Pedro Sánchez afronta este martes la declaración como testigo en la causa judicial que afecta a su mujer, Begoña Gómez, imputada por presunto tráfico de influencias y presunta corrupción en el sector privado. Esta cita marcará la última semana de un curso político especialmente convulso, pero en Moncloa ya tienen la vista puesta en la Audiencia Provincial de Madrid, que tiene previsto decidir sobre el archivo de la investigación contra la esposa del presidente del Gobierno el próximo 30 de septiembre.
No obstante, la defensa de Begoña Gómez solicitó el pasado viernes que dicha deliberación se adelante porque la mujer de Sánchez y el resto de los investigados “están siendo sometidos a una investigación indeterminada, prospectiva y en continuo crecimiento, sin garantías, que está lesionando gravemente su derecho de defensa”. Según el recurso de súplica, esperar a finales de septiembre para resolver la apelación afecta “gravemente” al derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en la Constitución ante “las graves violaciones del derecho de defensa” que, a su juicio, está cometiendo el juez con su “errática deriva procesal y material”.
El tribunal de justicia madrileño tiene entre sus manos resolver los recursos del letrado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, y la Fiscalía, en los que se solicitan el archivo de la causa y su delimitación, excluyendo a Sánchez. “Es relevante”, apuntan fuentes gubernamentales para referirse a esta cuestión pendiente en la Sección 23 de la Audiencia madrileña.
Más allá del transcurso de la declaración de Sánchez prevista para este martes, el Gobierno tiene marcado en rojo esta cita, ya que sus esperanzas para que se archive la causa descansan en estos recursos. De aceptarlos, servirá para poner fin a lo que Moncloa y Ferraz consideran una “cacería política” para derribar a Pedro Sánchez y, por ende, al Ejecutivo de coalición de PSOE y Sumar.
Una investigación “prospectiva”
Aunque la Audiencia Provincial de Madrid avaló a finales de mayo la investigación a Begoña Gómez, estas voces se aferran a que esta misma sala delimitó la causa a las adjudicaciones de la Administración Pública a la empresa Innova Next SLU del empresario Juan Carlos Barrabés. Estos hechos quedaron excluidos de la investigación del juez Peinado después de que la Fiscalía Europea mostrara interés en dichos contratos.
En concreto, el órgano comunitario, que además denegó a Vox la posibilidad de ejercer de acusación popular, pidió al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid si en el procedimiento “estaría implicada la UTE Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley”, integrada por una sociedad propiedad del empresario a quien Manos Limpias señala como beneficiario de las “recomendaciones o avales” de Gómez.
Cabe destacar que el tribunal provincial también subrayó el “contenido algo deslavazado de la denuncia” de este pseudosindicato. Y, sobre la acusación de que Gómez habría podido mediar en el rescate público de Air Europa gracias a su supuesta conexión con el ex consejero delegado de la compañía Javier Hidalgo, la Sala señaló que es “una simple conjetura” más allá “de llamativas coincidencias temporales y personales”. Para Moncloa, estas afirmaciones apuntan a una instrucción “carente de contenido” por parte del juez Juan Carlos Peinado. Con estos mimbres “se puede pedir el archivo del caso”, auguran estas voces.
La defensa de Begoña Gómez pidió al tribunal que archive la causa porque “no existe elemento alguno que permita abrir la investigación universal” de la que está siendo objeto, según estima. Y es que el juez Peinado había excusado que “los hechos objeto de investigación son todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial”.
En este sentido, el recurso de Gómez denuncia que su defendida está sufriendo una “investigación prospectiva, que está proscrita en un sistema procesal democrático”. Asimismo, la Fiscalía pidió acotar la causa y aportó el segundo informe de la UCO de la Guardia Civil en el que tampoco encuentra irregularidades en los contratos estudiados y advierte de que el proceso judicial es “genérico y carente de concreción” sobre los hechos que se imputan a la investigada.
Peinado reta a Sánchez y le tomará declaración en la Moncloa
A la espera de que se resuelvan sendos recursos (presentados a principios de julio), y aunque el Gobierno defiende que el caso no conduce “a ninguna parte”, Peinado ha dado posteriormente nuevos pasos que ahondan en la causa judicial, al imputar a Barrabés y al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y citar como testigo a Pedro Sánchez. Sobre este último trámite, el juez Carlos Valle (sustituto de Juan Carlos Peinado), echó un pulso al líder del Ejecutivo al insistir en que el magistrado se desplazará al Palacio de la Moncloa para interrogarle y grabar la declaración.
Después de recibir la notificación, el presidente del Gobierno mostró su voluntad de declarar debido al cargo que ocupa, pero recordó que ese acto tiene que ser por escrito. “Con el fin de garantizar el estricto cumplimiento del Ordenamiento Jurídico y dadas las cuestiones que son objeto del citado procedimiento, esa declaración debe producirse conforme con lo establecido en el art. 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé que, por razón de mi cometido como Presidente del Gobierno, mi declaración se deberá prestar por escrito”, alegó.
En un escrito remitido al juez Peinado, el líder del Ejecutivo añadió que es “notorio que mi comparecencia resulta inescindible de la condición de Presidente del Gobierno”. El juez rechazó el pasado viernes esta posibilidad al recordar que Peinado citó a Sánchez a declarar como testigo en calidad de “esposo” de la investigada, no por “hechos que haya conocido por razón de su cargo”.
Sea por escrito o de manera presencial, y aunque finalmente se archive –como siguen pronosticando en Moncloa y en el PSOE–, la polémica causa judicial conseguirá varios hitos más allá de imputar a la pareja del líder del Ejecutivo. Entre ellos, que Pedro Sánchez se convierta en el primer presidente activo que declare ante un juez en fase de instrucción, ya que Mariano Rajoy lo hizo en el propio juicio por la financiación irregular del PP.