Rectorados, gremios universitarios, sindicatos, movimientos sociales y organismos de derechos humanos, organizaciones piqueteras marcharán en contra del anunciado veto de Javier Milei contra la Ley de Financiamiento Educativo.
El día elegido para la movilización, -que se espera sea contundente, incluso superior a la del 23 de abril- no es al azar: será 24 horas antes que se venza el plazo el plazo que tiene el Presidente que vetar la norma. Si no lo hace, se promulga de forma automática. Esta vez la convocatoria surgió del Frente Sindical (que agrupa a gremios docentes y no docentes), la Federación Universitaria Argentina (estudiantes) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), a las que acompañarán la CGT, las dos CTA, la Unión Trabajadores de la Economía Popular, y diversas organizaciones sociales, políticas, como la Unión Cívica Radical, organizaciones piqueteras, como el Polo Obrero, el los partidos de izquierda, el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST), y asambleas barriales, entre otros espacios.
La convocatoria principal será a 17 en el Congreso para solicitarle a los parlamentarios que “insistan con lo que ya votaron” y de allí marcharán a Plaza de Mayo, donde también habrá un acto. La convocatoria es a lo largo y ancho del país.
Si bien la concentración en Plaza Congreso está convocada a las 17 desde las 13 está previsto que comiencen a concentrar las columnas de las distintas agrupaciones (ver mapa). Los dirigentes sociales y sindicales se reunieron con los representantes de los gremios y agrupaciones universitarias para aceitar los detalles de la “marcha por la educación pública y el “desfinanciamiento” que entienden quiere imponer la Casa Rosada.
El Ministerio de Seguridad de la Ciudad, que encabeza Waldo Wolff, informó que autorizó el uso del Espacio Público sobre la Plaza del Congreso, para la realización del acto, un pedido que fue oportunamente hecho por los responsables de la manifestación. Se autorizó la colocación de un escenario sobre la Plaza de los dos Congresos y la utilización de sonido para el acto.
“A fin de organizar el correcto flujo de los asistentes se autorizó el ingreso a la Plaza por las Avenidas Entre Ríos y Av. Callao desde las 14. Los asistentes deberán ingresar y subir a la plaza a fin de liberar el tránsito una vez que inicie el acto central, previsto para las 17hs”, informó en un comunicado.
Además, se agregó la recomendación de “evitar transitar con vehículos la zona de afectación del evento y aclararon que la autorización finaliza a las 19hs donde deberán quedar la totalidad de las calles libres de asistentes y con flujo de tránsito normalizado.
El espíritu de la protesta
Todos los organizadores dejaron en claro que la movilización y concentración deben desarrollarse en total armonía, evitar cualquier tipo de rose con los agentes de policías y de las fuerzas de seguridad, como ocurrió el 23 de abril y que esto se lograrán, en gran parte, si las columnas son masivas.
Fiel a su estilo, Javier Milei y sus principales ministros continuaron redoblando la apuesta a través de redes sociales y declaraciones periodísticas. Afirman que en las casas de altos estudios hay “alumnos inventados” o “truchos”, que los rectores, como publicó este medio, desmintieron.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, también publicó en su cuenta de X una serie de mensajes sosteniendo, tal como lo hizo el secretario de Educación, Carlos Torrendell, de que las universidades “inventan estudiantes”. “No sabemos si van a tomar clases o qué hacen dentro de la Universidad”, aseguró la ministra. “Del total de alumnos registrados en sistema para 2022 (1.749.136), sólo el 40,6% era alumno regular (710.466), el 20% tenía 1 materia aprobada o menos (367.299) y un llamativo 38,4% de alumnos sobre los que no se tiene información (671.372)”, sostuvo Pettovello.
“Para nosotros esta pelea se tiene que transformar en una causa nacional porque los hijos de los trabajadores no solo los formales sino también los hijos de los trabajadores humildes son dueños de la universidad y el gobierno de Javier Milei quiere destruir la universidad pública”, opinó ante Infobae el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo. Lo hizo después de reunirse con los gremios universitarios para organizar la movilización de mañana.
Desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, siguen muy de cerca las alternativas de la convocatoria. Aseguran que habrá un doble vallado en la zona de Congreso y Plaza de Mayo, pero que si todo se realiza con tranquilidad como en abril pasado, las fuerzas de seguridad se limitaran a evitar incidentes, como ocurrió hace casi seis meses.
Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP, y dirigente de Barrios de Pie, sostuvo que: “Vamos a estar acompañando a todos nuestros universitarios, que son nuestros hijos de los barrios populares que están ocupando estos lugares de las universidades públicas”. Y agregó: “Necesitamos que toda la sociedad, las familias, salgamos a apoyar a nuestros hijos, nietos, a todos esos estudiantes este 2 de octubre acompañando a nuestra comunidad educativa”, insistió.
Snte una consulta de este medio, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, insistió que el objetivo de la marcha es evitar que se ratifique el veto, como ocurrió con la movilidad jubilatoria. “Si la movilización es muy masiva vamos a estar más cerca de que algún diputado que quiera cambiar su voto lo piense dos veces”, remarcó. Yacobitti, en otros medios, como en TN, desmintió las cifras difundidas por el Gobierno sobre los millonarios sueldos que cobrarían los docentes universitarios: “Más del 60 por ciento de los trabajadores de la universidad en todas las categorías están bajo la línea de pobreza. Un profesor adjunto que tiene dedicación exclusiva, ocho horas por día todos los días de la semana, está cobrando 840.000 pesos en mano”, precisó.
Los dirigentes y actores de los distintos sectores que convocan a la marcha contra el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Educativo coincidieron en que el objetivo de las universidades es “defender la esperanza de un futuro mejor para muchos jóvenes”, negando que se trate de un reclamo sectorial y político como se sostiene desde La Libertad Avanza.