El bloque kirchnerista, acompañado por Encuentro Federal y un grupo de legisladores radicales, solicitó una sesión especial en la Cámara de Diputados para rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 846/2024, que autoriza al Poder Ejecutivo a realizar canjes de deuda sin respetar las condiciones establecidas en la Ley de Administración Financiera (LAF). Este pedido fue formalizado en una carta dirigida al presidente de la Cámara, Martín Menem.
El DNU, firmado por el gobierno de Javier Milei, permite reestructurar deuda pública sin cumplir con los requisitos tradicionales de la LAF, que estipula que los canjes deben mejorar al menos dos de tres condiciones: plazos, montos o tasas. Este cambio generó rechazo en la oposición, que lo califica como una maniobra para “eludir las facultades constitucionales del Congreso”.
Luis “Toto” Caputo
Además del DNU 846, en la misma sesión, si es que se termina concretando tras reiterados fallidos en las últimas semanas, pedirán la prórroga de las ordinarias, que es el proyecto del bloque Democracia para Siempre a fin de tener más tiempo para sancionar el Presupuesto.
La solicitud de sesión especial refleja, entre otras cosas, la frustración de algunos gobernadores aliados del oficialismo, que se suman al pedido, quienes manifestaron su malestar tras el fracaso del dictamen del Presupuesto 2025 y la demora en convocar sesiones extraordinarias.
Un intento previo para abordar esta cuestión fracasó por falta de quórum, luego de que nueve diputados de Unión por la Patria (UP) decidieran no participar. Este desenlace fue celebrado por la Casa Rosada, que habría trabajado intensamente para desarticular el avance opositor.
Riesgos y advertencias
El senador José Mayans señaló en su momento que el DNU pone en riesgo el control del Congreso sobre la deuda pública. “Tiene que venir el ministro de Economía al Parlamento, tiene la obligación de venir”, afirmó Mayans, en referencia a Luis Caputo, actual titular de la cartera económica. Además, advirtió sobre posibles demandas penales contra quienes implementen esta medida.
El artículo 65 de la LAF, que el DNU busca modificar, ya había sido objeto de intentos de cambio en el pasado, incluidos proyectos presentados en la Ley de Bases y en el Presupuesto 2025. La oposición considera que estos esfuerzos socavan el rol del Congreso como órgano fiscalizador y advierte sobre los impactos negativos que estas decisiones podrían tener en la economía nacional.