Luego de un extenso proceso de evaluación, finalmente esta semana se conocerá en la ciudad de París la decisión del plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el caso argentino. El “Día D” es el jueves 24. Ese día se anunciará si Argentina cae en la “lista gris” o entra en un proceso de monitoreo. En el Gobierno hay cautela por el anuncio. “Se hizo todo lo posible en estos meses, pero se está evaluado la gestión anterior”, repitieron varios integrantes de la comitiva antes de viajar. Efectivamente, el período evaluado abarca todo el gobierno de Alberto Fernández y apenas tres meses de este año.
El proceso de revisión comenzó en septiembre del año pasado, tras dos solicitudes de postergación. En marzo fue una fecha clave: los evaluadores y funcionarios del GAFI estuvieron durante tres semanas en el país y se reunieron con todos los poderes del Estado, y con el sector privado, para valorar si el país cumple con las recomendaciones en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.
El grupo evaluador estuvo integrado por representantes designados de seis países del GAFI, uno del Banco Mundial, tres representantes de las secretarías ejecutivas de esa entidad y uno del GAFILAT.
En agosto, una extensa comitiva argentina viajó a Francia para reunirse otra vez con los evaluadores del GAFI. En ese momento, se llevaron la impresión de que el partido estaba encaminado. Pero después hubo un segundo borrador con malas noticias para el Gobierno.
En las últimas semanas el informe final de la evaluación argentina fue distribuido a las 200 jurisdicciones que integran la red global del GAFI para recoger sus comentarios y observaciones.
El GAFI evalúa el sistema de prevención de acuerdo a 40 recomendaciones y las condenas judiciales en materia de lavado de activos. Ese es uno de los puntos flojos del país, aunque el informe oficial dicen que pasaron de 3 a un total de 77 sentencias.
“Entre el lunes y el miércoles sesiona el grupo de trabajo sobre evaluaciones y cumplimiento en el cual se debatirán los diferentes temas que conforman los puntos destacados del informe”, explicó a Infobae un funcionario que integra la delegación.
La comitiva está integrada por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) Ignacio Yacobucci, el presidente de la Cámara de Casación Mariano Borinsky, y Eugenio Curia, un diplomático de carrera que fue elegido como coordinador nacional del programa de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, entre otros.
Curia reemplazó a Jimena Zicavo, que venía del gobierno anterior y fue eyectada del cargo cinco días antes de que llegaran los evaluadores del GAFI, en marzo.
También viajará el flamante vicepresidente de la UIF, Santiago González Rodriguez, un abogado que llegó de la mano de Santiago Caputo y generó polémica dentro del organismo, Marcelo Ruiz (asesor del Ministerio de Justicia), y el titular de la DaJuDeCo, Juan Tomás Rodríguez Ponte, que viaja en representación del Poder Judicial. Además en la comitiva hay representantes del Banco Central, de la Comisión Nacional de Valores (CNV), y de la Cancillería.
Los integrantes de la comitiva viajarán a París entre hoy y mañana.
El “Día D” es el jueves 24. Ese día, el plenario del GAFI dará a conocer su decisión sobre el caso argentino. En el Gobierno hay cautela y cierto hermetismo. De hecho, los integrantes de la comitiva recibieron la recomendación de no hablar con los medios antes de viajar. “Al comienzo el panorama era desalentador, pero hoy tenemos posibilidades, el panorama es abierto”, soltó un funcionario en estricto off the record.
El temor en el Gobierno es que el país sufra consecuencias económicas por un resultado negativo. De hecho, según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), caer en la lista gris implicaría una pérdida de 7 puntos del PBI. También habría complicaciones con el financiamiento externo. “Si te caes en la ‘B’ hay consecuencias graves”, admitió uno de los expertos que participó de todo el proceso.
Un experto en lavado de dinero confirmó ese pronóstico. “Cuando un país entra en la lista gris trae consecuencias en el mercado. El sistema financiero empiezan a tomar medidas para mitigar ese riesgo. Se dificulta el acceso a los sistemas financieros, se encarece el acceso al crédito, entre otras cosas”, le dijo a Infobae.
En la lista gris hoy están Venezuela y Mónaco, que no colaboran en el combate contra los capitales producto de delitos financieros, pero también otros como Croacia, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, República Democrática del Congo, Haití, Namibia, Nigeria, Senegal, Siria, Vietnam y Yemen.
“El informe final, más allá de las calificaciones, contendrá un plan de acción que Argentina deberá valorar para la gestión del sistema de prevención de lavado de activos/financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva”, explicó uno de los integrantes de la comitiva antes de subirse al avión.
La última revisión que había realizado el GAFI en la Argentina tuvo lugar en 2010, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, y el país terminó incluido en la lista gris porque no cumplía con los estándares exigidos por el GAFI, es decir, presentaba un sistema de prevención débil contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La situación se revirtió durante el gobierno de Mauricio Macri.
La situación actual es muy diferente porque se evalúa al gobierno anterior y solo tres meses de este año. “La inacción fue absoluta hasta diciembre. No se trabajó en nada lo que requiere el GAFI”, lamentó un miembro de la comitiva. El nuevo gobierno decidió impulsar una serie de medidas para dar señales al GAFI. El jueves se sabrá si alcanzó para esquivar una mala noticia.