En Santa Marta, el Centro de Traslado por Protección reporta un hacinamiento de más del 300%, una situación que obligó al alcalde de la ciudad, Carlos Pinedo, a declarar calamidad pública, pues hay preocupación por las condiciones en las que viven los reclusos. Esta medida tiene el objetivo de mejorar la atención de los privados de la libertad en el establecimiento ubicado en el Centro Histórico.
Luego de recibir un informe detallado sobre la situación, el Consejo Distrital de Gestión de Riesgo aprobó la declaratoria de calamidad pública, lo que permite la asignación de recursos y esfuerzos para mejorar la infraestructura del lugar y así poder atender las necesidades básicas de los reclusos.
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Dicha solicitud la tomaron basados en el deterioro de las condiciones del lugar, saneamiento básico, hacinamiento, alimentación y otros problemas. Gustavo Berdugo, secretario de seguridad y convivencia distrital, fue el encargado de presentar la iniciativa.
Las problemáticas han generado un ambiente deplorable en las instalaciones, que acogen a las personas que se encuentran en espera de la definición judicial sobre su situación. “La infraestructura está en condiciones lamentables, los sistemas de saneamiento son insuficientes, y la alimentación es deficiente. Estas personas merecen, al menos, condiciones dignas mientras se resuelve su traslado o se determina si pueden acceder a beneficios judiciales”, comentó el funcionario en medio de la sesión extraordinaria del consejo.
“Se empezará a dar respuesta a cada una de las problemáticas, buscando con esto, mejorar las condiciones de estas personas que permanecen allí, mientras se define por parte del sistema judicial un traslado a un centro de reclusión o acceder a otro tipo de beneficio”, añadió el secretario.
Los miembros del Consejo Distrital de Gestión de Riesgo, de manera unánime, aprobaron la solicitud, lo que permite la ejecución de un plan de acción inmediato que tiene como objetivo abordar cada una de las necesidades que se detectaron. Dicha intervención mejorará las áreas de salud, alimentación y condiciones de vida de los privados de la libertad.
Por su parte, el alcalde de la ciudad, Carlos Pinedo Cuello, subrayó que lo primordial es garantizar que los reclusos tengan tratos dignos. “La administración distrital tiene como prioridad asegurar que estas personas, a pesar de estar en condición de reclusión transitoria, cuenten con instalaciones que no atenten contra su dignidad humana”, dijo.
Uno de los problemas más graves que afecta al Centro de Traslado es sin duda el hacinamiento. Y es que de acuerdo con informes presentados supera el 300%. Esta situación ha generado graves repercusiones en la salud física y mental de los reclusos. Sus familias, de la mano con organizaciones de derechos humanos, han venido denunciando desde hace varios meses las condiciones de vida que hay en el lugar. Según ellos, los internos se enferman constantemente por la falta de ventilación, la humedad, y el contacto directo con otras personas que presentan patologías contagiosas.
“Muchas personas se enferman allí por el estado de las celdas y porque conviven con gente con patologías delicadas. Realmente el lugar está en condiciones indignas”, indicó una madre de un recluso. Por otro lado, la noticia de la intervención ha sido bien recibida por los familiares de los internos.
El hermano de uno de los privados de la libertad aseguró que “es un alivio saber que, al fin, se va a hacer algo por ellos. Esperamos que esta vez las promesas se conviertan en hechos y que las condiciones realmente mejoren”. Se espera que en los próximos días se dé el inicio a los trabajos de reparación y adecuación del centro. Este es el inicio de la solución de un problema que por años ha afectado tanto a los reclusos como a sus familias.