La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal ganó una batalla legal, después de que la Corte Suprema de Justicia tomara la decisión de no continuar con la investigación que había en su contra por presunta compra de votos, según un fallo conocido este jueves 31 de octubre.
El alto tribunal tomó la decisión después de que no se encontraran pruebas suficientes para vincular a la congresista con los hechos ocurridos en 2017, cuando se denunció que profesores de jardines infantiles en la localidad de Kennedy, en Bogotá, fueron presionados para votar por ella y su fórmula a la Cámara, Diego Caro.
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“Inhibirse de abrir investigación penal en contra de la congresista María Fernanda Cabal Molina, por los delitos de constreñimiento al sufragante y corrupción de sufragante previstos en los artículos 387 390 de la Ley 599 de 2000, conforme a la motivación expuesta en la parte considerativa de esta providencia”, se lee en el fallo del alto tribunal.
El caso se originó a partir de una denuncia que involucraba a un contratista de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, Julián Gutiérrez, quien supuestamente exigió a los docentes votar por Cabal y Caro bajo amenaza de perder sus contratos.
Tanto Gutiérrez como Jhon Rafael Garzón, otro funcionario del Distrito, fueron condenados por constreñimiento y corrupción al sufragante tras un preacuerdo.
La investigación, que avanzó en la Corte Suprema, fue liderada por el magistrado Héctor Javier Alarcón. Sin embargo, después de años de indagaciones, la Sala de Instrucción decidió “inhibirse” de abrir una investigación formal contra Cabal, al no hallar pruebas que la relacionaran directamente con los delitos mencionados.
“Debe recordar la sala que en esta actuación no se denunció de manera expresa la participación de la aforada María Fernanda Cabal Molina en los sucesos factuales de constreñimiento y corrupción de sufragante por los cuales resultaron condenados Julián Alberto Gutiérrez Amaya y John Rafael Garzón Rodríguez, sino que la finalidad manifiesta del denunciante fue noticiar los hechos a la corte para que esta corporación determinara si, eventualmente, aquella habría tenido injerencia directa o indirecta en tales actos ilegales”, se lee en el documento.
Incluso, la senadora ya había calificado la investigación como una persecución por parte del exfiscal general Néstor Humberto Martínez, quien en su momento anunció públicamente la apertura de la investigación.
La senadora expresó que no debía responder por las acciones de otros, refiriéndose a la persona que organizó un evento donde supuestamente se entregaron sobres con dinero.
“El (ex) fiscal Néstor Humberto Martínez fue muy irresponsable en salir a dar una alocución pública a decir que había una investigación por compra de votos por un candidato que era la fórmula mía. No tengo que responder por las embarradas de los demás. Lo triste es que esa persona que hice edil fue la que hizo la fiesta, donde entregaron, según dicen las versiones, unos sobres con dinero. Quien termina metida en el escándalo mediático gracias a Néstor Humberto Martínez, soy yo”, declaró en su momento Cabal en la revista Semana.
El fallo de la Corte aclara que, aunque el dinero transferido de la cuenta de Cabal a Diego Caro fue para apoyar su campaña, no se destinó a financiar actividades corruptas. No obstante, el caso podría reabrirse si surgieran nuevas pruebas que implicaran a la congresista en el escándalo.
“La única conclusión a la que podría arribarse por tal senda hipotética, y, si se quiere en grado de posibilidad, es que a pesar del designio que tenían originalmente los recursos suministrados de manera legítima por María Fernanda Cabal a Diego Alfonso Caro Porras, lo cierto es que este último pudo haber tergiversado la designación final de los mismos con el interés de orientar alguna fracción a corromper la voluntad del electorado, los cual, a pesar de ser una teoría contingente, tan solo puede ser situada procesalmente en el campo de la duda”, señala el documento.