Desde el pasado abril de 2023, Colombia ha enfrentado un aumento considerable en el precio del diésel, provocando una serie de protestas y bloqueos por parte de los transportadores, quienes demandan 13 puntos claves para cesar el paro. Entre las demandas figuran la eliminación del decreto que autorizó el incremento del valor del diésel y el fortalecimiento de la seguridad en las vías.
Este aumento, decretado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, eleva el precio del diésel en $1.904 pesos por galón, lo que ha generado un caos en las carreteras y afectaciones a la movilidad en varias regiones del país, incluyendo las principales rutas de acceso a Bogotá y las que conectan el centro del país con Venezuela, el sur y la costa Caribe. Las protestas han involucrado a otros sectores que también se ven afectados por el incremento en el precio del combustible.
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Jorge Ignacio García, presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores, indicó que los esfuerzos del gremio por dialogar con el Gobierno se han llevado a cabo mediante “intervenciones virtuales”.
García subraya que la solución depende en gran medida del Ministerio de Hacienda, dirigido por Ricardo Bonilla. La falta de entendimiento y la afectación económica por la medida han unido más al gremio de transportadores en su reclamo.
Entre las otras demandas se incluyen la creación de un régimen laboral específico para los transportadores colombianos, la actualización del sistema de información de costos eficientes (Sicetac), y la promoción de una ley de peajes. Además, los transportadores exigen medidas legales que garanticen la formalidad en el sector y el fortalecimiento de la regulación económica.
El presidente de Fedetranscarga, Henry Cárdenas, también explicó que el paro no tiene una fecha límite definida, pero su final está condicionado a la derogación del decreto que elevó el precio del diésel. Según García, una de las mayores preocupaciones es la falta de carga que ha sido provocada, en parte, por la decisión del presidente Petro de suspender las exportaciones de carbón a Israel, respuesta a la ofensiva militar en la Franja de Gaza.
Desde el anuncio de esta medida, que se dio el pasado 8 de junio, Colombia, principal abastecedor de carbón de Israel, detuvo la exportación de tres millones de toneladas de carbón. Esto, según García, ha dejado sin actividad a los transportadores con una pérdida estimada de 88 mil viajes.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro defendió la medida del aumento del precio del diésel, argumentando que se está recuperando el dinero de un subsidio que ya suma una gran fracción de la deuda pública del país. Según Petro, el atraso en el ajuste de precios ha generado una deuda considerable, la cual dejó la administración del expresidente Iván Duque, y que se debe equilibrar para financiar la salud y la educación de los colombianos.
La administración Petro ha llevado a cabo aumentos paulatinos al precio de la gasolina en los últimos dos años, alcanzando un incremento de casi el 100%. Sin embargo, el precio del Acpm (diésel corriente), que afecta directamente los precios del transporte y los alimentos, no se había ajustado hasta este año. Según el gobierno, el 56% de los vehículos en el país usan diésel, afectados principalmente a vehículos de carga y transporte público.
La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) ha expresado en la red social X la preocupación de que el incremento impactará directamente el costo de vida y la canasta familiar de los colombianos. En respuesta a estas manifestaciones y al paro, el gobierno colombiano ha sostenido múltiples encuentros con líderes del sector transportador sin llegar a un consenso que permita resolver la situación actual.
Estas son todas las exigencias del gremio de transportadores
- Derogar el acto administrativo que autorizó el incremento del valor del diesel a $13,904 por galón en las estaciones de servicio del país.
- El Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente de la República, debe reunirse con los representantes de las bases transportadoras para decidir sobre el futuro del sector y hacer un gran acuerdo nacional del transporte mediante la expedición de decretos presidenciales.
- Expedición de un régimen laboral específico para el transportador colombiano.
- Implementar un sistema de información de costos eficientes (SICETAC), actualizado en tiempo real, para vehículos de carga liviana y volquetas.
- Crear un régimen sancionatorio que sea ejemplar y riguroso para los diferentes actores del transporte, especialmente generadores y empresas de transporte que no cumplan las normas.
- Crear el Fondo Nacional del Transporte, que incluya el fondo de reposición para todas las modalidades de transporte.
- Tomar acciones legales con la expedición de decretos que obliguen a las autoridades locales, departamentales y nacionales a cumplir lo establecido en la ley, promoviendo la formalidad en el sector.
- Recuperar la seguridad en las vías del país.
- Promover y aprobar una ley de peajes.
- Retomar la política del uno a uno para estabilizar la oferta y la demanda.
- Expedir un decreto que reglamente las fotomultas e implementar un programa de cámaras de seguridad en carretera.
- Incluir a representantes de bases transportadoras en el Observatorio de Carga de Transporte por Carretera y modificar la resolución que convirtió al OTCC en un club exclusivo.
- La Dirección de Transporte y Tránsito debe realizar reuniones regionales con los municipios para resolver la problemática de las restricciones a la carga y su articulación con los planes de movilidad y corredores logísticos.
- Regular el servicio especial de pasajeros, sancionando el incumplimiento de la normatividad en la modalidad, así como la prestación del servicio público de pasajeros en vehículos de placa amarilla y el renting.
- Realizar una mesa interinstitucional mensual con el Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Energía y la Superintendencia de Transporte para garantizar que los acuerdos eventualmente suscritos con el presidente se cumplan de manera proactiva.