Javier Milei concurrió al Congreso para presentar, cumpliendo con los tiempos establecidos, el proyecto de presupuesto 2025. Se trata del primer presupuesto elaborado por su Administración y el primero después de incontables años que se formula bajo la restricción del equilibrio presupuestario.
Su presentación estuvo centrada precisamente en reiterar la decisión innegociable del Presidente de cambiar la historia y perseguir inquebrantablemente el equilibrio fiscal. Lo cual le da a este presupuesto, al menos en cuanto a su objetivo final, un vicio de verosimilitud mayor que otros proyectos del pasado. A dicho fin, el proyecto incluye una regla de equilibrio presupuestario, lo que el Presidente denominó el “blindaje” del equilibrio fiscal, por la cual “(…) el Sector Público Nacional deberá obtener a partir del Ejercicio 2025 y en todos los ejercicios subsiguientes, un resultado financiero equilibrado o superavitario”. La presente Regla Fiscal implica que frente a cualquier desvío en los ingresos proyectados que afecte negativamente el equilibrio financiero, los gastos deberán, como mínimo, recortarse en la misma proporción. Para ello, las partidas no sujetas a un monto de ejecución mínimo previsto legalmente, deberán ser recortadas en la proporción necesaria con el fin de restablecer el referido equilibrio financiero.
Javier Milei
Asimismo, con el fin de extender la aplicación de la regla a los próximos ejercicios fiscales, el Artículo 70 del proyecto incorpora un nuevo artículo a la Ley de Administración Financiera (el 11 bis) con el mismo texto del Art. 1 transcripto arriba. Lamentablemente, ni en el proyecto para el año próximo, ni la incorporación a la Ley de Administración Financiera incluyen penalidades por el incumplimiento de la regla, lo que lleva a que su observancia quede supeditada por completo a la voluntad política del Gobierno.
Según el Presidente Milei, el déficit fiscal fue siempre consecuencia de pensar primero cuánto gastar y después ver cómo conseguir los recursos. A partir de ahora, primero se verá cuánto hay que ahorrar (para pagar los intereses) y después ver cuánto se puede gastar. La “regla” anunciada por el Presidente parte de que el superávit primario tiene que ser igual o superar a los intereses de la deuda. Es decir, el nivel del gasto a erogar estará condicionado por el nivel de superávit primario a conseguir, que a su vez está determinado por el monto de intereses a pagar.
La regla descansa en dos condiciones básicas: primero, una gran determinación política para ajustar el gasto a los ingresos, independientemente de la marcha de la macro, las presiones sociales o la situación política; segundo, que la proyección de ingresos sea lo más ajustada posible. La determinación política de atar el gasto a la evolución de los ingresos es indudable. La convicción presidencial con el equilibrio fiscal después de ocho meses de gestión no la ponemos en duda. La regla anunciada el domingo, sin embargo, abre el mismo interrogante de siempre: si la proyección de recursos no se verifica, y se debe reducir el gasto, ¿dicho ajuste será socialmente tolerable o políticamente viable?
La regla no establece mecanismos de cómo se llevará a cabo en la práctica dicho ajuste de los gastos. El Presidente habló de gastos automáticos (atados a la inflación) y gastos discrecionales, y que el ajuste recaería sobre estos últimos. Pero el artículo 1° no es tan claro en esa dirección. Asimismo, en las planillas anexas al Proyecto no se hace ninguna clasificación ni cuantificación teniendo en cuenta ese criterio.
Un aspecto central de la credibilidad de una regla fiscal radica en las políticas complementarias que las hacen creíbles. Y es allí donde se notaron las mayores ausencias en la presentación del Presidente Milei. Un ajuste fiscal exitoso debe ir acompañado de reformas estructurales que aseguren la solvencia fiscal y que aumenten el potencial de crecimiento de la economía a mediano y largo plazo.
El Gobierno está avanzado en muchos frentes de reforma de los mercados de bienes y servicios que fomentan la competencia, reducen las barreras regulatorias y promueven la inversión privada. Pero hay otras reformas que son imprescindibles: una reforma previsional, que termine con discusiones coyunturales que no contemplan la sustentabilidad del sistema a largo plazo; una reforma tributaria, que simplifique el sistema tributario, que aumente la base impositiva y reduzca impuestos distorsivos; una reforma del mercado laboral, que incentive la creación de empleo; y un nuevo pacto fiscal con las provincias que cree un marco de incentivos (fiscal y tributario) más amigable para el desarrollo de las actividades privadas.
El debate de la Ley de Presupuesto podría ser un primer paso para que se analicen estas y otras cuestiones fundamentales. Pero, el clima no es el mejor para un intercambio productivo de ideas y propuestas. Oposición y oficialismo no parecen encontrar puntos de contacto ni a corto ni a mediano plazo.
Por estas horas, hay muchas especulaciones de que el Gobierno no cree que le aprueben el proyecto tal como fue enviado y que, de ser así, un nuevo veto presidencial sería el escenario más probable. Pero, otro año sin presupuesto no sería el mejor camino para que los efectos positivos del equilibrio fiscal impacten positivamente la confianza de consumidores, inversores y organismos internacionales de crédito.
Parece casi una paradoja que con el superávit fiscal y el cierre de los grifos de emisión, le cueste tanto a las autoridades convencernos de que esta vez es diferente. Ni la aprobación de la ley Bases, o la del Paquete Fiscal, ni el Pacto de Julio, u algunos otros triunfos legislativos no alcanzaron para construir esa confianza. Ahora, el anunciado éxito del blanqueo es el nuevo instrumento con el cual el Gobierno pretende insuflar esa confianza. No tanto porque le ayude a acumular reservas (a menos que quiera usar los encajes que no son del BCRA sino de la gente, como lo hizo Sergio Massa), sino por su eventual efecto demostración: ‘si tanta gente decide blanquear toda esa plata, ¿cómo no vas a confiar vos?’
Pero, a pesar de su convicción y compromiso con mantener el ancla fiscal y el monetario, el Gobierno parece no poder (¿o querer?) dejar atrás su miedo a flotar. Y mientras ello no suceda, es muy probable que la confianza le siga resultando esquiva.