Tras el anuncio de las primeras medidas económicas del gobierno de Javier Milei y después de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantara que se pondrá en marcha un “Protocolo de Orden Público“, las organizaciones sociales y los gremios esperan la definición de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y ya plantean reuniones con las autoridades de la cartera de Capital Humano.
“Habrá sanciones severas para todos los involucrados en impedir la libre circulación de los argentinos. Y esto alcanza al que corta, al que transporte, al que organiza y al que financia“, indicó este jueves el portavoz de la Presidencia en una breve conferencia de prensa, antes de aclarar que Bullrich se encargaría de brindar los detalles del protocolo para “mantener el orden público ante el corte de vías de circulación“.
En diálogo con un medio, el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, manifestó que esperarán los anuncios pero advirtió: “Lo que es seguro es que no se puede vulnerar el derecho a manifestarse ni con un protocolo, ni con un decreto, es un derecho constitucional”. En esa línea, agregó: “O declaran el estado de sitio, que también debe pasar por el Parlamento o mandan al Congreso una reforma constitucional”.
Consultado sobre una supuesta suspensión de la reunión que organizaciones de izquierda iban a mantener con funcionarios de la Secretaría de Niñez y Familia, Belliboni confirmó los rumores pero indicó que ahora se hizo un pedido formal al titular de esa área, Pablo De La Torre.
“Las organizaciones del Frente de Lucha Piquetero solicitamos una reunión en caracter urgente para tratar temas sociales que se han agravado en los últimos días con la disparada de los precios de primera necesidad”, afirmaron desde el Polo Obrero a través de un comunicado. También dijeron que la situación “se agrava”, ya que no recibieron “los alimentos en los comedores populares comprometidos por la gestión anterior” y que según el ex secretario Javier García “debía haberse empezado a ejecutar esta semana” de la mano de la gestión actual.
“Además, nos preocupa el anuncio de que se congelaran en su monto actual los programas de Potenciar Trabajo, ya que en unas semanas se pulverizarían y dejarían a más de un millón de personas sin un ingreso fundamental para el alimento diario”, añadieron.
Fuentes cercanas a la secretaría de Niñez y Familia afirmaron que por el momento no hubo ninguna reunión formal, aunque la referente de nacional de Libres del Sur, Silvia Saravia, comentó que hubo algunos contactos informales con el ministerio, donde les plantearon que “no hay alimentos por el momento” y que están buscando cómo resolverlo. “Sabiendo los tiempos del Estado tenemos conciencia que eso significa que se puede patear todo para adelante y hoy hay que dar respuestas. la gente necesita comer”, dijo.
Acerca del mencionado anuncio de Adorni para evitar los cortes de calle, Saravia consideró: “En un contexto con estos niveles de pobreza e indigencia y la incertidumbre de entrega de alimentos, que la respuesta concreta sea un protocolo anti-piquetes nos parece una vergüenza“.
“Si se piensan que por eso la gente no va a salir a protestar, están muy equivocados. Tienen que hacerse cargo de las consecuencias de la devaluación que tomaron, porque fue una decisión de gobierno y política que impacta en la capacidad de llevar un plato de comida a la mesa a millones de personas“, concluyó la dirigente de Libres del Sur, haciendo foco en que las medidas también van a afectar a la clase media.
El protocolo que detallará Bullrich, que también ocupó el cargo de ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, será anunciada a falta cinco días para la realización de una movilización piquetera en un nuevo aniversario de las protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001, jornada que se espera que cuente con gran cantidad de manifestantes.
El comunicado de ATE y el mensaje de Villarruel a la CGT
Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), cuyo titular de la sección Capital, Daniel Catalano, mantuvo una reunión con el ministro del Interior, Guillermo Francos, expresaron que “no aceptará por inconstitucional ningún protocolo de movilización”.
“Los conflictos sindicales y sociales no los tiene que resolver ni la Policía, ni la Justicia. Los deben resolver quienes gobiernan, ya que para eso son elegidos. Esta medida está orientada a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quieren conflictos, que paren con el ajuste y aumenten los sueldos”, dijo este jueves Rodolfo Aguiar, Secretario General del gremio.
El sindicato precisó que el ejercicio del derecho constitucional de huelga está amparado por tratados internacionales de Derechos Humanos de los cuales Argentina es parte. Se trata del artículo 14, artículo 14 bis y el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
“Patricia Bullrich viene a decir cómo hay que hacer las cosas, pero para eso antes tiene que haber un principio de legalidad. Tiene que haber una ley que establezca una norma. En el caso del derecho de huelga no hay una norma que establezca cómo es”, agregó Aguiar.
Por su parte, la vicepresidenta, Victoria Villarruel , rechazó los cuestionamientos de la CGT a las primeras medidas del gobierno libertario y afirmó que “no hace falta empezar con un grado de agresión o de conflictividad social”. “Es un Gobierno de cuatro días. Así que la CGT espero que sea lo suficientemente prudente como para esperar que se tomen las medidas y además no adelantarse”, sostuvo.
“Estamos arrastrando una herencia sumamente dura, 20 años de desmadre, de una situación profundamente difícil para el pueblo argentino”, completó la titular del Senado haciendo referencia a un comunicado emitido por la central obrera tras la reunión de su mesa chica, donde advirtieron que las medidas económicas genera un ajuste que “lo paga el pueblo y no la casta” y reclamaron “una convocatoria al dialogo” por parte del Ejecutivo.
FP CP