En un operativo realizado en el barrio porteño de Flores, la Policía de la Ciudad desbarató un criadero ilegal, detuvo a dos personas y rescató a más de 50 perros que estaban en cautiverio. Tras la intervención judicial, los animales quedarán en manos de organizaciones dedicadas al cuidado de estas mascotas para que luego puedan ser ubicados en familias que quieran adoptarlas.
El allanamiento se produjo en una casa ubicada en Arrotea al 600 tras una investigación del Área de Fauna del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal (MPF) porteño, en conjunto con la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo de Carlos Rolero Santurián, en la que lograron determinar que las dos personas que vivían en ese lugar criaban perros sin ningún tipo de respaldo legal.
“Ante el posible maltrato animal y la falta de cuidado respecto de los seres sintientes, y luego de las tareas investigativas delegadas por la UFEMA, se pudo recabar las pruebas necesarias y acreditar la situación. El fiscal Rolero solicitó la orden de allanamiento, que fue otorgada por la jueza Fernanda Botana, a cargo del Juzgado PCyF 5, con el objeto de hacer cesar la situación de riesgo de los animales y desarticular la grave situación provocada por el hacinamiento de los mismos”, precisaron desde el MPF.
Una vez adentro del inmueble, los agentes dieron con 57 caniches de la raza Toy que fueron “inmediatamente analizados” por el equipo de veterinarios que participó del procedimiento. Los profesionales determinaron que estaban sometidos a fuertes condiciones de maltrato animal, además de estar inmersos en un contexto de total falta de higiene. Frente a este deplorable escenario, recomendaron “su inmediato rescate y puesta a resguardo”.
En este contexto, se iniciaron las actuaciones correspondientes y se ordenó el secuestro de al menos diez jaulas donde los perros estaban hacinados y de otros elementos de relevancia para el avance de la investigación, mientras que los cachorros y canes adultos fueron entregados a una ONG para su estabilización y cuidados previos. Los animales estaban en el patio de la casa, donde compartían espacio con toda clase de materiales sucios, residuos, metales y escombros.
En tanto, las dos personas que estaban al frente del negocio clandestino fueron imputados por actos de crueldad, según lo establece la Ley 14.346, así como “por violar las reglas establecidas por las leyes de policía sanitaria animal”.