La juez 62 Penal del Circuito de Bogotá tomó una decisión clave sobre el caso que involucra al exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade, relacionado con el escándalo de corrupción de Odebrecht.
La Fiscalía General de la Nación había solicitado la preclusión inmediata del proceso en su contra, argumentando la prohibición de doble incriminación, pero la jueza negó la solicitud indicando que ni la Fiscalía ni la defensa de Andrade lograron presentar argumentos convincentes ni nuevas pruebas que justificaran el cierre del caso, manteniendo así el proceso abierto.
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Además, de acuerdo con información conocida por El Tiempo, la jueza señaló que esta no era la vía adecuada en este punto del proceso, dado que se encuentra en la etapa de audiencias preparatorias para el juicio. Sin embargo, expresó que si la Fiscalía desea retirar el escrito de acusación, debe hacerlo a través de un juez competente para evaluar la preclusión, dejando abierta la posibilidad de que se apele su decisión o explore otras vías legales.
Por su parte, Jesús Albeiro Yepes, abogado defensor de Luis Fernando Andrade, afirmó en declaraciones al medio ya citado, que la defensa está evaluando la situación antes de definir su postura sobre los próximos pasos a seguir.
La solicitud de preclusión y el argumento de la doble incriminación
El 22 de agosto, la fiscal Marcia Rodríguez presentó una solicitud formal de preclusión del proceso contra Andrade, basada en el principio de doble incriminación. La fiscal argumentó que los hechos por los que Andrade está siendo procesado en este caso ya son objeto de otro juicio que se lleva a cabo en el Juzgado 25 de Conocimiento; por lo que señaló que no es viable que dos jueces juzguen a una persona por el mismo delito.
“El artículo octavo señala que a nadie se le podrá imputar más de una vez una misma conducta cualquiera que sea la denominación jurídica que se le dé o se le haya dado”, explicó la fiscal Rodríguez.
El caso en cuestión se refiere a un presunto interés ilícito en la firma de los otrosíes 3 y 6 del contrato de concesión de la Ruta del Sol II, proyecto que comprendía la construcción del tramo Ocaña-Agua Clara-Gamarra. Estos otrosíes están en el centro de varias acusaciones que involucran la modificación de condiciones contractuales en favor de los consorcios contratistas, incluyendo Odebrecht.
Luis Fernando Andrade ha sido uno de los protagonistas de este caso, considerado uno los mayores escándalos de corrupción que ha sacudido a Colombia en los últimos años. La Procuraduría General de la Nación lo inhabilitó en septiembre de 2022 por 18 años, tras hallarlo responsable de violar principios de transparencia, moralidad y responsabilidad en la contratación estatal.
Un aspecto crítico del caso es la inclusión de obras no contempladas en el contrato inicial, como el acceso a desnivel en Puerto Boyacá, que implicó un costo de más de $10.330 millones. La Fiscalía también ha acusado a Andrade de comprometer recursos públicos sin la autorización requerida de entidades como el Conpes y el Confis, lo que generó un impacto negativo en las finanzas del Estado.
A lo largo del proceso, Andrade ha sostenido su inocencia, argumentando que todas las decisiones tomadas durante su gestión en la ANI estaban orientadas a beneficiar el desarrollo del proyecto y al país. En un giro reciente del caso, un juez de Bogotá anuló el escrito de acusación presentado por la Fiscalía en relación con la Ruta del Sol III, calificando las actuaciones del ente acusador como confusas e incoherentes.
Esta decisión representó una victoria parcial para Andrade, pero la Fiscalía anunció, más tarde, que seguiría adelante con la formulación de cargos en otros casos.