Envalentonada con la coyuntura, la Casa Rosada decidió redoblar la apuesta, de cara a las últimas dos semanas de actividad en el Congreso. En la mesa chica de Javier Milei comenzaron a advertir que no está contemplado convocar a sesiones extraordinarias, que no pretenden sumar tiempo complementario en diciembre para que se sancione la ley de presupuesto 2025.
La amenaza oficial busca, en rigor, presionar a la oposición. “Todo lo que necesitamos lo podemos resolver sin el Congreso”, soltaron en las últimas horas muy cerca de Milei. Si el Gobierno no prorroga las sesiones ordinarias los primeros días de diciembre o no convoca a extraordinarias (con un temario definido por el Poder Ejecutivo), el presupuesto 2025 no será sancionado. Los tiempos materiales difícilmente alcancen, cuando la ley de leyes todavía no obtuvo ni siquiera dictamen de comisión en Diputados.
Los negociadores de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso, sin embargo, son menos intransigentes que el primer anillo presidencial. “Estamos trabajando para que haya presupuesto”, dijeron en el oficialismo en Diputados, a contramano de las voces de Balcarce 50. La expectativa está puesta en la reunión de la comisión de Presupuesto convocada para el martes (el 20 de noviembre es el último día para dictaminar en la Cámara baja). “La idea es que sí haya ley, para eso hubo 30 horas de sesiones informativas”, aseguraron cerca de José Luis Espert (LLA), titular de la comisión.
La “ley de leyes” no es el único tema que está pendiente de acá a fin de año. La Libertad Avanza y Pro consensuaron un temario para una sesión especial para el miércoles, en la que quieren tratar el proyecto de “ficha limpia”, la iniciativa que modifica el Código Penal en materia de reincidencia, y el proyecto de voto en el exterior.
El Gobierno, por su parte, sumó complejidad a la incertidumbre general al presentar un nuevo proyecto de reforma política, al filo del año electoral. Tal como anticipó LA NACION, la iniciativa (redactada por la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal, y presentada el viernes en la Casa Rosada), propone la eliminación de las PASO; la modificación del régimen de financiamiento electoral (se elimina el aporte del Estado para campañas y se suprimen los topes de los aportes privados); la suspensión de la elección de legisladores del Parlasur y la modificación del régimen de partidos políticos para evitar la proliferación de “sellos de goma”.
Nadie piensa que pueda ser tratado en el tiempo de descuento de este año. “Que se trate en 2025 para 2025″, soltó un ladero de Milei, convencido de que se puede vulnerar la regla no escrita que indica que las pautas electorales no se modifican en años impares.
Hay un tema más que es de sumo interés para la Casa Rosada: los pliegos del juez federal Ariel Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema. El Gobierno había prometido enviar esta semana los pliegos de 150 jueces federales al Senado mientras mantenía abierta la ventanilla con gobernadores y jefes políticos con incidencia en los bloques de la Cámara alta (como Cristina Kirchner) para negociar nombres de magistrados federales a cambio de apoyos para García-Mansilla, el candidato que suscita menor consenso de los dos.
Sin embargo, hasta ahora no remitió ningún pliego al Senado. Nadie descarta de plano que asome un pacto de último minuto con el Instituto Patria luego de que la Cámara de Casación Penal confirmara la pena a Cristina en la causa Vialidad y dejara su suerte atada a la decisión de la Corte. El senador Eduardo “Wado” De Pedro, principal espada de la expresidenta en cuestiones tribunalicias, dijo esta semana en El Destape Radio que “hay una negociación abierta por los candidatos a la Corte”.
Una vez más, si el Gobierno no convoca a extraordinarias -como promete- irá por la vía de nombrar a Lijo y a García-Mansilla en comisión por un año, vía decreto, con el mismo recurso que utilizó Mauricio Macri en 2016.
Dudas por el presupuesto
El Gobierno se endurece en el Congreso pese a que está latente la amenaza de que se trate el proyecto opositor que busca acotar el alcance de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). La primera sesión para tratar el tema se cayó por falta de quórum y en Balcarce 50 dieron por superado el riesgo. Pero hay una nueva sesión pedida para el jueves próximo que podría retomar el tratamiento de la iniciativa para limitar el poder del Presidente.
Las negociaciones por el presupuesto, en tanto, se empantanaron en las últimas horas. El ministro de Economía, Luis Caputo, le hizo saber a Pro que no está dispuesto a ceder en los pedidos que hicieron los gobernadores de Juntos por el Cambio. “Sigue habiendo un ida y vuelta con los funcionarios de Economía. Pero las señales que dan indican que no van a aceptar los pedidos de los gobernadores aliados. Por ahora viene mal esto”, dijeron cerca de un mandatario de Pro.
Los mandatarios de Pro y la UCR piden que la Nación coparticipe nuevos recursos tributarios como el impuesto a los combustibles; el financiamiento de las 13 cajas provinciales previsionales no transferidas; el financiamiento de la compensación del Pacto Fiscal de 2017 y la coparticipación de los Aportes del Tesoro (ATN) no distribuidos.
Un negociador de Diputados se resignó: “El martes en la comisión de Presupuesto se va a saber realmente cómo viene la mano”. Otro colaborador del oficialismo en el Senado apuntó: “Quizás en la Casa Rosada creen que siendo amigos de Donald Trump y Elon Musk vamos a dar previsibilidad al mundo y garantizar inversiones. Entonces, no necesitamos el presupuesto”.