Argentina acumula juicios en el exterior que atraviesan distintas etapas judiciales. En su conjunto, suman u$s 31 mil millones. La estrategia del Ejecutivo se orienta a agotar las instancias judiciales, pero advierten que ese enfoque puede resultar en mayores costos. El cambio de signo político en Estados Unidos no ofrece grandes expectativas en este frente.
El país hoy tiene 3 tipos de juicios abiertos, explicó Sebastián Maril, director de la consultora Latam Advisors, a El Cronista. Los que no se pueden apelar ni tienen vía legal adicional, los que se pueden apelar y los que aún no tienen fallo.
En el primer grupo están el juicio por cupón PBI en euros, que tuvo un reciente fallo desfavorable para Argentina en el Reino Unido y por el que deberá pagar el equivalente a u$s 1.500 millones, el juicio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, por el que se demandan u$s 320 millones, y el juicio por el default de deuda que suma más de u$s 500 millones con holdouts.
En el segmento de los apelables se destaca el de la expropiación de YPF, en el que se demanda a Argentina por u$s 16 mil millones. Sobre este juicio, Maril señaló que si bien es apelable, “ganar es otra discusión”.
En el último grupo se encuentran los cupones PBI valuados en dólares, por los cuales se presentó un pedido ante la jueza Loretta Preska, del distrito sur de Nueva York, quien también tiene la causa por YPF.
Luego de que fuentes gubernamentales refutaran ante el Financial Times las estimaciones de Maril por u$s 31 mil millones, el especialista aclaró a este medio que “el número es amplio porque incluye los juicios que aún no tienen fallos” y que los incluyó porque, en general, “siempre los perdemos, las chances de ganarlos tienden a cero”.
“Al Gobierno de Javier Milei le van a caer las instancias finales de varios juicios por hechos que se remontan a más de 25 años hacia atrás. Y se complica porque él va a ser el responsable de pagar”, destacó Maril.
El riesgo de los embargos
Además, agregó que de los juicios que no se pueden apelar, muchos ya iniciaron los pedidos de embargos. “Uno de ellos, el que impulsa el holdout Attestor Master Value, ya tiene el embargo aprobado, mientras Argentina apela, la Corte de Apelaciones está a punto de fallar qué va a hacer con el activo seleccionado”.
Uno de los activos en la mira es el oro que se giró a Reino Unido, envío que se realizó con la posibilidad de ofrecerlo como garantía para un préstamo. Sin embargo, Maril señaló que activos como los dólares depositados en cuentas en el extranjero son más fáciles de embargar que el oro, aunque señaló que Bainbridge Fund ya pidió información sobre las reservas en metal depositadas en el exterior.
Una dimensión que agregó Maril es el daño reputacional que generan los pedidos de embargo a los activos de la Nación. Esto no abona a la ya mala calificación que tiene Argentina en los mercados. Según un reporte de Moody’s sobre la situación judicial del país, los litigios “aumentan la presión sobre la limitada capacidad de Argentina para realizar pagos externos de su deuda” y, explicar, esta es la principal causa por la que no se mejoró la calificación crediticia del país.
Seguir el juicio o negociar
Mientras el foco del Gobierno está orientado a agotar las instancias judiciales disponibles, el especialista señala que una mejor alternativa es abrir negociaciones con los litigantes.
“Deberían resolverse ya, porque se va a complicar. Si el objetivo del Gobierno es efectivamente proteger los activos soberanos, no debería permitir que sigan aumentando los intereses, costos legales, riesgos de embargo, entre otros costos. Negociar abre la posibilidad de alcanzar acuerdos con descuentos de hasta el 50%, pero hay que abrir pronto ese frente”, señaló.
Agregó que se trata de “cuidar los activos de fallos que, en general, siempre se pierden”.
Cambio de signo en Estados Unidos.
Sobre el rol que puede tener el nuevo Gobierno de Estados Unidos tras el triunfo electoral de Donald Trump, el especialista explicó que es difícil que la Casa Blanca ponga un alineamiento con un país por encima de los intereses de accionistas estadounidenses.
Especialistas en el vínculo bilateral aseguraron que si bien es auspicioso un cambio de signo para el alineamiento con Argentina, la burocracia estadounidense tiene la suficiente rigidez como para sostener una postura que privilegie a sus compañías.