Esta semana tuvo lugar en Senado de la Nación la 1a Jornada Federal sobre el Interés Superior del Niño, con la finalidad de llamar la atención sobre la falta de herramientas para una justicia de familia más ágil y eficiente y para ello se expuso la necesidad de reformar la Ley 26.061 (Ley de protección integral del niño, niña y adolescente), una tarea a la que está abocada la senadora nacional por Santa Cruz, Natalia Gadano, convocante del encuentro.
Los temas abordados reflejaron las realidades que atraviesan miles de familias argentinas en la actualidad: “La obstrucción de vínculo como maltrato infantil grave”, “Transformamos el dolor en lucha”, “La privatización de la Justicia” y “El interés superior del niño como principio rector de los Equipos del Ministerio Público Tutelar”.
Gadano informó que está en estudio la modificación de la ley con la finalidad principal de agilizar los procesos en los juzgados de familia para minimizar el daño que los divorcios litigiosos y las disputas por la tenencia de los hijos, les causan a los niños y adolescentes. Además, junto con la ong Infancia Compartida y la Fundación Lucio Dupuy, está organizando jornadas de capacitación en temas de niñez en diferentes ciudades del interior del país.
De los paneles también participaron Fernanda Mattera, coordinadora del Equipo Técnico Infanto Juvenil del Ministerio Público Tutelar del Poder Judicial de la Nación; la doctora Fátima Silva, abogada, directora Asociada de Malva Consultora; Belén Loguercio, jueza de familia en el Juzgado de Familia N°2 de Lomas de Zamora, María Rosa Ortega psicóloga, perito de oficio en la Justicia porteña y presidente de la asociación civil Infancia Compartida, y Ramón Dupuy y Silvia Gómez de Dupuy, los abuelos de Lucio,
Paulino Rodrigues, periodista y politólogo, moderó las intervenciones y estuvieron presentes los senadores Guadalupe Tagliaferri (CABA), Francisco Paoltroni (Formosa), José María Carambia (Santa Cruz) y Wado De Pedro (provincia de Buenos Aires), además de otras autoridades del Congreso Nacional, representantes de entidades gubernamentales y ONG que resguardan los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
“El foco no debe dejar de estar en esa niñez que tiene derecho a una familia amplia, integrada, a mucho amor y a condiciones dignas para el desarrollo y el desenvolvimiento porque los niños no son solo futuro, también son el presente”, dijo Paulino Rodrigues en la presentación del primer panel.
En la jornada se destacó el rol de los peritos, los profesionales que analizan y observan las pruebas sin las cuales no puede haber certeza para una absolución o condena y para evitar sentencias injustas, a la vez que se denunció que en muchos expedientes se los ignora o relativiza frente a los informes de parte.
La abogada Fátima Silva fue la primera en exponer sobre esta anomalía. Se refirió a la situación que se vive en los tribunales de familia por la escalada de conflictos”, que se han multiplicado en los últimos tiempos, lo que también multiplica “los resultados negativos de familias separadas, de chicos que pierden una familia completa, que van creciendo por mitades”. En su opinión, “la única forma de resolverlo es con leyes que tengan muchos “debe” y pocos “puede”, y sanciones para quien no cumple”
Silva denunció una privatización de hecho de la justicia: “No voy a decir en todos los juzgados de familia, sería injusta, pero les diría que en un 70% de los juzgados de familia nos están arrastrando a que decidan terceros –que no son parte de la Justicia– qué va a pasar en un expediente judicial”.
Explicó la operatoria de este modo: “Está pasando que en los expedientes tenemos informes técnicos forenses de peritos que son palabra autorizada; guste o no el resultado es indiscutible que tiene rigor científico. Más que informes son dictámenes periciales”. Pero ante un informe técnico que sugiere que hay condiciones para revincular (a un menor con el progenitor del que ha estado separado), aparece en los expedientes “un informe, no una pericia, sino un informe de psicólogo de parte, que contrata uno de los dos progenitores al que no le gustó la pericia forense técnica, y viene con ese informe privado: ‘Ay, no, el terapeuta del nene o de la nena dice que no es momento de revincular; que no importa lo que diga la pericia forense, no es momento de revincular’”.
“¿Y qué hacen los juzgados? – siguió diciendo Silva- Omiten todo el rigor científico que tienen en el expediente, que ellos mismos solicitaron, y le dan la derecha a ese terapeuta privado al que no conocen. Porque es un profesional que no hizo ningún concurso para llegar a la Justicia, cuyo curriculum muchas veces no conocemos y en manos de ese terapeuta queda la posibilidad de que el niño se reencuentre con una de sus dos familias completas”. “Es gravísimo, porque eso es delegar la jurisdicción y privatizar la Justicia”, señaló.
Pero también dijo que esto, que ella venía denunciando en soledad, ahora está respaldado por dictámenes del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, que “dicen claramente que no se pueden realizar inferencias con suficiente rigor científico sobre el accionar de un profesional terapeuta privado en su consultorio” porque esos informes surgen de “entrevistas que se han llevado a cabo en un recinto privado de un consultorio terapéutico, no pericial”.
Silva subrayó la importancia de estos dictámenes para poner fin al escándalo de que en tribunales se les dé más valor a un informe del terapeuta de parte que a los de los peritos oficiales y destacó que a veces son informes que con diferencia de 15 días dicen lo contrario que la pericia forense. “Cuando sale el peritaje oficial y a una de las partes no le gusta, aparece el informe privado. De manual. Uno de los dos miente. Porque si dos personas, psicólogas, una forense y otra terapeuta, tienen dos opiniones encontradas, en un plazo de quince días, algo está mal”, infirió.
Y reiteró: “Por eso digo que la Justicia se está privatizando y está delegando su jurisdicción en un terapeuta privado, lo cual es gravísimo.”
¿Cómo corregimos esto?, se preguntó. “Solo con una ley, que modifique las facultades que tienen los jueces de aceptar o no los informes privados de parte para tomar decisiones judiciales”.
Fernanda Mattera, que dentro del Ministerio Público Tutelar coordina varios equipos como el Equipo Técnico Infantojuvenil, la Sala de Entrevista Especializada, el Abogado del Niño y el Equipo de Revinculaciones Judiciales, señaló la importancia de que la escucha de los niños sea “una escucha especial”. “Hay que saber leerlo en el contexto en el cual el niño está diciendo un ‘no’ o un ‘sí’”, o sea si lo que dice es verosímil, si no está influenciado.
De ahí la importancia de trabajar “terapéuticamente, en forma objetiva e imparcial y con terapeutas no alineados a alguna de las partes, porque allí perdimos al niño, que es nuestro sujeto de derechos y donde debemos tener la mirada”.
“Nosotros no podemos expedirnos acerca de cómo se está llevando a cabo un tratamiento -agregó- porque nuestra mirada es forense, pero sí podemos expedirnos acerca de si hay un tratamiento que lleva una cantidad de años y el niño no ha mejorado”. Este tipo de estancamientos deben ser resueltos, de lo contrario, “quedamos encerrados en un callejón sin salida; la justicia llegó tarde y hay un menor que nunca más se vincula con uno de los progenitores.”
Y concluyó: “Para nosotros lo más importante es ser los medios para ponerle voz a ese niño; pero que esa voz y esa opinión sean, realmente, interpretadas y analizadas por los especialistas, porque cada vez que nos llega un niño, lo importante es trabajar para su desjudicialización y que no quede toda su infancia y adolescencia dentro del ámbito judicial, que tanto daño le genera”.
Paulino Rodrigues mencionó la escasez de recursos, porque mientras que la Ciudad de Buenos Aires “tiene un enorme privilegio al tener el Ministerio Público Tutelar, el interior del país está casi vacío; es un terreno que hay que cultivar”. ”Cuanto antes lleguemos, más probable es que haya una desjudicialización -dijo-. No pensemos en el adulto, que tal vez quiere el conflicto, porque en eso encuentra razón de ser, sino en el chiquito que la necesita para una vida más sana”, y para esto hacen falta “más recursos, más brazos ejecutores, más brazos auxiliares, mejores cuerpos de peritos, mejor dotados, mejor pagos, más infraestructura”.
Belén Loguercio, jueza de familia que ejerce la magistratura en el conurbano bonaerense, también aludió a la necesidad de proteger a los menores frente al “ejercicio abusivo del derecho por parte de uno de los padres o alguien de la familia”, explicando a los niños cuáles son sus derechos, pero también poniendo “límite a los progenitores o a los responsables legales” para que tengan conciencia del “primer marco” a respetar que “es la Convención de los Derechos del Niño y el interés superior de los niños”. En coincidencia con lo expuesto por Fátima Silva, la jueza de familia también señaló la presentación de una gran “cantidad de informes de personas cuyas profesiones” ella no conoce, desde “un coach, hasta un referente familiar, o un acompañante familiar -ejemplificó- ¿Qué carrera universitaria tiene esta persona que dice que este chico o esta chica puede o no vincularse? ¿Qué rigor hubo en sus entrevistas?”
La falta de suficientes herramientas fue otro de los problemas que evocó. “Recibimos alrededor de 274, 300, denuncias de violencia por semana. Somos doce juzgados de familia, de los cuales seis están vacantes. Es decir, somos jueces trabajando en uno o dos juzgados” E hizo referencia “al daño colateral de estos procesos que no se resuelven” y afectan a jóvenes que mañana serán adultos y recordarán lo que la “mala praxis judicial” les hizo.
María Rosa Ortega, psicóloga especializada en mediación familiar; perito de oficio en la Justicia porteña y presidente de la asociación civil Infancia Compartida, que acompaña a padres y madres separados de sus hijos por procesos largos y difíciles en la justicia por divorcios litigiosos, expuso sobre esta realidad: “Cuando los casos llegan al juzgado porque no se han podido resolver en el ámbito privado, estamos realmente llegando tarde. Entonces, de lo que tenemos que empezar a hablar es de la prevención. Porque puede llevar 48 horas divorciarse hoy, pero recuperar el vínculo con un padre puede llevar años… Esto está pasando y crece exponencialmente. Se avanzó en materia de derechos que se cumplen –los divorcios son exprés–, pero en el medio han quedado los niños, con hermosas convenciones y tratados internacionales, pero en la práctica hoy son miles y miles los niños que están impedidos, injustamente, del vínculo con algunos de sus progenitores, y con su familia extendida”.
Hay que pensar en la prevención, señaló, porque cuando en una separación se anteponen “los deseos y las necesidades hostiles” y en consecuencia “se llega a la judicialización, aparecen las falsas denuncias, las obstrucciones de vínculos, las manipulaciones, este conflicto de lealtades, la pérdida de las funciones parentales”.
“Todos los días recibimos familiares rotos, desesperados, que no saben lo que les está pasando -contó-. Abuelos que llegan y me dicen ‘no puedo ver a mi nieto, no lo puedo ver más y no sé por qué’. ‘¿Tenés alguna denuncia?’ ‘No’. Es simplemente por cascada que no puede ver a sus nietos. Los abuelos tienen un doble dolor: el no poder vincularse con los nietos, y también ver sufrir a los hijos. Y ese nieto que no se puede vincular con su abuelo está sufriendo un trastorno en su identidad”.
En consecuencia sugirió: “No pensemos en el adulto que ya está formado; pensemos en el niño que está en plena etapa de construcción, en momentos fundacionales del aparato psíquico, de la personalidad”.
También criticó el hecho de que se diga “que la Justicia está abarrotada de expedientes judiciales y que por eso no puede resolver el problema de los niños “, porque eso es, “definitivamente, un acto de negación del sufrimiento de la infancia; detrás de cada expediente hay un niño desesperado por ayuda”.
Y apuntó sobre todo a los jueces que toman medidas de exclusión y luego olvidan avanzar inmediatamente en la investigación de lo que sucede para reducir al mínimo los tiempos. “Está comprobadísimo que impedirle el vínculo a un niño, sin causa fundada, es maltrato infantil grave. No tenemos dudas, salvo algunos defensores nacionales de niñez que todavía siguen cuestionando estas cosas”, acusó.
Al respecto, amplió: “Cuando nos hemos sentado frente a organismos nacionales de defensa de los niños nos han dicho cosas como ‘no importa si corta el vínculo con los abuelos, ellos pueden esperar’ o bien ‘no son una mayoría, son una minoría; por lo tanto, no nos vamos a ocupar’. También nos han dicho que no existe la posibilidad de manipular a un niño. Nos han dicho eso en la cara, a nosotros, a las víctimas. Nosotros les dijimos que la obstrucción de vínculos injustificada sin causa fundada nos puede llevar a una desgracia terrible, que mata; se han suicidado muchos padres. Y no se nos creyó”.
Confirmando que en estos litigios familiares se apela a todo tipo de maniobras desleales, señaló: “Aparecen en los informes y en las resoluciones judiciales conceptos como estos: coerción, alienación parental, manipulación del apego, instrumentalización de niños, niñas y adolescentes en conflictos parentales, implantación de memoria, conflicto de lealtades, niño hechizado, etc”.
Finalmente, Ortega insistió sobre las graves consecuencias de estas situaciones: “Amputar a uno de los progenitores es amputar a una parte de ese niño que está internalizada. Decirle ‘o estás conmigo o estás con el otro’ es la invitación a disociarse, es un terreno fértil para la psicopatología y el trauma. Son aparatos psíquicos arrasados porque no sólo se pierde a un papá o a una mamá, también pierde un abuelo, un medio hermano, primos, tíos; todo eso se pierde y el menor queda con uno de los progenitores y se convierte en un objeto, en un instrumento”.
La jornada concluyó con la emotiva exposición de Ramón y Silvia Dupuy, abuelos de Lucio, quienes destacaron: “La senadora Gadano conoce de nuestro andar, recorriendo el país, una vez que la ley se hizo realidad, necesitamos que todas las provincias adhieran y nos hemos tomado el trabajo de transformar el dolor en lucha. Con Lucio falló un sistema completo, el Estado. Nosotros elegimos salir a luchar porque era increíble la cantidad de mensajes que empezaron a llegar, abuelos que pasaban por lo mismo, tías, mi sobrino pasa por lo mismo y así. Entonces dijimos ¿qué hacemos? Nos encerramos en nuestra casa, nos damos la cabeza contra la pared, o entramos en esta lucha continua, porque nos importa que en toda la Argentina no haya un Lucio más y que la gente se comprometa y visibilice como están los chicos hoy”.
Sobre este caso, Fátima Silva recordó que “Lucio transitó dos procesos judiciales completos, dos expedientes, estuvo tres años judicializado pero ¡nunca lo vio un juez!”