La Justiciad federal ordenó al Estado Nacional reactivar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y le dio tres meses para elaborar un plan que garantice la continuidad de las obras. El programa desmantelado por la gestión libertaria estaba conformado por el Impuesto país y el Impuesto a las Grandes Fortunas, ambos eliminados por Javier Milei, ¿cómo se reactivarán las obras?
El juez federal de Pehuajó, Andrés Heim, ordenó poner fin al desfinanciamiento de las políticas de integración socio urbana iniciadas por la gestión de Alberto Fernández y aseguró que afecta los derechos de vecinos y vecinas de todos los barrios populares registrados en el RENABAP.
El problema clave para Javier Milei es que el fondo fiduciario estaba conformado con un 9% del Impuesto PAÍS y un 15% del Impuesto a las Grandes Fortunas. El magistrado analizó la relevancia y la eficacia de esa política desarrollada durante dos gestiones con distinta bandera política -gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández- para tomar su decisión.
El fallo hizo lugar a una medida cautelar impulsada por vecinos y vecinas de 40 barrios populares de distintas provincias del país: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Río Negro y Chubut. Pidieron que se declare la inconstitucionalidad del decreto 193/24 que modificó los porcentajes de asignación de fondos recaudados por el impuesto PAIS.
Participaron de la presentación en la Justicia el sacerdote Lorenzo de Vedia -conocido como el Padre Toto del Equipo de Sacerdotes para las Villas y Barrios Populares- y los representantes legales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
“Esperemos que esta vez los funcionarios del área pertinente cumplan el fallo, implementen plenamente la política de integración socio urbana fijada por ley, terminen las obras paralizadas. Esto no es una ‘batalla cultural’, es una política de Estado. Ahora depende de ustedes y tienen toda la predisposición de las organizaciones sociales y eclesiales, las provincias y municipios de todos los colores políticos para hacerlo”, expresó Juan Grabois en sus redes sociales, al celebrar el fallo judicial.
Por su parte, la exsecretaria de Integración Socio Urbana Fernanda Miño aseguró que el fallo es en “favor de los de abajo”. “El Estado tiene obligaciones y si los funcionarios las incumplen tarde o temprano deberán responder ante el pueblo y ante Dios. Retomen las obras!”, afirmó la dirigente social que responde a Juan Grabois.
Un fallo en favor de los de abajo. El poder judicial ordenó al gobierno y al Congreso tomar las medidas necesarias para reactivar las obras abandonadas en miles de barrios populares. pic.twitter.com/KpO7zPtb99
— Fer Miño (@ferminook) November 17, 2024
¿Qué hará el gobierno tras el fallo judicial a favor del FISU?
El Gobierno de Javier Milei ratificó que eliminará impuestos para compras en el exterior a partir de diciembre, del cual se financiaba el FISU. Según explicó el vocero presidencial Manuel Adorni, esta medida tiene como objetivo que “los argentinos puedan importar más productos a un mejor precio”.
Sin embargo, El Cronista consultó al vocero qué medida tomarán en cuanto al fallo judicial y como repondrán las obras si el fondo que las sostenía es eliminado y no recibió respuesta por el momento.
En febrero, el Gobierno ya había modificado la distribución del Impuesto PAÍS en detrimento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) gestionados por las organizaciones sociales para la urbanización de barrios carenciados.
La medida se tomó a través del Decreto 193/2024 publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei; el por entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse y el ministro de Economía, Luis Caputo.
A través de esta norma, el Gobierno definió cambiar la fórmula de cálculo de la distribución de la recaudación del Impuesto PAÍS, el cual grava diversas transacciones con moneda extranjera.
Hasta la semana previa, un 70% de lo recaudado por el Impuesto PAIS financiaba “programas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y de las prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)”.
Mientras tanto, el restante 30% se destinaba en un 30% al FISU -9% del total en términos reales-, en un 65% a obras de infraestructura y en un 5% a programas para el fomento al turismo nacional.
En ese momento, Javier Milei determinó que el 70% para ANSES y PAMI se mantendría, mientras que el 30% de la recaudación del gravamen que previamente otorgaba un 9% real al FISU se dividiría de la siguiente forma:
- El 94% para “obras de infraestructura económica”: un 28,2% del total real.
- El 5% para el “fomento del turismo nacional”: 1,5% sobre el total real de la recaudación del Impuesto PAIS
- El 1% para el FISU: 0,3% sobre el total real.
Así, el Fondo que gestionaban organizaciones sociales vinculadas a Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), y otras entidades para la construcción de viviendas sociales prácticamente fue desfinanciado: de recibir el 9% de lo recaudado por el Impuesto PAIS, paso a acceder a un 0,3% sobre el total.
Esta desfinanciación casi total del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) se aplicó a través de la modificación del artículo 2° del Decreto N° 184 del 26 de febrero de 2020, el cual reglamentó en su momento la repartición de la recaudación del Impuesto PAIS.
Así lo dispone el Decreto 193/2024 en sus considerandos: “En esta oportunidad corresponde efectuar modificaciones en torno a los porcentajes de distribución que les corresponden a determinados organismos”.