El correcto funcionamiento de los sistemas de gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) es crucial para garantizar la salud, el bienestar y la calidad de vida pública y ambiental. La gestión inadecuada de los RSU genera impactos negativos en forma de contaminación del agua, la tierra y el aire, emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), contaminación plástica en los océanos, obstrucciones a los drenajes, inundaciones y diversas pérdidas económicas resultantes, como la disminución del valor inmobiliario, afectando desproporcionadamente a las poblaciones vulnerables.
Las estimaciones sobre la generación de residuos prevén un aumento significativo en las próximas décadas. Según el recientemente publicado “Perspectiva Mundial de la Gestión de Residuos 2024” la generación global de residuos ascendió a 2126 millones de toneladas en el 2020 y ascenderá a 3782 millones de toneladas para el 2050 si continúan las actuales prácticas de producción y consumo.
Por un lado, el crecimiento demográfico, aunque el ritmo de generación se mantenga constante, implica un aumento de la generación de residuos. Por otro lado, la expansión económica y los patrones de consumo insostenibles también contribuyen al aumento de la generación de residuos y requieren un cambio cultural para revertir la tendencia.
En nuestro país resulta imperativo desarrollar un robusto sistema de gestión de RSU eficiente y eficaz. Esto implica, además de importantes inversiones en infraestructura, fortalecer las capacidades institucionales, administrativas, operativas y financieras a través de la participación de diversos actores en la cadena de gestión y también implementar programas que promuevan cambios de comportamiento en materia de RSU, incluyendo la modificación de hábitos de consumo, la minimización de residuos, la realización de iniciativas de separación y la valorización de los residuos (el reciclado no supera el 10% de la generación de residuos).
El costo final de un sistema adecuado de gestión de RSU surge de la combinación de componentes integrados en su estructura, mecanismos de financiación, gobernanza general del sistema y capacidad de pago de los contribuyentes.
Cuantificando la situación actual, se tiene que la cobertura de recolección de residuos en Argentina es de alrededor del 93%, del cual aproximadamente el 23% termina en un basural a cielo abierto (BCA) y un 72% se trata en rellenos controlados o sanitarios quedando una participación reducida para Tratamiento Mecánico-Biológico (TMB). De mantenerse la tendencia actual, la generación de residuos dentro de 10 años habrá aumentado en un 17%, lo que agregará mayor presión al sistema.
Es necesario, por lo tanto, la aplicación de las tecnologías disponibles y probadas a nivel mundial para un eficaz tratamiento de la totalidad de los residuos, especialmente la puesta en marcha de efectivos sistemas de separación en origen de los residuos orgánicos y de los posiblemente reciclables. Eso requerirá una importante inversión.
Si bien es complejo de calcular, el costo de la inacción es mayor: estudios de Naciones Unidas muestran que no tomar medidas o no implementar una gestión adecuada de los residuos podría generar costos de al menos 20 a 50 dólares per cápita, mientras que los costos incrementales de una gestión adecuada de los residuos podrían estar en el rango de 5 a 7 dólares per cápita.
En atención a esto, hemos desarrollado un escenario a 10 años en el que consideramos las inversiones para la prestación de servicios de gestión de residuos:
- gastos de capital relacionados con inversiones en infraestructura (CAPEX). Este gasto suele ser el mayor; y
- gastos operativos, a menudo relacionados con los costos operativos y de mantenimiento (OPEX).
Se desarrolló una matriz de tratamientos que atienda a la mejora incremental de la gestión de RSU considerando el tamaño de las ciudades, la regionalización de la gestión para algunas de ellas, un mix de tecnologías adecuado a dimensiones a procesar y su factibilidad para Argentina. En detalle, se adoptó un objetivo de cobertura de recolección del 99%, un 35% de separación en origen y recolección diferenciada y solo un 1% destinado a BCA.
La fracción orgánica separada se trataría con tecnologías de Compostaje industrial y domiciliario, de Digestión Anaeróbica y de plantas de TMB. Asimismo, los reciclables separados en origen se enviarán a efectivas plantas de separación para su posterior reciclado y el resto a plantas de incineración y rellenos sanitarios construidos y operados de acuerdo con el estado de arte internacional.
Tomando costos actuales de inversión (Capex) para cada tecnología y de operación local (Opex), la inversión para alcanzar el nivel de servicios que mencionamos antes ascendería a unos 6.500 millones de dólares en sus 10 años de desarrollo. Esta inversión implicaría que el pago por los servicios de residuos para una familia con 4 habitantes en el hogar, incluyendo su recolección, transferencias, tratamiento y disposición final, ascienda a aproximadamente 1us$ mensual al inicio para alcanzar al año 10 entre 7 y 9 dólares mensuales.
Se requerirá además una adecuada organización institucional, separando claramente las responsabilidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales y los Municipios, incluyendo una necesaria e imprescindible legislación que establezca la responsabilidad extendida de los productores (REP).
La gestión adecuada de residuos es un servicio público y como tal sus costos deben ser recuperados a través de tasas específicas, lo que contribuirá al financiamiento del sistema junto con la enunciada ley de REP.
Al finalizar el período considerado, se habrán prácticamente eliminado los BCA, aumentando significativamente el reciclado, lo que generará una corriente de materiales recuperados, colaborando en la transición hacia una economía circular, como así también de reducción de gases de efecto invernadero.