Los avances científicos, como la fuerza del vapor, el electromagnetismo o la combustión interna, no hubieran salido de los laboratorios sin el entretejido institucional que hace funcionar a las sociedades modernas. Solo con seguridad jurídica fue viable inventar, invertir y crear las máquinas que caracterizaron la Revolución Industrial del siglo XVIII como la locomotora, los vapores, las tejedurías y la minería del carbón; luego la electricidad por el genio de Faraday y ahora los celulares, wifi e internet en las altas frecuencias del espectro radioeléctrico.
El derecho de propiedad de bienes físicos es una parte infinitesimal de la riqueza colectiva moderna pues, cuando rige el Estado de Derecho, lo más importante son las expectativas creíbles que surgen de los contratos y que las personas toman en cuenta para invertir, construir, fabricar, producir y arriesgar. Los derechos contractuales son los activos más relevantes en el patrimonio de las familias, las compañías, los fondos de inversión, los bancos y los Estados.
Frente a una planta industrial solo vemos sus naves, sus maquinarias, sus calderas, sus generadores, sus depósitos. Sin embargo, no percibimos el halo de derechos de propiedad que la hicieron nacer y que la mantienen andando. Esto es, sus acuerdos societarios, laborales, crediticios, fideicomisos, garantías, prendas y seguros. Tampoco sus contratos de fabricación, de colaboración, de licencias, de suministros, de distribución, de transporte, de locación y la cantidad indecible de convenios innominados con subcontratistas, proveedores y clientes, conforme a las necesidades del negocio.
Antes, había que construir una nación en un desierto; ahora, reconstruirla sobre ruinas cuyos dueños no quieren abandonarlas
Lo mismo ocurre con las demás actividades que dan prosperidad y empleos de calidad a sus habitantes, empezando por la moneda, la promesa fiduciaria del Estado nacional. Gracias a esa urdimbre de derechos existen los supermercados, los desarrollos inmobiliarios, las líneas aéreas, las usinas eléctricas, los pozos gasíferos, las autopistas, los puertos, las acerías, las páginas web y las aplicaciones de internet.
Esta larga exposición, quizás obvia, explica la razón por la cual hay naciones que prosperan y otras que decaen. En aquellas cuyos gobernantes creen que las fábricas y los barcos, las usinas y los comercios son solo construcciones físicas, sin alguien por detrás que asuma el riesgo de la inversión y las gestione como propias, estarán destinadas al fracaso. No basta una decisión política y la asignación de recursos del Estado para que exista una empresa. Sin dueños, solo habrá organismos huecos de talento y cargados de costos, ajenos al desafío de la competencia y la productividad.
Durante más de 80 años la República Argentina desconoció que solo las buenas instituciones impulsan el progreso y no las alquimias burocráticas o los discursos de barricada. Ignoró que el gobierno de las leyes, estables y previsibles (“Estado de Derecho”) hace posible proyectar iniciativas al futuro, convirtiendo a la propiedad y el contrato en vigas maestras del campo, de la industria y el comercio.
Los cuatro gobiernos kirchneristas dieron el golpe de gracia: se destruyó la moneda, desapareció el ahorro y se obnubiló el futuro hasta que el Estado de Derecho colapsó
Los cuatro mandatos kirchneristas le dieron el golpe de gracia: se destruyó la moneda, desapareció el ahorro y se obnubiló el futuro hasta que el Estado de Derecho colapsó. En lugar de un entramado de contratos firmes y duraderos, se ingresó al mundo de la precariedad, el atajo y la subsistencia; desde las ocupaciones de tierras a las empresas autogestionadas. De la lucha por preservar el capital de trabajo, a las tramoyas para esquivar los controles de precios. De los artilugios por conservar los ahorros hasta las colas para comprar dólares oficiales.
Ahora que el torbellino inflacionario se está deteniendo, es indispensable recuperar el empleo regular para ordenar la vida cotidiana y hacer sustentable un estado desbordado. Es el momento de fijar como objetivo un “shock de productividad” basado en fuertes inversiones para la inserción de Argentina en un mundo complejo, pero que ofrece enormes oportunidades para nuestras ventajas comparativas.
Desde ya, el RIGI atraerá grandes capitales en gas natural licuado, oleoductos, minería, acero y grandes proyectos de exportación. Pero no basta con eso. No se debe esperar que Vaca Muerta, el cobre o el litio refuercen a la soja para mantener un gasto público improductivo en Nación, provincias y municipios como si nada hubiera ocurrido. Tampoco deberán servir para apañar una estructura comercial, fabril, logística y de servicios perimida por falta de escala o de tecnología, sin capacidad de integrar cadenas de valor competitivas a nivel mundial y generar divisas.
Solo cuando la política envíe señales de confianza se levantará el puente levadizo que aún traba el ingreso de capitales y se refleja en el riesgo país
El alto riesgo país que aún nos descoloca frente a nuestros vecinos, es el obstáculo principal para que ese “shock” ocurra y ello no es consecuencia de la actual gestión, sino de la propia historia argentina. Como lo hemos señalado numerosas veces, la ruptura de contratos, los nueve defaults, los trece ceros sacados al peso, las dos hiperinflaciones y las distintas emergencias todavía no hacen creíble a nuestro país.
Los posibles inversores quieren saber si Argentina ha cambiado y si los cambios serán duraderos. No les bastan los elogios de Elon Musk pues este desconoce la existencia de estructuras de poder dentro del Estado y fuera de él que gravitan sobre diputados y senadores, gobernadores e intendentes, dirigentes y sindicalistas para defender el statu quo y oponerse a las reformas. Hasta parte de la Justicia las frena en base a amparos individuales sin evaluar los beneficios que esas normas tendrían para la comunidad en su conjunto más allá de las razones puntuales de cada reclamo concreto.
La Generación del Ochenta utilizó la potencia creadora de las instituciones para atraer capitales e instalar vías férreas, puentes, puertos y caminos; para construir escuelas y formar educadores; para poblar el país con millones de inmigrantes que confiaron en ellas. Ahora se repite el mismo desafío, pero en circunstancias que lo hacen más difícil: antes, había que construir una nación en un desierto, ahora, reconstruirla sobre ruinas cuyos dueños no quieren abandonarlas.
El mundo ofrece oportunidades, pero no tiene paciencia cuando las clases dirigentes las dejan pasar, privilegiando sus pequeñas parcelas de poder a costa del interés colectivo
Hoy, como entonces, la prosperidad no depende solo de batallas, ni de conquistas, ni de héroes, ni de tumbas, sino de aprovechar la potencia creadora de las buenas instituciones. Es un reto para líderes que se atrevan a impulsar un consenso modernizador respecto a los puntos esenciales que saquen a la Argentina de su decadencia. Aunque les revuelva el estómago, pues se afectarán intereses que emplean miles de votantes en toda la extensión de nuestro país. “Esa es la cuestión, estúpido”, diría el príncipe de Dinamarca.
Solo cuando la política envíe señales de confianza se levantará el puente levadizo que aún traba el ingreso de capitales y se refleja en el riesgo país. Son muchos los temas y no solo las jubilaciones: Aerolíneas Argentinas, los aportes sindicales, los sectores protegidos, las obras sociales, las tasas municipales, Tierra del Fuego, ingresos brutos, la personería gremial única, la flexibilización laboral y tantos otros.
Señales para dar confianza en la estabilidad de los contratos y de los marcos regulatorios, en la firmeza de la moneda, en la solvencia fiscal y en la justicia independiente. De ello dependerá la inserción de los excluidos, la sustentabilidad del sistema jubilatorio, la reabsorción de los desempleados, la recuperación del salario y, en suma, el futuro de nuestros hijos. Confiamos en que la actual dirigencia pueda encarar esos cambios con el apoyo de las urnas. El mundo ofrece oportunidades, pero no tiene paciencia cuando las clases dirigentes las dejan pasar, privilegiando sus pequeñas parcelas de poder a costa del interés colectivo.