El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra el dirigente sindical Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), por la presunta comisión de delitos de acción pública. La presentación se hizo ante el Juzgado Criminal y Correccional 12 a cargo de Elizabeth Paisán, luego que el dirigente gremial manifestara que la situación de la aerolínea de bandera “se pondría mucho peor”
La denuncia la interpuso el director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales del Ministerio de Seguridad, Fernando Oscar Soto, a menos de 24 horas que una nueva medida de fuerza impacte en los 27 aeropuertos del país. En ese caso, la movida la impulsan los estatales de ATE a partir de la denuncia de recorte de personal y congelamiento de paritarias en la ANAC, uno de los organismos de control de la actividad aerocomercial.
En el escrito, el funcionario señala que Biró pensaba hacer uso de su posición dominante como líder de APLA para perjudicar el transporte aéreo de pasajeros. El texto de la presentación judicial, de hecho, cita declaraciones del gremialista consignadas en El Cronista y en Perfil donde asevera que “esto se va a poner mucho peor…”, en el marco del conflicto aeronáutico que afecta al sector desde hace unas semanas.
Acorde al Gobierno, la reacción de los gremios y de Biró en particular responde a la decisión de declarar el transporte aéreo como un “servicio esencial”, imponiendo así la obligatoriedad de mantener un “servicio mínimo” en actividades de importancia estratégica para el país como la aerocomercial.
“Como todos los derechos, el derecho de huelga no es ilimitado, ya que solamente debe ser ejercido como último recurso, como medida extrema, después de haber agotado otras vías y medidas previas”, indica la denuncia penal. Y añade que “el efecto ostensiblemente dañoso de una huelga en un servicio o actividad esencial, como lo es el transporte aeronaval, tiene un efecto de alto impacto en la sociedad con un poder de daño muy alto, no solo para la empresa Aerolíneas Argentinas, sino también para la sociedad en general”.
Según advierten en un comunicado, “el Ministerio de Seguridad considera que las acciones y declaraciones de Pablo Biró podrían exceder el derecho de huelga amparado por la Constitución Nacional y constituir un acto ilícito bajo la figura del delito de amenazas extorsivas, contemplado en el artículo 149 bis del Código Penal”.
La denuncia enfatiza que el derecho a huelga debe ejercerse de manera “razonable y proporcional”, y en el caso de servicios esenciales como el transporte aéreo, “cualquier interrupción abrupta podría tener un impacto significativo para la gente y la seguridad pública”.
De esta forma, “la decisión de la cartera que conduce Bullrich busca preservar la estabilidad de un servicio esencial y proteger los derechos de los ciudadanos”, reportan desde el Ejecutivo. Ante lo cual, “cualquier medida de fuerza que afecte servicios públicos esenciales sin agotar otras vías previas podría ser considerada una ‘huelga salvaje’ y, por lo tanto, estar fuera del amparo constitucional”.
La denuncia del Gobierno contra Biró llega en vísperas de un nuevo paro en el sector que promete afectar los 27 aeropuertos a partir de la convocatoria de los estatales de ATE que denuncian despidos y congelamiento de paritarias en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Desde la Secretaría de Transporte advirtieron temprano en la mañana que la “esencialidad” en la actividad implica la prestación de un servicio mínimo del 50%.
A la par, desde el gremio aeronáutico de APLA circula la convocatoria para continuar la asamblea general extraordinaria el jueves 19 en el marco de la discusión paritaria. El último lunes, el gremio de los pilotos junto al resto de las representaciones del sector cuestionaron la decisión del Gobierno de desplazar a Pablo Biró del directorio de aerolínea de bandera, en su calidad de representante del Programa de Propiedad Participada (PPP) que se constituyó en los ’90 con la privatización de la empresa.
En un comunicado conjunto con la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), apuntaron al Gobierno por una conducta contra la ley que “altera el funcionamiento societario” de la aerolínea.