El 2024 se convirtió en el año con la cifra más alta de homicidios en los últimos ocho años, según la última actualización del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef). Hasta el 29 de octubre, el Sinadef ha registrado 1.601 homicidios, un número que ya supera los casos reportados en años anteriores: 1.516 en 2022 y 1.431 en 2023. Estas cifras se producen pese a la declaración de estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao hace aproximadamente cuatro semanas. “Se han registrado alrededor de 160 homicidios; Esto es 40 por semana en promedio”, comentó Juan Carbajal, analista de datos, a La República.
El análisis de Carbajal señala que el mayor número de homicidios sigue concentrándose en regiones como Lima Metropolitana, Callao y La Libertad, que representan entre el 30% y 40% de los homicidios a nivel nacional cada semana. “Es una constante, no se percibe una baja”, afirmó a La República. Durante la semana 41 del año, del 6 al 12 de octubre, se registraron 37 asesinatos, con ocho ocurriendo en Lima, cuatro en el Callao y tres en Trujillo, lo que significa que en estas zonas ocurrieron aproximadamente el 40% de los homicidios semanales.
La situación que enfrenta el país es preocupante, como indicó el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, quien enfatizó que el acceso y uso de armas de fuego están en aumento, lo cual contribuye al incremento de los homicidios. Según Pedraza, “Estas razones hacen que se disparen los homicidios”, una afirmación compartida por La República que generó un amplio debate sobre las medidas de seguridad ciudadana y la eficacia de las tomadas por el gobierno. La extorsión, el cobro de cupos en construcción civil y transporte público, así como los conflictos entre bandas delictivas por el dominio de ciertas áreas, son factores que a su parecer contribuyen al problema.
Por su parte, Rubén Vargas, también exministro del Interior, expresó que el Perú atraviesa la mayor crisis de seguridad en su historia republicana. Atribuyó la situación a la “expansión de las estructuras criminales urbanas” derivadas de actividades ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico y el contrabando. “Tenemos un Gobierno ausente, sin ninguna capacidad de reacción”, criticó Vargas en declaraciones a La República, manifestando una profunda insatisfacción con la respuesta actual de las instituciones como la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público y el Poder Judicial.
En un intento por delinear una solución, Pedraza subrayó la necesidad de “repotenciar la inteligencia policial en la venta ilegal de armas de fuego y su incautación por parte de la Fiscalía”, argumentando que estas medidas son esenciales para abordar el problema de las armas ilegales. Además, señaló la porosidad de las fronteras con Ecuador, Bolivia y Colombia como un factor que contribuye a la inseguridad, lo que, según él, refleja una preocupante pasividad de las autoridades.
El tema acaparó la atención mediática en distintos niveles, con periodistas de La República destacando la falta de reducción de los índices de delincuencia con las estrategias actuales. “Ni los estados de emergencia, ni más policías ni militares en las calles, van a reducir los índices de delitos ni los índices de homicidios”, declaró Pedraza, quien también criticó el fracaso de las políticas implementadas hasta ahora.
Los analistas coinciden en que, para abordar este grave problema de criminalidad, es crucial una reformulación de las estrategias actuales y una mejora en la infraestructura de seguridad pública. Mientras tanto, la cifra alarmante de homicidios sigue cobrando la atención y preocupación de la ciudadanía peruana.
La Morgue de Lima está desbordada
La Morgue de Lima colapsó debido al aumento de la inseguridad y la ola de criminalidad que afecta a la ciudad. Cada día, ingresan 18 cuerpos por muertes violentas a esta instalación del Ministerio Público. Los cadáveres por balas han aumentado en un 30% debido a la creciente inseguridad.
Este hacinamiento no se había visto desde los momentos más críticos de la pandemia de Covid-19, según indicó David Hereña, secretario de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público. Los médicos y técnicos requieren trajes antifluidos, ya que se han quedado sin ellos.