de alcoholemia y narcotests a los choferes en las estaciones cabeceras. Esta última iniciativa responde a “mejorar la seguridad laboral, la de quienes son transportados y la de la vía pública en general”.
Se limitará la antigüedad permitida para la circulación de los vehículos de 13 a diez años para “mejorar la experiencia del viaje y el servicio”. Esto implica la renovación de 241 vehículos que en la actualidad están excedidos de ese tope reglamentario y posibilitará bajar la antigüedad promedio de la flota de 6,4 años a 4,5 años.
En cuanto a la incorporación de la tecnología, las empresas de colectivos deberán instalar el sistema de “multipago” para abonar el pasaje. Será similar a que está a prueba en el subte y prevé la posibilidad de utilizar tanto la SUBE, como celulares con NFC, y tarjetas de débito y crédito.
Los cambios estipulan también sumar un sistema de asistencia a la conducción (Advance Assitance Systems), que está integrado por sensores que con la ayuda de inteligencia artificial alertan al conductor sobre los potenciales riesgos e interferencias en su camino, especialmente con los peatones. Estas situaciones representan el porcentaje más alto de siniestros de transporte automotor público en la ciudad de Buenos Aires.
Por último, está prevista la incorporación de una nueva línea “experimental” de buses eléctricos que irá desde Retiro al Parque Lezama con una tarifa gratuita en su primera etapa.
El traspaso de Nación a la Ciudad
En septiembre, el gobierno nacional firmó un acuerdo con la Ciudad para la transferencia a la órbita porteña de la competencia exclusiva de regulación, control y fiscalización del servicio público de transporte automotor de pasajeros que opera exclusivamente dentro del distrito.
El entendimiento buscó dar cumplimiento a la ley nacional 26.740, que en 2012 ratificó el traspaso de los servicios de transporte con prestación en la jurisdicción porteña en el marco del proceso de transferencias que consoliden la autonomía de la ciudad. Por entonces, se pasó el subte y quedaron pendientes los colectivos.
En el reciente acta, que fue ratificado por la Legislatura porteña, ambos gobiernos acordaron que la transferencia incluyera la potestad de la Ciudad para fijar tarifas, la planificación de las prestaciones y la concesión de permisos a las líneas de colectivos.
“Es una oportunidad para realizar una mejora integral en la movilidad que beneficie a todos los vecinos”, explicó Bereciartúa. El funcionario agregó que “no existe el concepto de una ciudad policéntrica e integrada sin un sistema de transporte de movilidad que lo permita”.
De acuerdo con datos oficiales, cada día se realizan más de 3,6 millones de viajes en territorio porteño, de los cuales 1,7 millones ocurren en el transporte público de pasajeros y de este total, un millón es en colectivo.
Las 31 líneas que operan dentro de la Capital son: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151. Del total, 13 pertenecen al Grupo Dota, tres al Grupo Metropol, tres al Grupo López y dos a Nuevos Rumbos.
¿Qué se espera para una próxima etapa?
Uno de los principales objetivos de la administración porteña es lograr “elevar la calidad del servicio para que el pasajero reconozca que en los colectivos administrados por el gobierno porteño se viaja mejor”.
Más allá de buscar la modernización del servicio con la puesta en marcha de las primeras medidas, en el Ejecutivo local también evalúan nuevos anuncios para los próximos meses relacionados con el sistema de transporte de colectivos y, en ese marco, estudian la implementación de “tarifas flexibles o diferenciales”.
“Debemos empezar a ver al transporte público desde la demanda y no desde la oferta”, remarcaron los funcionarios del sector. Esta idea pretende avanzar en un sistema “eficiente” que funcione “en términos de cuándo y en qué zonas se utiliza” y responder así, por ejemplo, con más coches en circulación y evitar que vayan tres unidades juntas con pocos pasajeros.