Paqui Sánchez
Melilla, 19 oct (EFE).- Helena Hofiany, magistrada de la Corte Suprema de Afganistán, tuvo huir de su país cuando los talibanes recuperaron el poder en 2021 y pusieron entre sus objetivos capturar a esta jueza, que había encarcelado a muchos de ellos. Logró llegar a España para solicitar asilo e intentar concienciar al mundo contra la barbarie del régimen talibán con la esperanza de poder regresar algún día a su país.
Esta jueza afgana ha viajado estos días a Melilla para recoger un reconocimiento del Ilustre Colegio de Abogados y dar a conocer su historia, que es la de millones de mujeres en Afganistán, a las que los talibanes tratan de anular privándolas de todos sus derechos. Incluso de la posibilidad de hablar en lugares públicos, donde el sonido de la voz femenina acaba de ser prohibido con una nueva ley.
En una entrevista con EFE, Helena Hofiany define como violencia esa “exclusión oficial” de la vida social que sufre la mitad de la población en Afganistán y lamenta la falta de reacción del resto de países, que hasta ahora se han limitado a condenar públicamente esa “opresión”. Pero advierte de que “simplemente condenar no cambia nada” y es necesario que actúen “en serio”.
Esta jueza afgana cree que la única manera de hacerlo es que la comunidad internacional “apunte legalmente a los talibanes” para que estos se vean “obligados” a cambiar su política hacia las mujeres y, por lo tanto, la situación actual que sufre este colectivo social.
Dicho de otro modo: es necesario ejercer “presión sobre los talibanes”, pero desde fuera, ya que Helena Hofiany opina que no es posible con una revolución popular. “Si alguien alza la voz contra este grupo terrorista, lo matarán o lo encarcelarán”, sostiene. Por eso está segura de que el cambio en Afganistán necesita ayuda exterior, como podría ser la española.
Pero también revela otra clave, y es la “ayuda financiera” que los talibanes reciben, que Hofiany cifra en 80 millones de dólares semanales por parte de Estados Unidos. A ello se unen las buenas relaciones comerciales, políticas y económicas de los principales países del mundo con el régimen que impera en Afganistán, que también nutren económicamente sus arcas y actuaciones.
“Mientras eso no se corte, el grupo continuará su violencia contra las mujeres afganas y la situación no cambiará”, afirma convencida la magistrada antes de sugerir más vías para intentar “debilitar y destruir” a los talibanes, como incluirlos en la lista de grupos terroristas de las Naciones Unidas y romper las relaciones que mantienen con ellos los diferentes países.
Helena Hofiany es contundente al señalar a “los países poderosos” como responsables de lo que está sucediendo, ya que sus “juegos políticos” han convertido en víctimas a las mujeres de Afganistán. No en vano, recuerda que las grandes potencias tienen “la primera palabra” en las relaciones internacionales, pero “uno de los proyectos que apoyan son los talibanes”.
De ahí que esta jueza no dude en afirmar que incluso las niñas afganas más jóvenes saben “quién les provocó esta situación”, en la que sufren una limitación y privación de derechos en nombre de la religión y la ley “con la falsa consigna de respetar a las mujeres, por el bien de su dignidad y la pureza de toda la sociedad”.
La realidad, según Hofiany, es que los talibanes “son uno de los grupos extremistas más misóginos” y que la religión y la sharia (ley islámica) son solo “una excusa” porque detrás de estas “políticas antihumanas” únicamente hay “objetivos políticos y lucrativos” con las mujeres como “rehenes”.
Solo a ellas se les han limitado la libertad de movimientos, el comercio, o los derechos a la educación y el trabajo. Nadie más tiene la obligación de ocultarse tras los burkas y la prohibición de que se les escuche.
Esta jueza mantiene contacto telefónico con muchas mujeres y niñas que siguen dentro del país y que aprovechan sus llamadas para pedirle ayuda entre lágrimas. Su día a día, como relata Helena Hofiany, se reduce a tristeza, dolor, desesperación y preocupación por lo que les pueda suceder y porque “en Afganistán no hay esperanza de vida para las mujeres”.
Ella también lo ha pasado mal desde que tuvo que salir a toda prisa de Afganistán tras la entrada de los talibanes a Kabul y la liberación de criminales peligrosos a los que, en su labor como magistrada, había condenado a prisión en sus sentencias.
“Tengo recuerdos muy amargos de los primeros momentos, viví muchas penurias y problemas que no puedo olvidar”, reconoce. Por ejemplo, estuvo dos años conviviendo con otras dos familias en una casa con tres dormitorios y comían gracias a la ayuda de 270 euros mensuales que sufragaban organizaciones migratorias.
Actualmente su vida es “relativamente buena” en España, donde reside con su familia en una casa. Su marido trabaja y su hija mayor va al colegio, mientras ella, que no puede trabajar como jueza, está intentando encontrar una oportunidad laboral.
Mientras tanto, sigue su camino sin perder la esperanza de que las cosas cambien en Afganistán y poder regresar a su tierra. Una esperanza que dice compartir con todos los afganos. Está segura de que “ese día llegará y el régimen extremista talibán será derrocado”.
Pero para ello, tiene claro que es necesario seguir exponiendo “la cara principal de este grupo” a través de los medios de comunicación y conferencias. En definitiva, explicar al mundo lo que está pasando en su país para que la comunidad internacional, de una vez por todas, “escuche la voz de las mujeres afganas”, la misma que los talibanes pretenden silenciar. EFE
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