“Roma no paga traidores, pero tampoco leales. Hoy Roma no paga nada”. La frase la pronunció uno de los colaboradores más cercanos al difuso conjunto de gobernadores aliados que ven pasar los días sin que se cumplan lo que, dicen, se comprometió el Gobierno. Es una cuestión de plata, pero también de una relación política que empieza a desgastarse en un momento crítico para el oficialismo: septiembre es un mes que juntará malas noticias económicas y votaciones en el Congreso críticas por los intereses de la Casa Rosada.
Son “las fuerzas del suelo”, como definió el mismo interlocutor a los gobernadores del radicalismo, del PRO y del peronismo de bandera blanca, que vino haciendo más oficialismo que oposición. Estos mandatarios provinciales vienen transmitiendo desde hace semanas un reclamo insistente por más recursos, porque dicen cada mes que pasa se les hace más difícil pagar los sueldos, las obras y las deudas, incluso las que que tienen con la Nación.
El lenguaje por ahora no pasa de las fotos. Es la política de mostrarse juntos, pedir acuerdos y contar lo mal que está la economía, un idioma que en la Casa Rosada decodifican rápido. Lo que más irritación genera son algunos movimientos que desorientan a los fatigados dialoguistas: no entienden cómo al riojano Ricardo Quintela le firmaron la financiación de viviendas y al formoseño Gildo Insfrán le transfirieron obras. “Nos tratan igual que a los malos”, se lamentó otro mandatario.
Desde los despachos de Balcarce 50 la respuesta es contundente: “Los gobernadores viven llorando. A todos les damos lo que les corresponde, sin castigos. ¿O nos están proponiendo que hagamos lo mismo que el kirchnerismo? A cada provincia se le transfiere la coparticipación y las transferencias automáticas. Si dicen otra cosa, mienten”. Es el juego del off the record al que están obligadas ambas partes, porque ninguno quiere mostrarse rompiendo nada. No son momentos para seguir exponiendo diferencias a cielo abierto. “Es la vieja política”, admiten.
Son opiniones que comparten 14 gobernadores de los 19 que firmaron el Pacto de Mayo y que, de acuerdo a las urgencias que enfrentan, amagan con tomar decisiones drásticas. En ese grupo están los diez mandatarios del PRO y la UCR -el extinto Juntos por el Cambio- y peronistas como Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo. A propósito de fotos, ayer hubo una postal con Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut). Gestos.
“¿Qué pasaría si alguno dice yo rompo es acuerdo porque no se cumplen los compromisos? Nadie lo va a hacer. Por ahora”, agrega un operador de ese espacio. Lo dice sabiendo cuánto necesita, a partir de ahora, los muchos o pocos votos que pueden tener en el Congreso. Es que se viene la votación del veto a la reforma jubilatoria, los jueces de la Corte, y varias leyes que pueden complicarle el futuro al gobierno. Y se viene el presupuesto.
Los gobernadores, incluso algunos de Juntos por el Cambio, hablan sobre las negociaciones entre el ministro Luis Caputo y Jorge Macri, que cumple el fallo de la Corte y que la pelea es por si pagan por día o por adelantado. “Es una discusión insólita, mientras a nosotros nos cuesta pagarle a los policías”, se lamentaron desde un provincia aliada al Ejecutivo. Es una verdad a medias, porque detrás de eso, Nación les tiró por la cabeza los colectivos y el lío de las tarifas y los subsidios, un tema que podría terminar en otro juicio.
Test de alto riesgo
La algarada de los gobernadores aliados es inoportuna para el Gobierno, porque tiene por delante afrontar los costos políticos de emitir un veto sobre un tema que siempre complica a cualquier oficialismo. Le pasó a Cristina Kirchner, con el 82% móvil; y Mauricio Macri, con las toneladas de piedra por una modesta reforma. Menos a Alberto Fernández, cuando borró de un plumazo la fórmula de actualización; y ahora será el tiempo de descubrir la pericia de Javier Milei para lo que se viene. “El 35% del electorado propio de La Libertad Avanza no quiere el veto y está dispuesto a que ajustar más en gasto público y sueldos de estatales, pero que no toquen a los jubilados”, explicó Federico Aurelio, de la encuestadora Aresco, en diálogo con este medio.
Pese a esa enorme riesgo, Milei ratificó su decisión de vetar toda la ley que se aprobó en el Congreso. Está convencido de que en el largo plazo va a cosechar los resultados positivos que tendrá el mantenimiento del superávit fiscal. Es un acto de fe. “Prefiero una verdad incómoda a una mentira confortable”, viene repitiendo el primer presidente libertario de la historia de la humanidad, como le gusta definirse.
Según lo que pudo saber Infobae, el veto estará entre el lunes y martes próximo. “Está listo desde el lunes, pero todo a su debido tiempo”, dijeron en la Casa Rosada. ¿Hay instancias de negociaciones para que no haya una censura total a la ley que votaron los diputados y el Senado?, preguntó a la misma fuente. “No, por ahora. Tampoco se está pensando en un aumento para los jubilados. Por ahora”, respondieron. En un ala del Ejecutivo hay intenciones de trazar una diagonal, entre la mano abierta del Congreso y la mano cerrada del Presidente. En las próximas ediciones del Boletín Oficial estará la respuesta a ese dilema.
La cuestión de los jubilados, como también la del transporte, suelen ser temas que le genera a cualquier gobierno un costo que, mal calibrado, puede comprometer su estabilidad política. Mauricio Macri llegó a decir que a partir de las 14 toneladas de piedras que le tiraron la izquierda y el kirchnerismo su gestión quedó malherida. El libertario Milei avanza hacia el veto pleno, sabiendo de esos riesgos, pero convencido de que estará enterrando hoy parte de sus activos en imagen para recoger los frutos cuando la economía reaccione con crecimiento y más empleo a las prácticas de administración sana.
Tanto las encuestas de Federico Aurelio como la de la Universidad Torcuato Di Tella están mostrando que el presidente tiene una fortaleza suficiente para sostener esa decisión. De hecho, el Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Escuela de Gobierno de la UTDT le dio a Milei en la última medición de agosto un dato más que positivo. Es importante porque ese relevamiento le había dado en los últimos meses en caída.
“El ICG de agosto fue de 2,54 puntos, con un crecimiento de 6,8% respecto al mes de julio de 2024. En términos interanuales el índice tuvo una variación positiva de 100,4%. El nivel de confianza actual es 0,79% mayor al de la medición de agosto 2016 al comienzo del gobierno de Mauricio Macri, y 6,7% mayor al de la medición de agosto 2020, al comienzo de la gestión de Alberto Fernández”, indicó en su último informe, al que accedió Infobae.
Y agregó: “Comparando períodos de inicio de mandatos, el ICG actual presenta mayores niveles de estabilidad en el intervalo desde los inicios de gobierno hasta agosto. La diferencia entre el valor máximo y mínimo de ICG en el período diciembre de 2023 a agosto de 2024 es 0.49 puntos. El rango del ICG, medido como la diferencia entre los valores máximos y mínimos en los primeros meses de la gestión Macri, comenzando en enero hasta agosto fue de 0,62 puntos. Este mismo rango de diferencia entre puntuaciones máxima y mínima de la gestión de Alberto Fernández fue de 1,07 puntos. Esto indica que el ICG (de Milei) mantiene una menor sensibilidad de cambio mensual respecto de los 2 períodos de inicio de gobierno que lo preceden, con una diferencia más pequeña con respecto al rango de Macri”, concluyó. Es el insumo del que tendrá que echar mano el presidente.
