Un decreto presidencial implementó la obligatoriedad de contratar seguros. Pablo Torres García, un hombre cercano al ex presidente y otras figuras de la política.
Un nuevo escándalo sacude los cimientos de la ANSeS, revelando una maraña de corrupción y nepotismo que involucra a ex altos funcionarios, entre ellos, a un enigmático personaje vinculado estrechamente a Alberto Fernández.
Osvaldo Giordano, en uno de sus últimos actos como funcionario de Javier Milei antes de ser echado, desentrañó un esquema en los seguros que beneficiaba a intermediarios con conexiones políticas.
En 2021, Fernández emitió una directiva obligando a todas las entidades estatales a contratar sus seguros a través de la aseguradora del Banco Nación. Este mandato derivó en un contrato de 20.000 millones de pesos con la ANSeS para asegurar créditos otorgados a jubilados y beneficiarios de programas sociales.
Lo que a primera vista parecía una medida de prudencia financiera, supuestamente escondía una trama de corrupción, favoreciendo la tercerización de los seguros a través de intermediarios que cobraban comisiones exorbitantes, muy por encima de las tasas de mercado. La información fue adelantada por el diario Clarín.
Beneficiarios del negocio
Entre los beneficiarios de este esquema se encuentra Pablo Torres García, un broker que ha tejido una red de influencias políticas, haciéndose de un nombre en el sector de los seguros gracias a su cercanía con figuras como Sergio Massa y, fundamentalmente, con el propio Fernández.
Torres García, quien comenzó su carrera en Provincia Seguros y luego se aventuró en negocios que van desde el vino hasta el desarrollo inmobiliario, ha sabido capitalizar sus relaciones, convirtiéndose en un articulador clave en este oscuro negocio.
La investigación de Giordano no solo puso al descubierto el modus operandi de esta red de corrupción, sino que también desató las iras de aquellos que se veían beneficiados por el flujo constante de dinero público hacia sus arcas privadas. El despido de Giordano fue interpretado por muchos como un castigo político por el voto de su esposa diputada en el Congreso cuando se trató la ley ómnibus.
Decreto
Fernández emitió un decreto que establecía que todos los seguros estatales debían contratarse a través de Nación Seguros, una medida presentada oficialmente como una forma de proteger los bienes del Estado. Esta decisión, tomada sin proceso de licitación, generó controversia y especulaciones sobre sus verdaderas intenciones.
Tres meses después de la implementación de este decreto, se observó su aplicación práctica cuando Lisandro Cleri, vinculado al político Sergio Massa y trabajando en la Anses, colaboró con Alberto Pagliano, un aliado de Fernández en Nación Seguros, para llevar a cabo la medida.
Alberto Pagliano, junto con Carlos Soria y Gustavo García Argibay, son señalados como figuras claves en Nación Seguros, donde se acusa que se favorece a ciertos productores de seguros y compañías, estableciendo relaciones preferenciales en la distribución de los negocios aseguradores relacionados con el Estado.
Además, el decreto incluye una cláusula que permite la participación de empresas privadas en estos contratos estatales bajo la modalidad de “coaseguro”, lo que ha generado más interrogantes sobre la transparencia y equidad del proceso.
Es relevante mencionar que la carrera de Alberto Fernández en el sector de seguros comenzó durante la administración de Carlos Menem, donde fue jefe del Instituto Nacional de Reaseguros. Durante ese periodo, fue objeto de denuncias tras una investigación dirigida por el fiscal Moreno Ocampo. La relación profesional entre Fernández y Pagliano data de esa época, y en 1993, colaboraron juntos en la fundación de Provincia Seguros.