En su agenda de simplificación y desregulación de gestiones burocráticas, el Gobierno dio un paso que ahora involucra a la industria automotriz. La última decisión oficial facilita y recorta los plazos en el acceso a un bono para el pago de impuestos nacionales que se asigna a las terminales locales que utilizan insumos y autopartes de producción nacional.
Así lo establece la disposición 45/2024 de la Secretaría de Comercio e Industria, que simplificó el acceso al llamado Régimen de Fortalecimiento y Desarrollo del Autopartismo Argentino, creado en la ley 27.263. Entre otros puntos, ese marco de promoción de la cadena de valor de la industria otorga a las terminales un bono de crédito fiscal, en el caso de que integren en su producción componentes locales.
Según plantea el Gobierno, ese trámite demoraba hasta tres años, a partir de una auditoría que se realizaba para validar el proceso y verificar que las compañías cumplieran con las condiciones establecidas para el acceso a este bono. El anuncio oficial plantea una reducción de los tiempos, con un plazo de 80 días para la realización de la auditoría y el pago del bono correspondiente, que luego las empresas pueden usar para el pago de impuestos.
“Hasta ahora, cada bono era auditado por instituciones externas con posterioridad a su otorgamiento, mediante un mecanismo que, por su complejidad, solía demorar hasta tres años, generando atrasos en los siguientes bonos a auditar, dificultades para controlar y problemas en caso de que hubiera que hacer correcciones. Estos factores generaban retrasos en el otorgamiento de los beneficios y llevaron a los bonos a perder el 50% de su valor”, plantean fuentes de la Secretaría de Comercio, en un comunicado.
“Esto da mayor seguridad jurídica. Tenés un tiempo fijado para la auditoría, y vas a poder elegir quién la hace”, explican desde una de las grandes terminales que operan en el país, al destacar la reducción de plazos y la posibilidad de certificar los procesos involucrados ante diferentes organismos o dependencias públicas.
De acuerdo con datos oficiales, en 2022 cinco empresas adhirieron al régimen y recibieron $2292 millones en bonos fiscales, mientras que en 2023 el Gobierno pagó otros $500 millones. Según plantean desde la actual administración, se regularizaron saldos atrasados por $6330 millones, y siguen en curso auditorías por otros montos pendientes.
“Muchas veces se diseñan políticas sectoriales que desde la normativa son atractivas, y después por cuestiones burocráticas terminan siendo desvirtuadas, malgastando tiempo y recursos. Si los beneficios no llegan a tiempo, las medidas pierden efectividad, y esto venía pasando hasta el año pasado”, dijo a LA NACION Juan Cantarella, presidente ejecutivo de AFAC (Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes), la cámara que nuclea a los autopartistas.
“Esta modificación lo que busca es retomar la agilidad del régimen, para que sea efectivo y tenga impacto como fue pensado. En ese sentido, es una medida positiva que va a permitir que las terminales retomen el flujo de los beneficios contemplados. Hasta acá, demandaba tiempo y los recursos no se cobraban en tiempo y forma, y en períodos inflacionarios, se veían licuados. Eso generaba pérdida de confianza y credibilidad en el régimen, y por eso perdía impacto en la toma de decisiones del sector”, agrega el ejecutivo.
Entre las condiciones del régimen, la ley estableció que las empresas debían integrar al menos un 30% de componentes de producción local en la producción de sus modelos, con un esquema de incentivo creciente a medida que se incrementa el grado de incorporación de insumos nacionales. Según se definió, el monto del bono va del 4% al 15% de lo que se invierte en autopartes nacionales usadas en el proceso de producción.
“Es una medida positiva. La ley de desarrollo autopartista es fundamental para el desarrollo del autopartismo local y la integración nacional. A la fecha se han presentado ocho proyectos de inversión en nuevos modelos con niveles de integración entre el 30 y 45%. Contar con una base más amplia de organismos auditores va en línea con la simplificación de procesos y agiliza los tiempos de las auditorias”, agregaron desde Adefa, la entidad que agrupa a las terminales.
Creado en 2016, este esquema propuso generar incentivos para estimular a la cadena industrial automotriz e incrementar la participación de autopartes locales en la producción de autos, camionetas, utilitarios y maquinaria agrícola. Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe son las provincias con mayor actividad en el sector de autopartes, que cuenta con más de 1000 empresas en actividad. En particular, el régimen favoreció el posicionamiento de la Argentina como polo especializado en la fabricación de pick-ups.