La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha pedido este jueves “reflexionar” sobre “la proporcionalidad” de las medidas que afectan a los derechos fundamentales, como la entrada y registro en el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el marco de la investigación del Tribunal Supremo (TS) en su contra por la presunta revelación de secretos del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
A través de un comunicado, recogido por Europa Press, la asociación sostiene “que en estos casos en que pueden verse involucrados derechos fundamentales ha de procurarse la menor afectación de los mismos si existen otras medidas que suponen menos injerencia, pero son igualmente útiles para el esclarecimiento de los hechos que son objeto de investigación”.
En el caso en concreto, apunta, “se investiga si pudo haber un delito de revelación de secretos, es decir, un delito menos grave, lo que obliga a una fundamentación reforzada conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.
“Al tratarse de la investigación de un delito de revelación de secretos, y a la vista de la naturaleza de la medida adoptada, es fundamental que se preserve el resultado de la diligencia de investigación, evitando las filtraciones que tienen lugar en casos similares”, advierte JJpD.
La asociación concluye señalando que “lo contrario podría suponer que, para garantizar el derecho de defensa de quien se presenta como perjudicado, se vulneren los derechos fundamentales de otras personas”.